Por La situación migratoria de Haití ha alcanzado niveles críticos en los últimos años, intensificada por una serie de problemas estructurales que afectan al país. Haití, considerado uno de los países más pobres y con mayor inestabilidad política en el hemisferio occidental, enfrenta un cúmulo de crisis sociales que incluyen la violencia generalizada, la corrupción endémica y la falta de un Estado de derecho efectivo. Estos factores han provocado que miles de haitianos se vean obligados a huir de su país en busca de seguridad y mejores condiciones de vida. No obstante, la respuesta de su país vecino, República Dominicana, ha sido duramente criticada por la comunidad internacional debido a sus políticas de deportación masiva y a la falta de un enfoque humanitario hacia los migrantes haitianos.
Desde hace décadas, Haití y República Dominicana han compartido una tensa relación, exacerbada por cuestiones históricas y socioeconómicas. Sin embargo, en los últimos años, esta relación se ha vuelto aún más conflictiva debido al creciente número de haitianos que cruzan la frontera hacia el país vecino, buscando escapar de la violencia de las pandillas, la pobreza extrema y el colapso de las instituciones gubernamentales en su país de origen. La respuesta dominicana ha sido implementar políticas de deportación a gran escala, argumentando que muchos haitianos ingresan de manera irregular o residen sin documentación legal.
La situación se agravó en 2022, cuando el gobierno dominicano, bajo la administración de Luis Abinader, intensificó las deportaciones de haitianos. Se estima que más de 100,000 haitianos fueron deportados desde entonces, en operaciones que muchas veces carecen de las garantías mínimas de derechos humanos. Se han reportado casos de deportaciones de mujeres embarazadas, niños, y personas con vínculos familiares o laborales en República Dominicana, lo que ha suscitado fuertes críticas de organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional. Ambas entidades han denunciado que estas deportaciones violan el principio de no devolución, que prohíbe expulsar a personas a países donde su vida o libertad están en peligro.
Los haitianos deportados se enfrentan a un panorama desolador al regresar a su país, donde la inseguridad, la falta de oportunidades y el colapso de los servicios básicos son una constante. Haití ha sido incapaz de gestionar adecuadamente el retorno masivo de sus ciudadanos, lo que agrava la crisis humanitaria en la isla. La violencia de las pandillas, que controlan amplias zonas del país, deja a muchos retornados expuestos a secuestros, extorsiones y asesinatos. Además, la corrupción y la inestabilidad política han dificultado la implementación de programas de ayuda efectiva para los migrantes que regresan.
Por su parte, las autoridades dominicanas defienden sus políticas, argumentando que la migración irregular de haitianos supone una carga económica insostenible para su país, especialmente en términos de servicios de salud y educación. No obstante, esta postura ha sido catalogada como inhumana por defensores de los derechos de los migrantes, quienes señalan que los haitianos que huyen hacia República Dominicana no son simples migrantes económicos, sino refugiados que buscan salvar sus vidas.
La solución a esta crisis pasa por un enfoque integral que aborde tanto las causas estructurales que obligan a los haitianos a migrar como las respuestas inhumanas que han caracterizado las políticas de deportación en República Dominicana. Es fundamental que ambos países, con el apoyo de la comunidad internacional, trabajen en soluciones que respeten los derechos humanos y brinden asistencia a los más vulnerables. El diálogo y la cooperación son esenciales para prevenir que esta situación se agrave y para ofrecer una respuesta humanitaria que esté a la altura de la crisis actual.
Director AAMES
Asociación Agenda Migrante El Salvador