Por El dictador Daniel Ortega no tiene límites ni escrúpulos en su escalda de amasar más poder y control en la sociedad nicaragüense. No le importa arrasar con la educación, con la religión y fe de un pueblo, con los derechos humanos, con la libertad de expresión, ahora arremete con el ambientalismo, en una clara puñalada trapera al equilibrio ambiental centroamericano.
El prestigioso Centro Humboldt, que se ha caracterizado por generar gobernanza climática multilateral, observación y denuncia exhaustiva en materia ambiental por más de 32 años en Nicaragua, fue condenado a la guillotina totalitaria del régimen de los Ortega y a ser una de las 24 asociaciones y fundaciones civiles incómodas para la dictadura familiar. Arbitrariamente el Ministerio de Gobernación sandinista se negó a recibir la personería jurídica y toda la documentación legal desde el año 2020.
Desde la óptica totalitaria de los Ortega, el centro Humboldt entra en el decreto legislativo de incumplimiento de la ley 147, Ley General de Personas Jurídicas sin fines de lucro, Ley de lavado de activos y Financiamiento al terrorismo; Financiamiento a la proliferación de Armas de destrucción Masiva, argumentos que rayan en el ridículo y que carecen de toda razón y argumento técnico.
El currículum del Centro Humboldt opaca a la dictadura en Nicaragua, ya que es importante para las comunidades vulnerables que no tienen asesoramiento y quedan a merced de las catástrofes climáticas. Dicha organización es un socio estratégico en la agenda climática global y es un importante promotor de las iniciativas de los países centroamericanos que son vulnerables al cambio climático en foros regionales y a nivel internacional.
Entre sus logros está poner las demandas de los países centroamericanos en la agenda climática global, liderar el “lobby” para recordarle a los países industrializados sus compromisos frente a los países más vulnerables ante el cambio climático principalmente los centroamericanos.
Parte del resentimiento del dictador Ortega al centro Humboldt fueron las denuncias sobre el fracasado proyecto del Canal Interoceánico y su concesión a los chinos, muchas comunidades indígenas y campesinas formaron un bloque anti canal, en donde se ponía en riesgo la seguridad alimentaria, biodiversidad de la zona. Además la negligencia en la región Indio –Maíz y la sublevación ciudadana.
El rastro anti ambientalista de Daniel Ortega es largo y peligroso para la estabilidad de la región, pues da luz verde a las concesiones de la minería industrial, la depredación del bosque y de maderas preciosas en la región autónoma del Atlántico Norte (RAAN), un negocio que ronda los $100 millones de dólares anuales. Con ello se lleva de paso grandes extensiones de bosque protegido, especies amenazadas, invasión de territorios indígenas, y un avance descontrolado de la frontera agrícola.
Siempre los dictadores quieren pisotear la estabilidad climática, para rascar recursos o hacer populismo en detrimento del medio ambiente. Deben existir los mecanismos centroamericanos para limitar esos abusos, aun esas entidades financieras de la integración centroamericana deberían endurecer el apoyo destructores como Ortega y no ser cómplices.
Publicista y ambientalista/Chmendia