Por Si bien la labor humanitaria en medio del horror de la guerra salvó muchas vidas y alivió un poco el sufrimiento de muchas personas, también contribuyó al proceso político que culminaría con el fin del conflicto.
En efecto, durante la guerra, organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), tuvieron relaciones con ambas partes en conflicto y, en cumplimiento de sus respectivos mandatos, ayudaron a miles de personas. También numerosas organizaciones no gubernamentales proporcionaron ayuda a víctimas del conflicto y todas, por su presencia efectiva en el terrero, también tuvieron un importante papel disuasivo de abusos que protegió a muchas personas. Además, y este es un capítulo del que prácticamente ya no se habla, instituciones religiosas en los Estados Unidos y Canadá practicaron el asilo santuario,
Un primer paso fundamental se dio en 1981 cuando el FLMN aceptó la aplicación de los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario y el gobierno hizo lo mismo un año después. Esto permitió, inter alia, que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), visitara detenidos en las cárceles, facilitara el intercambio de prisioneros y la entrega de rehenes en aplicación del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra que se refiere a la protección de personas en conflictos que no tienen carácter internacional.
Verbigracia, el CICR, a petición de las partes, puso en marcha el acuerdo que había logrado el arzobispo Arturo Rivera y Damas para la entrega de Inés Guadalupe Duarte Durán, la secuestrada hija del presidente José Napoleón Duarte y de su amiga Ana Cecilia Villeda. Como señala Michèle Barta-Jaquiery en su escrito The International Committee of the Red Cross: Soldier of Mercy (El Comité Internacional de la Cruz Roja: Soldado de la misericordia -noviembre de 1986), el acuerdo estipulaba la liberación, el 24 de octubre de 1985, de dos detenidos, miembros del FMLN en manos del gobierno, alcaldes y funcionarios municipales en manos del FMLN, y la evacuación de guerrilleros heridos a otros países: 18 detenidos fueron trasladados a México, 4 a las Embajadas de Panamá y Costa Rica en San Salvador; 101 fueron recogidos en 12 puntos diferentes y trasladados al aeropuerto donde abordaron dos aviones, uno con destino a Panamá y otros a la Ciudad de México; y 23 alcaldes y funcionarios municipales fueron liberados. Todo el operativo se realizó en un día con importante apoyo de funcionarios y ambulancias de la Cruz Roja Salvadoreña.
Otro ejemplo de esta labor ocurrió el 29 de enero de 1987 con la liberación del coronel de la Fuerza Aérea Omar Napoleón Ávalos, que había estado 15 meses en poder del FMLN, a cambio 42 combatientes heridos y otros 57 guerrilleros en manos del gobierno. Como señala James Lemoine en un artículo que publicó The New York Times el 2 de febrero de 1987, de los 42 combatientes heridos, 39 viajaron a Cuba. El acuerdo fue otro logró del arzobispo Rivera y Damas que el CICR puso en marcha.
Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), trabajó en favor de los niños y logró que se aplicara su concepto de “niños como zonas de paz”, que Nils Thedin del Comité sueco pro UNICEF había propuesto en 1983. La idea de este concepto era colocar a los niños por encima de la lucha política al declararlos “zonas neutrales y libres de conflicto”, y esto llevó a UNICEF a negociar ceses al fuego para que los niños pudieran recibir ayuda humanitaria.
En una reunión en Nueva York en julio de 1984, James Grant, director de UNICEF, había planteado al presidente José Napoleón Duarte el tema de los “niños como zonas de paz”, haciendo hincapié en que unos 20 mil niños estaban muriendo cada año y que eso significaba una pérdida que excedía con creces el número total de muertes que causaba la guerra. También le señaló que la mayoría de esas muertes podían haberse evitado con 50 centavos de vacuna y, como señalan Robin Hay y Clyde Singer en su escrito Immigration and Ceasefires (Inmigración y ceses al fuego – 1992), de manera persuasiva añadió que los beneficios de un programa de vacunación concertado serían rápidamente visibles, por ejemplo, durante el período presidencial, y este, dicen claramente los autores, pudo haber sido lo que cerró el acuerdo, aunque el presidente acordó no utilizar la campaña de vacunación para política partidista.
Como es fácil imaginar, se planteó el tema del impacto que un cese al fuego podía tener en las operaciones de la Fuerza Armada, y el de su interpretación de reconocimiento del FMLN. Pero ambas dudas se superaron y el 3 de febrero de 1985 empezaron “los tres días de tranquilidad”. Así, hasta el fin de la guerra en 1992, unos 300 mil niños fueron inmunizados.
Aunque los ceses al fuego para la vacunación de niños los inició UNICEF, rápidamente otros se sumaron al esfuerzo, por ejemplo, la Iglesia Católica, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el CICR y Rotary International. De esta manera, la incidencia del sarampión y el tétanos disminuyó drásticamente y se erradicó el polio. En total hubo 17 altos al fuego durante la guerra para realizar campañas de vacunación de niños, como recuerda Hernán Jaramillo en su artículo titulado El Salvador: Entre la guerra y la paz, UNICEF (1992).
Los ceses al fuego permitieron la realización de campañas de vacunación de niños y el director de UNICEF, James Grant, declaró: “Es la primera vez en la historia que se ha detenido un conflicto para inmunizar a los niños…El Salvador es parte de la vanguardia de la demostración de un nuevo proceso que tiene como objetivo inmunizar a todos los niños para 1990”. Los altos al fuego fueron éxito sanitario, pero como indica Neil Arya en su artículo Humanitarian Ceasefires (Altos al fuego humanitarios – 2008), contribuyeron a crear una atmósfera de confianza y permitieron la identificación de objetivos comunes para los acuerdos de paz.
También hubo ceses al fuego por la Navidad. Por ejemplo, el 25 de diciembre de 1985, un comunicado de la presidencia informó a la población que por razón del espíritu navideño y por petición de la Iglesia Católica salvadoreña, el gobierno había decidido suspender acciones ofensivas de las fuerzas armadas y entró en vigor una tregua de 10 días. Un portavoz de ejército añadió que la institución respetaría el alto al fuego.
Otro esfuerzo de protección, ahora prácticamente olvidado, lo realizaron instituciones religiosas de los Estados Unidos y Canadá. Estaban conmocionados por el asesinato del arzobispo Oscar Romero y Galdámez en marzo de 1980, el asesinato de religiosas estadounidenses en diciembre de ese mismo año, el asesinato de sacerdotes y trabajadores laicos de la iglesia, las amenazas permanentes contra la iglesia y sus miembros cuando, por ejemplo, algunos gritaban y repetían: “haga patria, mate un cura”. Así, organizaciones religiosas, organizaciones no gubernamentales y líderes religiosos, entre otros, iniciaron una política exterior cívica para proteger a salvadoreños y otros centroamericanos que huían de sus países.
Entre otros, católicos, judíos, luteranos, ortodoxos orientales, menonitas, bautistas, presbiterianos y metodistas, participaron en este esfuerzo. En su libro Sanctuary & Asylum: A Social and Political History (Santuario y asilo: Una historia política y social - 1981), Linda Rabben señala que en 1981 los miembros del Congreso de los Estados Unidos recibieron numerosas cartas, llamadas telefónicas, visitas y paquetes de información protestando por los objetivos de la política exterior del presidente Ronald Reagan y, entre diciembre de 1980 y diciembre de 1981, las principales iglesias protestantes, las iglesias de la paz, la Iglesia Católica y la reformada Unión de Congregaciones Hebreas Estadounidenses adoptaron resoluciones instando al gobierno de los Estados Unidos a poner fin a la ayuda y al entrenamiento militar que proporcionaba a El Salvador. Además, decidieron convertirse en santuarios en los Estados Unidos y Canadá para brindar protección a los centroamericanos que huían de la violencia en sus países. Así, entre 1982 y 1987, iglesias y sinagogas proporcionaron apoyo legal y social, transporte y ayuda para el reasentamiento. Sabían que era ilegal, pero aun así continuaron y eventualmente algunos de sus miembros fueron enjuiciados.
Linda Rabben añade que, si bien los obispos católicos conservadores se opusieron y la Asociación Nacional de Evangélicos se negó a respaldar el esfuerzo, más de 75 iglesias estadounidenses y canadienses crearon un ferrocarril terrestre hacia Canadá y que, cuando el gobierno canadiense empezó a deportar refugiados guatemaltecos, una congregación de la Iglesia Unida de Canadá en Quebec se declaró santuario y el gobierno detuvo las deportaciones. Así, en su apogeo, el movimiento se extendió a 34 estados de los Estados Unidos, unas quinientas iglesias y sinagogas y miles de organizaciones se declararon santuarios y más de 70 mil estadounidenses y canadienses participaron en el esfuerzo.
Exembajador de El Salvador en Francia y Colombia, exrepresentante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Argelia, Colombia, Tayikistán y Francia y exrepresentante adjunto del ACNUR en Turquía, Yibuti, Egipto y México. También fue jurado del premio literario Le Prix des Ambassadeurs en París, Francia.