Por En las pasadas elecciones legislativas se dieron diversos problemas logísticos y de planificación, desde la interrupción de la transmisión de resultados de las elecciones legislativas, que provocó la no existencia del escrutinio preliminar e imposibilitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para anunciar el domingo 4 de febrero resultados oficiales.
A partir de esta situación, el TSE no tuvo más remedio que anunciar que se realizaría un conteo voto por voto, lo cual y a pesar de aprobar un instructivo, en la práctica del escrutinio final no sucedió. El proceso de escrutinio final se prolongó por casi dos semanas, alojados en el Gimnasio Nacional de San Salvador, se instalaron más de 300 mesas para tal efecto.
Misiones de observación nacional e internacional y medios de comunicación que estuvieron presentes en el lugar han señalado diferentes irregularidades y denuncias, desde fallos en el sistema informático continuamente y a toda hora; incongruencias con registro de actas con papeletas sobrantes o registradas por ejemplo; papeletas manipuladas, marcadas con plumón y no con el crayón que en teoría llevarían los paquetes electorales, otras papeletas estaban totalmente “planchadas” sin dobleces de ningún tipo, entre otras manipulaciones.
También es de resaltar las agresiones y acoso hacia periodistas y observadores que se encontraban en el lugar por parte de representantes del partido Nuevas ideas que habían abarrotado de vigilantes el lugar donde se desarrolló el escrutinio, cuando el instructivo detallaba que solamente se le permitiría 100 vigilantes a cada partido político, Nuevas Ideas tuvo muchísimos más.
Existió una total falta de integridad electoral antes, durante y después de las elecciones, además de un lento y nada transparente proceso de escrutinio final dando lugar a la duda razonable sobre la legitimidad del proceso electoral y los resultados finales que anunció el TSE, dudando si ese fue la voluntad del soberano o fue un resultado manipulado en diferentes momentos y espacios.
El Tribunal Supremo Electoral mostró una falta de independencia total en el proceso, no ejecutando debidamente sus funciones administrativas y mucho menos jurisdiccionales, no ejerciendo como máxima autoridad en materia electoral en todo nivel. No pudiendo otorgársele el nombre de garante del voto de la ciudadanía, ni guardián de la equidad para asegurar un voto libre, así como tampoco un árbitro imparcial para regular y administrar la desigualdad entre los partidos políticos en contienda, donde las diferencias en recursos fue abismal sumado a la matonería del partido oficial, en especial hacia mujeres de los partidos de oposición.
Existe también un silencio de muchas de las instituciones legalmente responsables de la fiscalización y control durante todo el proceso electoral, no se han pronunciado a pesar de todas las denuncias formales y por otros medios de las diferentes irregularidades.
El Tribunal Supremo Electoral debe muchas explicaciones a la ciudadanía, a los partidos políticos en contienda, a los observadores internacionales ya que muchas de las irregularidades han sido documentadas debidamente y existen informes exhaustivos de estas que serán presentados en diferentes instancias nacionales e internacionales.
La voluntad ciudadana expresada en las urnas debe ser garantizada en comicios que ofrezcan todas las prerrogativas que se necesiten en las próximas elecciones para Concejos y PARLACEN, prerrogativas que no se tuvieron en las pasadas elecciones legislativas.
Se espera que la OEA y toda la comunidad internacional siga vigilante del proceso electoral que se avecina y que además el TSE pueda dar respuesta a todos los cuestionamientos recibidos en las elecciones legislativas, no permitiendo de nuevo todas las anomalías detalladas.
La voluntad del soberano debe respetarse y garantizarse, con independencia, transparencia y excelencia para hacer realidad el slogan del Tribunal Supremo Electoral: “Cada voto, cuenta: cada voz, es escuchada”.
Abogada defensora de los derechos humanos