El Salvador no le hace falta dinero. Lo que le sobran son ladrones. Los corruptos utilizan el dinero que está destinado a educación, salud, infraestructura y otros servicios públicos para beneficio personal.
La corrupción produce más hambre, más miseria. La corrupción afecta los derechos humanos, pues por cada dólar que un corrupto se roba, un salvadoreño deja de comer o un enfermo no obtiene la medicina que requiere para vivir o aliviar su dolor. Hay que decirlo con claridad, la corrupción también mata.
El corrupto no solo le roba al estado le roba al pueblo. Incentiva que la gestión pública esté al servicio del mejor postor y no de toda la sociedad. Hace que el Estado no compre lo que necesita la gente a buenos precios, sino que se adquieran bienes inservibles o bienes a precios inflados.
La corrupción hace que el dinero que pagamos en impuestos no se vea reflejado en obras como infraestructura y educación. Hay corrupción en el juez que no cumple la ley con independencia y que prefiere torcerla frente al amigo o frente al poderoso. En el fiscal que no investiga. En el abogado que no defiende y que se vende al mejor postor. Hay corrupción también cuando la prensa renuncia a su independencia y cuando deliberadamente no es veraz.
La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo. En nuestro país cada día son más visibles y palpables los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley.
Es momento sin duda alguna de vencer el miedo, no importa las barreras que levanten nuestro deber como ciudadanos es señalar lo que no está bien.
A la corrupción no la vamos a derrotar con quejas. Es necesario tomar parte e involucrarnos en las instituciones correspondientes para hacer esos cambios que hoy en día implican un riesgo para la seguridad de las personas valientes.
Exijamos que los políticos rindan cuentas y que no pongan en reserva la información que por derecho a los salvadoreños nos corresponde fiscalizar.
Tenemos que ir de frente con los ladrones que saquean el país. Está claro que el pueblo ya no quiere discursos bonitos, lo que necesita la gente son acciones concretas y viables que permitan el desarrollo económico de cada hogar.
Así como la corrupción se ha enraizado en los diversos ámbitos de la vida social, es urgente implementar iniciativas para combatirla en sus diferentes campos en una lógica de construcción de una institucionalidad democrática. Por ejemplo, en el ámbito de la participación ciudadana está el buscar precisamente la participación y la responsabilidad ciudadana y particularmente, impedir el manejo discrecional del patrimonio ciudadano por parte de los funcionarios públicos.
La corrupción es, sin duda, uno de los grandes desafíos que enfrenamos los salvadoreños y un gran reto para la democracia. Ésta genera tremendas perversiones en el uso de los recursos públicos y altera la implementación de las políticas públicas, implica costos para la sociedad en general y para los sectores más desprotegidos en particular. La lucha por su control sólo es posible con la cooperación de un alto rango de actores, donde participan: sectores de gobierno, la sociedad civil, la iniciativa privada y los medios de comunicación.
Tenemos que combatir la corrupción de ahora, ayer y la que podría venir.