Por El 3 de mayo es el Día Internacional de la Libertad de Prensa, fecha propicia para visibilizar las graves violaciones que se cometen a este derecho a nivel mundial y en especial en nuestro país.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) exigió el pasado 3 de mayo al Estado salvadoreño que detenga la persecución del gremio, que en 2022 registró al menos 147 agresiones, y que se reviertan las reformas legales que criminalizan su labor.
La APES presentó el resumen de casos de 2022 que menciona que 161 personas que ejercen el periodismo que fueron afectadas, incluidas 11 que tuvieron que salir del país como medida preventiva.
Del total de denuncias obtenidas por el Centro de Monitoreo de Agresiones de la APES, en el 49 % se identificó como supuestos agresores a funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele, ya que sus acciones implican un uso abusivo del poder estatal contra la prensa, que se da en el marco de un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales y que se ha implementado como medida para combatir a las pandillas.
Entre las agresiones registradas por la APES se encuentran ataques digitales (23); restricciones al ejercicio periodístico (23); declaraciones estigmatizantes (29); acoso digital (11); acoso laboral (10); amenazas (6), vigilancia y seguimiento (9), entre otros.
La presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, llamó a la Asamblea Legislativa a revertir las reformas legales impulsadas por la mayoría oficialista del Congreso que criminalizan la labor de la prensa y a los medios de comunicación independientes.
El año 2022 terminó con reformas jurídicas que menoscaban el ejercicio periodístico en El Salvador. Las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, a la Ley especial para la intervención de las telecomunicaciones, a la Ley para la prevención del lavado de dinero y lucha contra la financiación del terrorismo y las reformas a la Ley de Proscripción de Maras, pandillas, Asociaciones, Grupos y Organizaciones ilícitas, además de la propuesta de Ley de Agentes extranjeros. Lo anterior manifiesta el retroceso en las garantías para ejercer la labor periodística en libertad en El Salvador.
Las reformas al Código Penal y las prohibiciones dirigidas a la prensa que se encuadran en la Ley de Proscripción de Maras, pandillas, Asociaciones, Grupos y Organizaciones ilícitas criminalizan el ejercicio periodístico en El Salvador y representan una grave violación a derechos humanos, según estándares internacionales de Libertad de Expresión y Prensa.
Las acusaciones falsas, difamación y/o calumnia que dirigen funcionarios públicos para estigmatizar la labor de las y los periodistas vinculándolos como “pandilleros”, “jainas” y/o “amigos de pandilleros” representan mayor gravedad y riesgo en el contexto del régimen de excepción y la aprobación de las reformas a la ley de Proscripción de Maras y pandillas porque ante una situación de falta de garantías constitucionales y de independencia judicial las y los periodistas podrían ser criminalizados.
Sobre esto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH declara que: “Los líderes políticos y las personas que ejercen la función pública no deben hacer intencionadamente declaraciones falsas que ataquen la integridad de los periodistas, los trabajadores de los medios de comunicación o los defensores de los derechos humanos.”
También, pidió a la Fiscalía General de la República acelerar la investigación por los casos de espionaje a casi una treintena de periodistas con el software Pegasus, que no ha tenido mayores avances.
En el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), solicitaron retomar urgentemente la comunicación con la Mesa de Protección a Periodistas y dar un seguimiento oportuno a los casos de vulneraciones a la prensa.
Abogada y defensora de los derechos humanos.