Por Lejos quedaron aquellos días en que los trabajadores salían a las calles para luchar por sus derechos; esos días en que las protestas no se hacían en las redes sociales, ni “posteando” una consigna en un teléfono celular, sino que se hacían en el lugar de los hechos, desafiando a los opresores de turno, algo que los pueblos adormecidos, engañados manipulados o reprimidos no son capaces de hacer. Ante tal parsimonia, al ocaso del 2022 el régimen de Bukele aprobó una nueva ley de pensiones, que beneficia al Estado y dueños de las administradoras, en detrimento del interés del trabajador salvadoreño.
Pero al momento de la aprobación de la ley antes mencionada hubo una participación que llamó mucho la atención y fue la de la Vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, a quien le salió el tiro por la culata, al intentar hacer un show, para responsabilizar a la oposición, del fracaso del sistema de pensiones de este gobierno. Hizo un ridículo de magnitudes interestelares, al llevarse de encuentro a todos los trabajadores salvadoreños que habían sido beneficiados por la regulación anterior, que permitía el anticipo de un porcentaje del dinero de sus pensiones. Exposición que quedó registrada para la eternidad, en un vídeo que circula en las redes sociales.
Con singular altivez, la diputada de la bancada de Nuevas Ideas señalaba con un tono irónico, ya común entre los oficialistas, que el 25 % del adelanto de las pensiones a los trabajadores, había sido un acto de “sirvengüenzas”; mientras, desde el mezanine legislativo, sindicalistas comprometidos con el régimen aplaudían efusivamente a la legisladora, igual que lo hace una foca debidamente amaestradas, para recibir su alimentos como premio por sus gracias. Luego, la diputada, con un aire de altanería preguntaba que si dicho anticipo era: ¿justo, legal y correcto?
Pero, señorita diputada, antes de hablar de lo justo, legal y correcto, mejor hablemos de todo lo contrario: Lo injusto, lo ilegal y lo incorrecto.
Hablemos de lo injusto: No hay justicia cuando un régimen como el de Bukele utiliza el dinero de los salvadoreños para “chiviarlos” en una criptomoneda, cuyo valor es especulativo y además se presta para cometer crímenes cómo lavado de dinero o estafas, como la realizada por el famoso “criptoempresario”, Sam Bankman-Fried. Tampoco es justo que el dinero de los salvadoreños se utilice para gastarlo en pachangas y viajes de vagos “bitcoineros” disfrazados de inversionistas, que vienen a nuestro país invitados por el Presidente.
Hablemos de lo ilegal: No hay legitimidad y legalidad cuando un gobierno protege actos de corrupción de sus funcionarios, como los señalados en la Lista Engel o como el caso del diputado acusado de vender al Estado, aires acondicionados a sobreprecio, o el otro, el de una funcionaria, que es acusada de lavado de dinero. De igual manera se puede señalar cómo ilegal aquel otro caso del custodio que hizo negocios durante la pandemia junto a su madre, en los penales salvadoreños. Es también ilegal el hurto en plena cuarentena de $300 cobrados por desconocidos, que utilizaron documentos de identidad, de los cuales el Estado no ha rendido cuentas, o el del robo del “pisto” de los clientes de la billetera digital “chivo” durante fallas en la implementación de dicho sistema.
Hablemos de lo incorrecto: No es correcto ocultar la información de los gastos del Estado a través de decretos de “información reservada” durante por lo menos siete años; o esconder los gastos realizados en viajes y banquetes lujosos, de los diputados de Nuevas Ideas, o no rendir informe de gastos en propaganda de trolls centers, influencers, “youtuberos” y el pago de sitios de desinformación, con el dinero de los impuestos que pagan los trabajadores salvadoreños, que tanto se esfuerzan en arduas jornadas laborales, de sol a sol para obtener un salario.
Así que, señorita diputada, la respuesta a su cacareada pregunta sobre el derecho de los trabajadores de tener una regulación que permitía el anticipo de parte de sus pensiones es: Sí, fue justo, legal y correcto: Es justo porque el dinero es de los trabajadores, no es de ustedes, no es del dictador, ni de las AFP. Es legal, pues hubo una Ley para autorizar la utilización de dichos fondos, y finalmente es correcto, porque se hizo para beneficiar al trabajador como ayuda durante la pandemia, para aliviar las necesidades económicas que se presentaban por dicha emergencia.