El presidente prometió una reforma integral al sistema de pensiones: una pensión digna para los salvadoreños, que fue parte del show mediático acostumbrado, para los ingenuos que todavía le creen y para esa mayoríaque como no se ha tomado la molestia de leer los artículos disfrazados de la ley, le suena como un logro histórico, nunca visto en los gobiernos anteriores. Aunque en realidad, el beneficiado con la reforma es el gobierno.
Los gobiernos del FMLN convencieron a la población de que las pensiones eran bajas porque las AFP cobraban millones por administración y que el pueblo debía defender, como un derecho conquistado, la edad de jubilación en 55 años para mujeres y 60 para hombres. Escondieron el hecho de que las pensiones bajas se debían a la deuda millonaria que el gobierno había contraído con los ahorrantes privados, obligando a las AFP a comprarle sus CIP para poder pagar las pensiones del quebrado sistema de reparto al ISSS y al INPEP.
Con la reforma y la creación del ISP, que controla el ISSS, el INPEP y las AFP, ya el gobierno se olvida de su deuda millonaria con el sistema privado. No es un logro para el pueblo el aumento del 30%, que beneficia a las pensiones altas, pero que sale de las cotizaciones de la población joven que en estos momentos trabaja y que cuando se jubile, no sabe si todavía alcanzará el dinero para pagar sus pensiones. Las cuentas galanas del gobierno en materia fiscal, demuestran el equivocado rumbo que llevan las finanzas públicas.
Por mucho que Bukele afirme en forma retadora que logró pagar los $643 millones del bono 2023, es un hecho que lo hizo con el FODES que no pagó a las alcaldías, con el subsidio a los buseros no pagado desde agosto 2022, más los $70 millones del Hospital Rosales en eterna lista de espera y, por supuesto, los millones reducidos en los presupuestos de salud y educación pero aumentado en la publicidad de CAPRES para que el pueblo siga creyendo en las maravillas de este gobierno.
La destrucción de la LACAP, sustituida por una nueva ley de compras que permite el secretismo y la corrupción al autorizar a funcionarios hacer negocios con el Estado, será una nueva fuente de recursos para paliar la pérdida millonaria en Bitcoin, Chivo Wallet, Mercado Cuscatlán y los otros mercados construidos por empresas con socios de dudosa moralidad. Aunque ignoramos cuánto pagó el GOES al transpropietario de Miss Universo para celebrar el concurso en nuestro país, esa suma millonaria saldrá también de más préstamos, que pagarán nuestros hijos y nietos.
Un negocio similar al del Mercado Cuscatlán es el moderno edificio en la Colonia Escalón que estrenó el Tribunal Supremo Electoral, con un alquiler de $100,000 mensuales, que por trabajos de acondicionamiento aumentó en $75,000 mensuales, aunque algunos empleados afirman que allí no caben todos y se siguen alquilando otros locales. También enfrenta impago en el alquiler y en el consumo de agua y energía eléctrica. Pero no importa porque, como manifestó uno de los magistrados, “si el TSE es la autoridad máxima en materia electoral, debe tener una buena presentación (...) siempre andamos buscando cómo mejorar aunque nos enjaranemos”. Muy lógico, porque serán los ciudadanos quienes van a enjaranarse para pagar tales despilfarros.
Pero a pesar de las advertencias de organismos internacionales, de la calificación de nuestros bonos como basura, de los altos intereses con que se castigarían nuestros créditos, el Ministro de Hacienda dice no entender por qué se ha presentado mal al país en los mercados internacionales. Algo no le cuadra en las mediciones del EMBI, pues los inversionistas nos tienen confianza. ¿De veras lo creerá, o es solo para la galería?
Maestra.