Fue un hecho novedoso cuando el sistema bancario salvadoreño dio la bienvenida a las tarjetas de crédito. Una gran ayuda para la economía familiar, para estirar un poco más el ingreso mensual, para usar cuando al final del mes, el efectivo y la exigua cuenta del banco se agotan. Para las personas responsables, la tarjeta de crédito es un apoyo para paliar necesidades imprevistas, entendiéndolo como un crédito, con vencimiento a 30 días, que debe pagarse en su totalidad para no caer en altos intereses moratorios.
Pero para otro segmento de la población, el concepto de pagar con tarjeta tenía otras connotaciones. Se podía comprar todo aquello para lo que no alcanzaba el sueldo, se pagaba el mínimo a fin de mes, y se seguía acumulando deuda. Incluso se solicitaban dos o más tarjetas, pa´ lo que se ofrezca. Era tan fácil conseguirla, que muchos ingenuos se sorprendían al recibir el cobro a fin de mes, alegando que ya lo habían pagado con tarjeta.
Estas anécdotas del diario vivir es lo que actualmente está ocurriendo con el gobierno de NI: Bukele ha topado la tarjeta del país. La deuda ha alcanzado niveles históricos, a tal grado que están cerrados los mercados internacionales para lograr financiamiento, y el presupuesto general de la nación sufre con demasiada frecuencia cambios y modificaciones para “diferentes y emergentes obligaciones generales del Estado” que es el común denominador que se da a cada movimiento o emisión de títulos valores.
Ante la imposibilidad de conseguir más dinero en instituciones financieras internacionales, el bukelismo ha obligado al sistema bancario nacional a disminuir el encaje legal, (respaldo que los bancos mantienen en el Banco Central, para seguridad de los fondos de sus ahorrantes) y a otorgarle préstamos, que se pagan y se vuelven a adquirir, (roll over) muchos de los cuales van destinados a gasto corriente, y no para inversión en infraestructura, salud, educación, medio ambiente, agricultura y tantas otras necesidades de nuestra gente.
La tarjeta de crédito del gobierno está topada y NI ha recurrido a toda clase de artimañas para no caer en impago. La última solución de salvataje fue reformar la Ley de Pensiones, para permitir al estado retirar, de los recursos de los afiliados a las AFP, cantidades ilimitadas y a no pagar durante 4 años, los $500 millones anuales que les debe en concepto de intereses por los millones de dólares que el GOES se ha apropiado y son la causa de las miserables pensiones de que gozarán los futuros jubilados.
Esta semana, la bancada cian aprobó la emisión de títulos valores, destinados a atender obligaciones generales del estado, que no se detallaron. También CAPRES solicitó la aprobación de $11.1 millones de refuerzo para remuneraciones para su personal, entre agosto y diciembre. ¿Serán nuevas contrataciones? Porque según el presupuesto aprobado para este año, a CAPRES se le asignaron casi $1,000 millones para su funcionamiento de todo el año, pero no les alcanzó. Según los diputados de NI “esta Asamblea siempre brindará gobernabilidad al Presidente Bukele, para que tenga las herramientas jurídicas y financieras para ejecutar cada uno de los programas y proyectos”. Pero esta ridícula excusa, no explica cuáles son esos programas y proyectos que durante esta administración se han tragado miles de millones de dólares, sin que a los ciudadanos se nos permita saber en qué se han usado esos fondos, que han salido de nuestros impuestos y deberán pagar las futuras generaciones.
Las relaciones con China Popular no han sido beneficiosas ni generado beneficios económicos, según cifras de intercambio comercial: En el primer semestre de 2023, importamos de China $1,123 millones, pero solo exportamos $5.4 millones. Mal negocio a pesar de la biblioteca, el estadio y otras maravillas aún no vistas.
Maestra.