Por El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador tiene dos funciones principales: administrador de procesos electorales y ser juez o el árbitro de las elecciones, un ente administrativo y jurisdiccional, algo que muchos han criticado y sugerido que debe separarse.
Su máxima instancia de toma de decisiones, el organismo colegiado formado por 5 magistrados, decide cosas tan diversas como el tipo de papel o tinta a usar, la inscripción de un candidato inconstitucional o sanciones a quien viole el código electoral con campaña adelantada.
Por muchos años se ha dicho que el tribunal administra bien, pero que es débil impartiendo justicia. Las elecciones salían bien, pero había campaña anticipada y otras violaciones que el TSE no respondía, no había sanciones, solo silencio.
Pero también ha tenido problemas de organización. En 2015, enfrentó una crisis cuando el voto cruzado colapsó el sistema, el 1 de mayo de ese año, la Asamblea se instaló solo con 60 diputados pues no era claro quiénes eran los 24 diputados electos de San Salvador.
En 2018, un fallo en el script de asignación de preferencias mostró resultados preliminares sorpresivos: los primeros de los listados, los más populares, quedaban fuera y los “de relleno” eran los más votados. Eso se corrigió y quedaron los de siempre.
En la era Bukele, ha sido diferente. En diciembre de 2018, cuando era candidato presidencial, llamó a turbas de su partido a protestar frente al Tribunal, difundió la narrativa, sin mostrar evidencia, de un fraude en su contra.
Para las legislativas de 2021, el voto se llevó a cabo con normalidad, pero el día de la elección el presidente llamó al voto, hubo uso de recursos públicos para campaña y agresiones a periodistas. El Tribunal, calladito, solo silencio de su parte.
De cara a 2024, el rol de jueces que le compete al Tribunal ha sido absolutamente incumplido. Poco después de la resolución de la Sala ilegítima que avalaba la reelección, el TSE corrió a decir que iban a “acatar”. Esto, pese a que como jueces deben defender la Constitución y esta le faculta a interpretarla en la materia que les compete.
El Tribunal aceptó que cambiaran las reglas del juego un año antes de las elecciones, reducción de escaños, de alcaldías y el cambio de fórmula de asignación de votos. Todas estas reformas se aprobaron para beneficiar al partido oficialista. Y el Tribunal, calladito.
Durante 2023, los diputados de Nuevas Ideas fueron a hacer campaña a Estados Unidos, el Tribunal también guardó silencio. Y a finales de octubre, inscribieron sin peros, aunque bajo amenaza de cárcel, la candidatura inconstitucional de Bukele.
En lo administrativo también fallaron. Eligieron a la empresa peor evaluada para voto exterior, no capacitaron a las JRV, el sistema se les cayó, dejaron que Nuevas Ideas dominara a jefes de centros. Mientras la magistrada presidenta hablaba de éxito, había un colapso, un desastre.
Los miembros de las JRV trabajaron para salvar el caos, no tenían baños, comida o agua. El sistema le duplicaba o triplicaba los votos a Nuevas Ideas y los magistrados no dieron la cara. El TSE solo les dijo que llevaran actas como antes, a mano.
Sos juez o sos administrador, no podés ser ambas. Pero nunca había habido un fracaso tan grande en ambas tareas. Este TSE pasará a la historia como el más incompetente y el más servil con el poder, el más sumiso de la historia.
El actual Tribunal Supremo Electoral pasará a la historia como tramitador que puso el “sello de legalidad” a un acto corrupto y fraudulento: la reelección, que es inconstitucional. Un pasapapeles de la Presidencia.
Abogada y defensora de derechos humanos.