Por Todo lo que se ha dicho en estos días sobre la Asamblea Legislativa es cierto. Nadie duda de la piñata. Las planillas en Excel, que ahora publican los diputados de Nuevas Ideas por orden superior, lo confirman: están empleando, con salarios absurdamente altos, a fotógrafos, camarógrafos, comunicadores, 'creadores de contenido', especialistas en redes sociales... Están empleando 'asesores de administración', cuando en las oficinas de los diputados hay nada que administrar. Lo único que no hay son asesores de verdad, expertos en materias políticas, sociales, económicas, legislativas, jurídicas. No existen, porque los diputados oficialistas no se dedican a estas materias, no legislan. No generan proyectos de ley, porque todo viene prefabricado de Casa Presidencial. Ni siquiera analizan los proyectos que les mandan para inmediata aprobación. Por eso no necesitan asesores de verdad.
Y esto ha sido así también en la legislativa pasada, antes de que Nayib Bukele, asustado por el descrédito público de sus diputados, les pusiera límite en sus gastos. Hoy todos dicen que gastan en contrataciones un máximo de $8,500, en la legislatura anterior gastaron libremente hasta $20,000.
Toda esta discusión pública sobre lo que deben gastar en la Asamblea para el personal de apoyo para los diputados y sus fracciones suena absurda por una razón: tenemos un órgano legislativo absurdo, pervertido, que no legisla y principalmente se dedica a hacer propaganda. En un parlamento que de verdad cumple sus dos funciones principales -legislar y ejercer control sobre el Ejecutivo- esta discusión sería totalmente diferente. No estaríamos discutiendo pendejadas como si cada diputada tiene derecho de gastar para su equipo de trabajo $8,000 o $14,000. Estaríamos exigiendo que en la Asamblea exista un presupuesto incluso mucho más alto para dotar a los legisladores de los instrumentos, datos, estrategias para legislar en favor de reformar al país, de garantizar seguridad ciudadana y seguridad jurídica, de fomentar el crecimiento económico y de mejorar los servicios de educación, salud, vivienda, etc.
Estaríamos discutiendo si es más efectivo que cada diputado o cada fracción tenga sus asesores calificados, o si fuera preferible crear en la Asamblea un Instituto de Análisis, Documentación y Datos de carácter institucional, no partidario, al cual cada fracción y cada diputado puede solicitar apoyo científico para elaborar o valorar proyectos legislativos.
El Bundestag, el parlamento alemán, tiene un propio think-tank no partidario, llamado Oficina de Servicios Científicos, en el cual los mejores expertos en políticas públicas, en derecho constitucional y en seguridad pública elaboran los materiales que dan sustento al trabajo legislativo. Adicionalmente cada fracción tiene un equipo reducido de asesores, que a su vez recurre a la experticia de la oficina de Servicios Científicos.
El Congreso estadounidense tiene un modelo similar. Cada diputado, cada senador y cada comisión legislativa tiene su propio equipo calificado de expertos. Pero también existe el Congressional Research Service, una institución multidisciplinaria no partidaria, a la cual cada representante, senador o comité puede recurrir.
Entonces, si tuviéramos en El Salvador un parlamento de verdad, estaríamos discutiendo cómo adaptar estos modelos de garantizar la calidad del trabajo legislativo a la situación salvadoreño. Y entonces, estaríamos más que dispuestos de asignar a esta tarea un presupuesto aún más grande que la suma de todas las contrataciones inútiles en la actual Asamblea. Gastaríamos en calidad.
Pero no tenemos un parlamento de verdad. No es independiente, no legisla, no es un espacio de debate público. Solo aprueba. La anterior y la actual Asamblea son aun peores que las anteriores, que ya eran deficientes en la calidad legislativa.
Varios columnistas y analistas hemos tratado en el pasado de provocar una discusión seria sobre cómo construir un parlamentarismo sólido, plural, independiente y sustentado en datos e investigaciones. No hemos tenido mucho eco, mucho menos resultados. Y ahora, cuando la Asamblea ya no es un parlamento, ya no es independiente y ya no produce legislación, esta discusión se reduce a lo que tenemos ahora: revisar planillas de equipos compuestos por compadres y, sobre todo, por encargados de propaganda. Viendo la Asamblea como es, no tiene sentido quebrarse la cabeza sobre la calidad intelectual de los empleados legislativos.
El modelo Bukele no tiene uso para un parlamento de verdad. Cuando volvamos a tener uno, retomaremos esta discusión.
Periodista