Por El Gobierno de Estados Unidos ha enviado a más de 250 criminales del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13) a El Salvador, donde serán encarcelados en el Centro de Reclusión para Terroristas (CECOT) por un año, con posibilidad de renovación. El presidente salvadoreño Nayib Bukele celebró la llegada de los reclusos, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio agradeció su cooperación.
El traslado se produce tras la decisión del presidente Donald Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, permitiendo la deportación acelerada de individuos considerados amenazas a la seguridad nacional, pese a que el juez principal de la corte federal de Distrito para el Distrito de Columbia, James E. Boasberg, bloqueó temporalmente la orden. Bajo esta justificación, EE.UU. ha señalado al Tren de Aragua como un grupo terrorista transnacional vinculado al régimen de Nicolás Maduro y responsable de crímenes como asesinatos, secuestros, extorsión y tráfico de drogas y personas.
Bukele, que ha convertido su “mano dura” contra el crimen en su principal bandera política, ha utilizado esta operación para reforzar su imagen de aliado de EE.UU. en la lucha contra el crimen organizado. A cambio, ha conseguido financiamiento para su sistema penitenciario y un reconocimiento explícito de Trump, quien lo calificó como “el líder de seguridad más fuerte de la región”.
¿A qué costo? La cooperación con Trump y la consolidación del poder de Bukele.
Aunque Bukele presenta esta colaboración como un logro, su disposición a aceptar prisioneros extranjeros consolida su papel como el “carcelero” de Trump y refuerza su propio proyecto de control autoritario en El Salvador. Su modelo de encarcelamiento masivo, criticado por organismos de derechos humanos, ahora se convierte en una herramienta diplomática con la que gana influencia en Washington.
Global Fellow, Wilson Center
@zovatto55