Por En estos días se cumple un aniversario más del golpe de Estado del 15 de octubre de 1979. Una jugada política que, como bien dice el coronel Adolfo Majano, fue una “oportunidad perdida”. Perdida en el sentido de evitar la guerra civil de la década siguiente y porque terminó desgastando políticamente a un concepto hasta entonces respetado: Reforma. Quienes estaban en contra del cambio, adujeron que las reformas impulsadas posterior al golpe, no solo no habían evitado la guerra, sino que arruinaron la economía. Cuestión muy discutible; había fuerzas dispuestas a la guerra; y no hay manera de que la economía salga incólume de una guerra.
El 15 de octubre del 79 se dio el último golpe al estilo clásico. Es decir, con un alzamiento de un sector de la Fuerza Armada acompañado por otros sectores sociales. El modo de hacer las cosas ha cambiado; hoy se dan golpes menos traumáticos, guiados por la ambición de poder. Y lo que es peor, sin tener un proyecto político de país. Tan golpe de Estado es deponer al presidente por la fuerza de las armas como desmantelar el orden constitucional y quebrar la independencia de poderes. En el último caso, los militares, no actúan, pero consienten.
Pero veamos casos más interesantes y positivos. El 14 de diciembre de 1948 un movimiento de militares jóvenes, apoyados por profesionales progresistas y cierto sector del capital derrocó al general Castaneda Castro, dando lugar a un Consejo de gobierno revolucionario. El manifiesto de los 14 puntos perfilaba la agenda a seguir, misma que fue recogida en la Constitución de 1950, la más progresista que el país ha tenido. Se inició así un periodo de reformas que con altibajos se prolongó hasta 1977, con dos partidos oficiales: el PRUD y el PCN. Tan ambicioso era el proyecto, y profundos los cambios que impulsó, que se llegó a hablar de un nuevo modelo de desarrollo.
Esa apuesta tenía tres pilares: industrialización, integración económica regional (MERCOMUN) y diversificación de la agricultura de exportación. En la década de 1950, industrialización e integración económica estaban influidas por el pensamiento de la CEPAL y apostaban por romper el atraso económico y la estrechez de los mercados nacionales. Parte importante fue la apuesta por la electrificación, vital para desarrollar la industria. En la década siguiente, la influencia de la CEPAL fue desplazada por la ALPRO, en tanto que la injerencia estadounidense en la región aumentó en el marco de la guerra fría. Se pretendió ampliar la agricultura de exportación, para no depender tanto del café. El caso más notable fue el cultivo del algodón, que incorporó la costa a la dinámica económica. Esto fue posible por la apertura de la carretera del litoral y por el uso del DDT para combatir plagas y mejorar la salubridad de una región hasta entonces malsana. En la década de 1960 creció el cultivo de caña de azúcar, gracias a las cuotas implantadas por Estados Unidos, en el marco del bloqueo a Cuba. También creció la ganadería, especialmente la de carne, para cubrir el boom de las hamburguesas en el norte. Incluso hubo un interesante despegue de la industria pesquera en el oriente.
Este proyecto fue asesorado por profesionales de alto nivel, como Reynaldo Galindo Pohl y el economista Jorge Sol Castellanos, y jóvenes empresarios con un pensamiento político y económico más abierto y progresista. Los resultados positivos eran evidentes a mediados de la década de 1960. El intercambio comercial centroamericano aumentó; la economía salvadoreña creció a un promedio de 6% anual, muy por encima de lo crece hoy día.
Paralelamente a las apuestas económicas, y al amparo de la Constitución de 1950 el Estado asumió la cuestión social, impulsando acciones en el campo de la salud, la seguridad social y la vivienda. En 1963, la Universidad de El Salvador arrancó una reforma que en principio sintonizaba con la visión de desarrollo entonces en boga. En 1968, Walter Béneke implementó una ambiciosa, pero controversial reforma en el sistema educativo, cuya arista más visible fue la televisión educativa; proyecto que fue rechazado por el magisterio, hasta entonces políticamente apático. Un año antes se había dado una ola de huelgas dirigidas por Cayetano Carpio. Eran los primeros síntomas de un descontento social que crecería con los años.
Interesa destacar un rasgo del proyecto: su continuidad, que le permitió un desarrollo acumulativo, independientemente de las dinámicas políticas. Obviamente, cada gobierno ponía énfasis en algún tema: Osorio creó instituciones fundamentales, Rivera apostó por la apertura del sistema político, Sánchez Hernández por la educación, Molina por la construcción de infraestructura, aunque presionado por las circunstancias también intentó un proyecto de transformación agraria que no prosperó por oposición de la empresa privada. Esta fue la primera gran confrontación de los gobiernos reformistas, mejor dicho, de los militares con el capital. Antes había habido disputas puntuales, por ejemplo, el rechazo visceral de ciertos grupos al salario mínimo rural.
Lo dicho hasta aquí, muestra una faceta del accionar militar poco estudiada. ¿Hasta qué punto los militares han sido factor de cambio y desarrollo?, ¿Cómo esa posibilidad ha estado condicionada por cierto modo de hacer política?, y por último ¿Cuáles han sido los límites de esa acción política? En el primer caso, honesto es reconocer que el periodo 1948-77 fue reamente promisorio en términos de crecimiento económico. Esto fue posible por la confluencia de pensamiento y agenda entre diferentes sectores del país y a tendencias político-económicas de alcance regional. Sin embargo, no se rompió la secular tendencia de concentración de los beneficios económicos; además, hubo un sesgo urbano, que dejó al margen de los beneficios económicos y sociales al sector rural, que seguía siendo la base de la actividad productiva. Situación que se agravó después de la guerra con Honduras. Es justo en esos años cuando la reforma agraria se vuelve tema de debate.
Por otro lado, aunque hubo una apertura política, esta tuvo claros límites. En la década de 1969, las elecciones se volvieron muy competitivas y los espacios de maniobra de la oposición crecieron; hoy se tiene en poco la introducción de la representación proporcional en 1963, pero eso cambió el modo de hacer política. Se crearon crecientes expectativos de que era posible que la oposición llegara a la presidencia. Ese fue el valladar insuperable. Militares y sectores de poder jugaban a la democracia, pero no estaban dispuestos a entregar el poder. Este último punto obliga a considerar cuáles eran los límites de la acción política militar, más allá de un supuesto sometimiento a los intereses económicos o a presiones propias de la guerra fría.
Que los intereses económicos pretendan condicionar la acción política es inevitable. El problema de la acción política militar es que también está condicionada por estructuras de poder internas. Por ejemplo, es común asumir que los oficiales jóvenes, especialmente los que han estudiado en el extranjero, tienden a ser más liberales y progresistas que los viejos. Pero cuando los jóvenes llegan al poder no se sustraen a su influencia, en buena medida por el respeto a la jerarquía de grados. Un mayor en un Consejo o Junta de gobierno, sigue siendo inferior a un coronel en servicio. Temporalmente pueden estar en posiciones de poder político diferentes, pero eso no anula un modo de pensar y actuar forjado por años de disciplina militar.
A la jerarquía militar se suma la “antigüedad”. “La antigüedad es un grado” me explicaba un amigo militar hace poco. Significa que dos coroneles tienen el mismo grado, pero si uno tiene más antigüedad, automáticamente se asume en condición de superioridad. Existe otra diferenciación: pertenecer a la rama de las armas o de servicios. El de las armas tiene mando de tropas; ejerce liderazgo activo dirigiendo el personal o unidades de combate. El de servicios apoya, labor importante sin duda; pero en situaciones extraordinarias, la tendencia es que el liderazgo recaiga en el de armas.
Resumiendo: pertenencia generacional, jerarquía militar, antigüedad, pertenencia a las armas o a servicios, son elementos que incidieron en la forma de hacer política de aquellos militares. Es obvio que cuando la acción política amenazaba intereses políticos y económicos de grupos de tendencia conservadora, estos iban a buscar apoyo de militares afines: esto explicaría los llamados “contra-golpes”, pero también el boicot “desde adentro” a los proyectos reformistas, como bien se vio en los movimientos políticos que siguieron al golpe de estado de 1979.
Historiador, Universidad de El Salvador