Por PUESIESQUE…hace casi dos semanas, durante un acto proselitista de campaña electoral adelantada -por cierto, legalmente prohibida-, el presidente de la Asamblea Legislativa (AL) declaró, implícitamente, que la separación de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SCn/CSJ), hecha el 1 de mayo de 2021, fue un GOLPE DE ESTADO, es decir, que fue un acto contrario a la Constitución, a tratados internacionales sobre derechos humanos y a la ley.
En efecto, según reportaron varios medios de comunicación, el presidente de la AL expresó (y él no lo ha negado) que la separación de los magistrados de la SCn/CSJ se hizo para garantizar la “gobernabilidad” del presidente de la República, que ellos sabían con anticipación (pues sí, como su líder mesiánico habla directamente con Dios) que la SCn/CSJ pretendía obstaculizar la labor de la presidencia de la República , y que por ello dijeron a los magistrados ¡para fuera!
Tales declaraciones significan que por boca del presidente de la AL se está admitiendo, sin ambages, que la separación de los magistrados de la SCn/CSJ fue un golpe de Estado, hecho por orden del presidente de la República: todos sabíamos eso, pero no deja de ser peculiar que en un momento de honestidad o, quizá, de cinismo, un representante del régimen dictatorial que nos desgobierna confiese que el 1 de mayo de 2021 se estableció en el país una dictadura, al separar ilegítimamente a los magistrados de la SCn/CSJ y designar a cinco personas para que usurpen funciones y despachos en ese tribunal.
Esa clase de declaraciones son las que dejan en ridículo a todos aquellos personeros que defienden la actuación de la AL del 1 de mayo de 2021, o a todos esos “opinólogos” que afirman que tal actuación fue legal e, incluso, a quienes se autoatribuyen la calidad de “constitucionalistas” y que bajo un pretendido manto de neutralidad ideológica aceptan como válido un golpe de Estado (esa clase de abogados me recuerdan a algunos defensores de la dictadura militar argentina, que defendían a ésta, pero una vez que se recuperó la democracia argentina, inmediatamente se convirtieron en pensadores democráticos…no era nada una veleta ante los cambios de sentido del viento).
Tal declaración del presidente de la AL equivale a la declaración del presidente de la República, cuando en una entrevista con un cantante admitió que la toma militar de la AL, hecha del 9 de febrero de 2020, fue un acto de intimidación y amenaza, dejando en ridículo al vicepresidente y a varios personas representante del pensamiento de derecho golpista, que habían inventado mil excusas para justificar la militarización de la AL o, incluso, aquellos ingenuos que decían que el 9F fue únicamente una puesta en escena, un show.
El cinismo en las declaraciones del presidente de la AL muestran que el régimen ya está en línea de obviar la careta democrática, lo que significa que cada día irá profundizando más su perfil autoritario y represor: no debemos obviar que el régimen autocrático salvadoreño se caracteriza, de acuerdo a los Estados Unidos de América y múltiples investigaciones periodísticas, por constituir un régimen criminal -que negocia y pacta con líderes pandilleros y que, incluso, los protege- y corrupto -en cuyo esquema, la aparente líder es la jefa de gabinete-.
Entonces, la única forma que un régimen de tales características evite las consecuencias legales de sus acciones es perpetuarse en el poder, dinamitando la institucionalidad democrática, capturando instituciones, colocando funcionarios dóciles e insignificantes y, cada vez más, como bola de nieve, expandiendo y profundizando sus esquemas de represión.
Por ello, aunque no me gusta ser ave de mal agüero, pero es muy probable que de extenderse y profundizarse la dictadura salvadoreña, a los salvadoreños nos toque como a los nicaragüenses, sufriendo una larga y queda vez más represiva dictadura: aquellos que guardaron silencio o hasta apoyaron a Ortega -ya sea iglesia, empresarios, académicos, jueces, magistrados, etcétera-, una vez que ya dejaron de ser útiles, ahora ya padecen los golpes -cárcel, destierro, confiscación de bienes, cierre de organizaciones, etcétera- de la dictadura Ortega-Murillo.
Como ven, el régimen salvadoreño -por expresiones del mismo presidente de la AL- ya reconoce que es resultado de un golpe de Estado, así que solo cabe esperar que profundice su carácter criminal, corrupto y represor: frente a ello, a los salvadoreños nos toca, en un esfuerzo de unidad de las fuerzas democráticas, continuar denunciando los desmanes del régimen y utilizar los escasos espacios que quedan para evitar la consolidación dictatorial.
Abogado constitucionalista.