Por La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe del año 2023 sobre el seguimiento a las recomendaciones hechas a El Salvador, concluyendo que de 41 puntos abordados, 16 aún están pendientes de cumplimiento por parte del Estado.
En cuanto al derecho de acceso a la información, es esencial que el Estado atienda los alegatos presentados en torno al uso desmedido y desproporcionado de la figura de la reserva como mecanismo que limita el acceso a información pública, invitando a identificar las barreras que han sido alegadas, incluida la figura de la reserva y adoptar medidas para que estas no obstaculicen el acceso a información.
Mientras que, en la protección a defensores de derechos humanos, la CIDH muestra que no cuenta con información suficiente sobre las medidas adoptadas por el Estado para investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos.
El Estado salvadoreño tiene varias recomendaciones de la CIDH pendientes de cumplir, entre las más destacadas: adoptar una Ley de Reconciliación Nacional acorde a los estándares interamericanos de Justicia Transicional.
Ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la imprescriptibilidad de crímenes de guerra además de ordenar, sistematizar y poner a disposición de las víctimas, de las autoridades de justicia y de búsqueda, así como de la sociedad en su conjunto (con el tratamiento de la protección de aspectos sensibles) toda la documentación de las fuerzas de seguridad que actuaron durante el conflicto armado interno, reconstruyendo los archivos que hayan sido destruidos o los documentos que no se produjeron cuando debían producirse.
También ratificar el protocolo facultativo de la Convención sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, así como crear el mecanismo nacional de prevención contra la tortura.
El Estado salvadoreño debe tomar todas las medidas necesarias para adecuar el marco normativo salvadoreño a los estándares interamericanos en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes; Ratificar la Convención contra toda forma de Intolerancia y Discriminación, así como adoptar todas las medidas necesarias para lograr la aprobación y adopción de una Ley de Identidad de Género y que esta sea conforme a los estándares interamericanos en la materia.
La CIDH también ha llamado al estado salvadoreño a adoptar un marco legal de protección y defensa de personas defensoras de derechos humanos e implementar una política integral de protección a personas defensoras, tomando todas las medidas necesarias para que cese la estigmatización y los señalamientos degradantes originados en el Estado o por sus agentes.
En ese marco también realizar investigaciones efectivas y con la debida diligencia con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los delitos contra personas que son defensoras de derechos humanos, también impulsar la adopción de medidas para implementar los estándares interamericanos relacionados al ámbito de la empresas y derechos humanos.
Y finalmente ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
Sobre las observaciones para El Salvador, el organismo internacional mostró su preocupación por la extensión de la suspensión de derechos y garantías por el régimen de excepción. Además, el informe enfatiza que ha recibido denuncias por “la política de seguridad ciudadana, el acceso a la justicia y la situación de las personas privadas de libertad, que incluyen detenciones masivas, ilegales y arbitrarias con base en criterios discriminatorios, así como violaciones a las garantías judiciales y protección judicial de las personas detenidas”.
Abogada y defensora de derechos humanos