Por El 15 de agosto la Universidad Centroamericana (UCA) en Managua, Nicaragua, confirmó que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo giró un “oficio” en su contra por el delito político de “terrorismo”, con la “incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera”.
Una jueza notificó sobre la acusación penal a las autoridades de la universidad jesuita este 15 de agosto. El comunicado emitido por la UCA detalla que el oficio fue girado en la tarde del martes por el Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua, a cargo de la jueza Gloria María Saavedra Corrales.
De esta manera el régimen concluye la confiscación de facto del recinto, después de inmovilizar sus propiedades, congelar cuentas bancarias y revocar la acreditación de su Centro de Mediación. El oficio alega que la UCA funcionó “como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales.
El oficio girado por Saavedra Corrales ordena que “la incautación de todos los bienes descritos sea a favor del Estado de Nicaragua que garantizará la continuidad de todos los programas educativos”.
En la última semana, a través de varios correos electrónicos a su comunidad educativa, la universidad informó que estaban realizando “gestiones pertinentes para superar obstáculos y contratiempos que afectan nuestro funcionamiento ordinario”.
Al ser notificados el 15 de agosto, los directivos universitarios decidieron durante la madrugada de este miércoles realizar una reunión con el personal para informar la decisión de la dictadura. Luego de esa asamblea emitieron el comunicado a toda la comunidad educativa.
Varios directivos del alma mater salieron de inmediato de Nicaragua. Algunos sacerdotes jesuitas se mantuvieron en su casa de Villa El Carmen, en Managua, pero también por orden del régimen tuvieron que salir de ahí el domingo 20 de agosto.
En febrero de 2022, el diputado oficialista Wilfredo Navarro señaló a la UCA de “terrorista” y de no estar “al día” con el Ministerio de Gobernación. “La UCA que es un centro de terrorismo, aún actual, de desinformación y de promoción de violencia; no está al día con el Ministerio de Gobernación. No tiene sus requisitos, aunque se les ha dado cuatro veces prórroga”.
Con esta orden judicial la UCA queda confiscada y pasará, como otras 26 universidades privadas, a manos del régimen Ortega-Murillo que ha desarticulado el pensamiento crítico en Nicaragua.
Las justificaciones para los cierres de las universidades van desde acusaciones por lavado de dinero, “falsear información”, no reportar estados financieros y no inscribirse como agentes extranjeros. En los últimos meses, las justificaciones son que la oferta académica es inconsistente o que no tienen infraestructura adecuada. Ahora se suma esta modalidad de “terrorismo”.
La comunidad universitaria de la UCA está integrada por más de 5, 000 estudiantes y 546 docentes, según datos actualizados por el Consejo Nacional de Universidades.
El control en las universidades es uno de los blancos del Frente Sandinista. Las primeras medidas fueron expulsar a cientos de estudiantes y eliminar sus registros académicos, aumentar la vigilancia en los recintos públicos, a través de la Unión Nacional de Estudiantes, el brazo sandinista en las universidades públicas.
Desde abril de 2018, la represión del régimen contra la UCA incrementó, como represalia después del papel que jugó la institución y sus estudiantes en la rebelión en Nicaragua. El régimen, primero intentó asfixiarla económicamente y luego la acosaba mediante auditorías.
El exrector, José Idiáquez, y el vicerrector, Jorge Huete, fueron desterrados el año pasado, al negarles la entrada al país. A la cabeza de la institución quedó el padre Rolando Enrique Alvarado López, el actual rector de la UCA.
Abogada y defensora de derechos humanos.