Por La diputada Suecy Callejas dijo una frase que debía ser grabada en piedra en el recinto de la Asamblea Legislativa y publicada en portada en periódicos y hacerse viral en redes sociales, para que ni autoridades ni ciudadanos la olvidemos. “Por supuesto que no existe el dinero público, el dinero es de todos los salvadoreños, no existe dinero del Estado, el Estado no produce en sí mismo, producimos todos los salvadoreños que aportamos a ese fondo general, a ese presupuesto nacional. Así que este dinero es responsabilidad de todos nosotros fiscalizarlo”. ¿Y lo cumplen?
Vale preguntarle por qué si es nuestro dinero, el bukelismo ha mantenido en secreto el uso que dan a los miles de millones de dólares que pagamos en impuestos y que los funcionarios manejan como les da la gana, la mayoría de veces en proyectos mal planificados, con enormes pérdidas de dinero y descuidando áreas vitales para el bienestar de la población, como son la salud y la educación.
Toda información oficiosa, que debería estar a disposición de la ciudadanía, tiene 7 años de reserva, lo que hace pensar que hasta que haya terminado el bukelismo, nos enteraremos del uso discrecional que hicieron de nuestros recursos. Lo usaron para declarar el Bitcoin como moneda de curso legal, sin dar explicaciones para justificarlo, ya que ni los mismos diputados que aprobaron a ley en tiempo récord y con dispensa de trámites, sabían de qué se trataba.
El Instituto de Acceso a la Información Pública ha quedado prácticamente inútil. Se eliminó el organismo de la ONU contra la corrupción, para tener mano libre y esconder sonados casos de corrupción que el Fiscal depuesto había comenzado a investigar, entre los que figuraban importantes figuras políticas de NI que también Estados Unidos había incluido en su lista Engels.
En estos 5 años hemos sido gobernados sin ningún respeto a las leyes, en detrimento de los derechos del pueblo. Quejas de cientos de trabajadores del sector público, que han sido despedidos sin causa justa y sin haber recibido la indemnización correspondiente, y sin que el Ministerio de Trabajo se preocupara por ellos. Ha desaparecido la participación de la empresa privada en las directivas de instituciones del gobierno, hoy formadas solo por funcionarios afines a NI y cuyo nombramiento es atribución del Presidente de la República.
Aprueban proyectos millonarios sin licitación alguna, para concederlos a sus allegados, gracias a la desaparición de la ley que regulaba las compras públicas, y cuyos resultados la mayoría de las veces, evidencian la falta de planificación y de selección de los mejores, resultando en abandono de las obras por falta de capacidad. El fracaso de la DOM evidencia esta situación, y la Reforma de Pensiones que ha permitido al Estado, de manera abusiva, de apropiarse de los fondos producto del ahorro de miles de salvadoreños.
La Comisión de Hacienda aprobó con dispensa de trámites, la incorporación de $5.8 millones a la SIGET para la adquisición de un inmueble: ninguno de los legisladores preguntó qué inmueble se va a comprar, qué nombre lleva el proyecto ni cómo se ejecutará el mismo: aplaudieron y aprobaron. Y al aprobar otro préstamo de $75 millones del CAF, el diputado Caleb Navarro afirma que “esto demuestra la confianza que los organismos internacionales tienen en El Salvador”, olvidando que nuestro país tiene cerradas todas las opciones de financiamiento con instituciones internacionales y tiene una calificación negativa.
Los salvadoreños no debemos olvidar que tenemos pleno derecho a exigir a estos funcionarios una rendición de cuentas de la manera como manejan el dinero de nuestros impuestos, pues no es dinero público ni patrimonio de NI.
Maestra.