Por Conflicto armado interno: el presidente Daniel Noboa, que asumió el 23 de noviembre de 2023 tras una sangrienta campaña electoral, decretó "la movilización e intervención de las fuerzas armadas y de la policía nacional" para "garantizar la soberanía e integridad nacional contra el crimen organizado, las organizaciones terroristas y los beligerantes no estatales", que representan más de 20,000 hombres, en armas, determinados. Las fuerzas estatales cuentan con 60,000 policías y 40,000 militares.
De facto, Ecuador vive desde entonces en "estado de guerra", contra enemigos del interior que ponen en tela de juicio no solamente al Estado, sino la coherencia y unidad de la Nación. ¿Cómo este país, clave por su posición marítima, ofreciéndole una postura de cruce regional, abriéndose hacia Asia, pero también hacia América Central y México, llegó a esta situación? Las últimas imágenes mostrando la irrupción de un grupo armado en las instalaciones de un canal de televisión en Guayaquil encendieron el espacio público ecuatoriano. Revelaron, una vez más, cuánto la inseguridad y violencia de dichos grupos se habían vuelto como un peligro inmediato para el país, tanto como para la región.
Es el resultado de un proceso de años, que llegó a debilitar las estructuras de seguridad del Estado mientras los grupos ilegales, ligados al narcotráfico, pudieron organizarse y fortalecerse. Entre 2018 y 2023, el número de homicidios aumentó de 800%, pasando de 6 hasta 46 por cada 100.000 habitantes. Las cárceles sobrepobladas cuentan con más de 40.000 personas y constituyen escenarios de masacres entre grupos rivales. Desde 2021 fueron más de 460 los muertos. ¿Cómo olvidar los asesinatos de periodistas, jueces, policías? Esta violencia ya había aparecido a la luz de todos en 2023: en julio, el joven alcalde de Manta, Agustín Intriago, fue acribillado mientras visitaba un barrio popular de la ciudad. Todos guardamos en la memoria el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio saliendo de un mitin y entrando en su carro, el 9 de agosto pasado, apenas 10 días antes de la primera vuelta de las elecciones. El estado de excepción había sido decretado por el expresidente Guillermo Lasso. Pero, ¿de qué sirve, cuando el mal aparece tan profundo, permitiendo a grupos ilegales atacarse directamente y al Estado?
¿Será Ecuador en 2024 la Colombia de los años 1980, cuando los carteles de Medellín y de Cali, entonces dirigidos por Pablo Escobar y Gilberto Rodríguez Orejuela, libraron una guerra contra el Estado? Atentados como el perpetrado contra el edificio de los servicios de inteligencia (DAS) en 1989, contra funcionarios, periodistas como el director de El Espectador, Guillermo Cano, en diciembre de 1986, contra candidatos presidenciales como el líder del nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán, en agosto de 1989, fueron los blandos y víctimas de una guerra total. ¿Su motivo? La extradición de los "capos" de la droga hacia los Estados Unidos.
En Ecuador, hoy en día, los grupos ligados al narcotráfico se sienten suficientemente fuertes para aparecer en la primera plana, buscando intimidar, forzar, violentar la presencia estatal.
Por cierto, teniendo una fachada marítima favorable, con varios puertos como Esmeraldas, Manta en la región de Manabi, Santa Elena, Guayaquil, ciudad portuaria, son usados por dichos grupos para favorecer el tránsito de la cocaína producida en Colombia, en Perú y Bolivia. Más de 30% de la cocaína colombiana llega de las regiones fronterizas como Amazonas, Putumayo y Nariño y se “exportan” a través de Ecuador. De igual manera, la de Perú y Bolivia. No es una casualidad si el primer ministro peruano decretó el estado de urgencia en su frontera norte. Si 220 toneladas de drogas fueron captadas el año pasado en Ecuador. Se calculan en más de 1000 toneladas las que transitan por dicho país anualmente. El periodo de la pandemia favoreció la organización de las bandas criminales, aprovechando la inestabilidad institucional que se concluyó en 2023 por elecciones anticipadas después de una disolución del Congreso por el ex-mandatario Guillermo Lasso. En este contexto, la el escape de Adolfo Macas, alias "Fito", jefe de uno de los principales grupos "Los Choneros", de su cárcel de Guayaquil, tanto como el de Fabricio Colon Pico, líder de "los Lobos", abrió la fase de la confrontación. El crimen organizado declaró abiertamente la guerra al Estado, considerándolo suficientemente débil e infiltrado.
Este "conflicto interno armado" contra el crimen organizado es la batalla de América Latina y más allá de todos. Implica una dimensión regional, haciendo reaparecer el concepto de la "co-responsabilidad" entre países productores y consumidores. Por cierto, los Estados Unidos, Europa, pero también Asia, están preocupados por las consecuencias de dicho tráfico. Es también la guerra de la ley contra la fuerza delincuente. Pero esta situación revela el nivel de los desafíos: el desarrollo económico, la redistribución, a través de la seguridad, de una acción en favor de la educación, del empleo, de poder de compra, son esenciales para garantizar la unidad nacional, la voluntad en vivir en común" y respetar la ley considerada como justa y proveniente del deseo nacional. Hoy en día la urgencia en Ecuador tanto como en la región andina pasa por la seguridad y contrarrestar la violencia endémica. Pero el Estado tendrá tarde o temprano que buscar un esquema de desarrollo duradero y justo para poder movilizar la población en su favor.
La situación de "conflicto armado interno" es diferente de la guerra civil, que contiene un sentido ideológico y político. Pero el mecanismo puede ser el mismo: se usan medios que se puede acercar a los de la guerrilla: impactar la opinión pública, tocar a los símbolos estatales, ganar la batalla de la "legitimidad" dando vuelta a los conceptos que regulan la sociedad.
La batalla está anunciándose como larga, difícil, pero el Estado ecuatoriano no tiene derecho de perderla.
Politólogo francés y especialista en temas internacionales