Por El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, en Israel, celebraba el pasado 26 de abril el Setentaicinco Aniversario de la independencia del Estado. Sin embargo, lo que debería haber sido una fiesta popular, terminó siendo una cadena de protestas, una más, contra el gobierno debido a la inconsulta reforma judicial que está en marcha.
Netanyahu intenta por medio de dicha reforma abolir la separación de poderes y absorber el Judicial en el Ejecutivo. Sus conciudadanos se dan cuenta de que es un peligro grande para la justicia en ese país, y para los derechos individuales de los israelitas, y no están dispuestos a ceder sin lucha en las reformas propuestas.
Desde el pasado 13 de febrero, cuando se leyó y aprobó que siguiera su proceso la reforma gubernamental en el Parlamento, Israel ha ido de protesta en protesta. Tanto que el presidente pospuso la aprobación de la ley hasta pasado el verano. Sin embargo, esa dilación no calmó a la gente.
Debido a que, por falta de consenso, en el momento en que empieza su andadura el Estado de Israel, nunca se redactó una Constitución Política. Las funciones de este documento básico para un estado de derecho, las fueron haciendo una serie de leyes, llamadas fundamentales, emitidas y aprobadas por el Parlamento a lo largo de los años. En 1998 el Tribunal Supremo elevó dichas leyes por encima de la legislación, convirtiéndolas de facto en una especie de Constitución, pero sin consenso, ni referéndum, ni consulta popular.
Lo más complicado de todo esto es que, debido a lo explicado, el Tribunal Supremo tiene la facultad de decidir si las leyes aprobadas por el Parlamento son válidas o no, pero basándose en criterios poco jurídicos, y, provocando con esto una especie de Estado de derecho sostenido por bases muy débiles; pues, como muestra la experiencia histórica, siempre que haya alguien (un órgano del Estado, un primer ministro, un presidente, un ejército…) que se considere y actúe como exento de obedecer la ley, las cosas se tuercen y todo termina en una verdadera tragedia.
Pues bien, esa posibilidad de veto no fundamentado que el Tribunal Supremo posee, ha llevado en no pocas ocasiones a conflictos políticos entre el Judicial y el Primer Ministro. Lo que ha hecho que Netanyahu declare que, debido a que el Supremo no representa la diversidad de la población israelí, debería ser el Gobierno quien nombrara a la mayoría del comité que elige los Jueces del Tribunal Supremo, y así se restringiría la facultad de este tribunal para bloquear la legislación a cargo del Parlamento.
En pocas palabras: Netanyahu se arrogaría sin más el control del Tribunal Supremo para determinar qué leyes pasan y cuáles no, basándose en el mismo criterio que actualmente prevalece: la opinión (o el interés) de los jueces, pues no se puede hacer referencia a una Constitución política pues ésta, simplemente, no existe.
Si se diera, el Gobierno tendría un poder sin límites pues poseería en su mano al Parlamento. El Ejecutivo elegiría a los jueces y éstos a su vez aprobarían o desaprobarían leyes al son que el Gobierno les marcara. El Supremo no representaría, tampoco en este caso, el sentir de la gente… pero eso no importa, mientras se asegure su control desde los vericuetos gubernamentales.
Todo esto ha conseguido aunar a los israelitas en contra de Netanyahu, quien lleva cuatro meses gobernando después de quince años en el poder, gracias a tres períodos consecutivos de reelecciones.
Hasta hoy el asunto se mantiene en la discusión sobre ideas, protestas más o menos pacíficas, y un enorme ruido de discusiones y argumentaciones en los medios de comunicación. Sin embargo, un punto de inflexión importante fue cuando el Primer Ministro despidió al ministro de Defensa por haber declarado que la aprobación de la reforma propuesta tendría consecuencias en la seguridad nacional.
Ingeniero/@carlosmayorare