Por PUESIESQUE…como es de sobra conocido, desde el 1 de mayo de 2021 (1M/2021) en El Salvador existe un régimen de facto, de hecho: esto es así porque si bien la actual administración presidencial ya había mostrado su perfil autoritario (invasión a la Asamblea Legislativa, detenciones ilegales durante la pandemia), desde el 1M/2021 se despojó de cualquier careta democrática y quedó al desnudo como lo que es, una DICTADURA.
No debe olvidarse que la democracia no se limita ni se reduce a la votaciones periódicas, ni tampoco a la llegada al poder por medio de elecciones, sino que para la existencia de un sistema constitucional y democrático, son indispensables, por una parte, la división del poder y, por otra parte, el respeto a los derechos fundamentales de las personas.
En efecto, escrita hace más de doscientos treinta años, una frase condensa la importancia de la división del poder y de los derechos de las personas, pues en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se consignó: “Toda sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de lo derechos y determinada la separación de los poderes carece de Constitución”.
Por ello, la acumulación del poder político en una sola persona, que es lo que ha sucedido en el país desde el 1M/2021, convirtiendo a la Asamblea Legislativa (AL) en un circo de mal gusto repleto de nayibzombies, y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en una colección de usurpadores y sumisos, es lo contrario a un sistema democrático, republicano y constitucional.
Ahora bien, no se trata de defender ideas o instituciones por el mero hecho de conceptos, sino que la acumulación del poder en una sola persona es un PELIGRO para los habitantes de país; y, sobre todo, dada la tendencia de toda dictadura a profundizar y extender la represión, la acumulación de poder y la búsqueda de perpetuarse en el mismo, los regímenes autocráticos como el salvadoreño buscan ocultar la realidad nacional y se esconden detrás de una intensa e inmensa propaganda.
Por ello es que la dictadura salvadoreña oculta -sea guardando silencio, sea negando el acceso a información pública- las tres características que la definen: CORRUPCIÓN, CRIMINALIDAD e INCAPACIDAD.
CORRUPCIÓN. Es impresionante la camándula de actos de corrupción que se han denunciado respecto de la administración del bukelato, pero ni existe investigaciones estatales sobre tan oprobiosas acciones y, sobre todo, se oculta la información sobre gastos estatales. Recordemos, brevemente, algunos ejemplos:
- compras a sobreprecios durante la pandemia;
- gastos millonarios en casetas de vacunación y en la construcción de un megavacunatorio, que primero se dijo que sería el hospital más grande América Latina, con mil UCI y ahora es una supuesta oficina administrativa, pero que parece bodega;
- gastos millonarios y sin control en compra de bitcoins;
- gastos millonarios en compra de cajeros y casetas bitcoins, que ahora solo sirven para que se resguarden animales callejeros;
- hurto y venta de alimentos destinados a personas afectadas por la pandemia;
- uso de personas privadas de libertad para trabajos en terrenos privados, en una manifestación de esclavitud en el siglo XXI;
- espionaje telefónico a periodistas;
- contratación y beneficios para familiares, en una demostración del más vulgar nepotismo; y, podríamos seguir con muchos más casos.
Recordemos que se recurre a la opacidad en la gestión de los fondos públicos porque se necesitan esconder los datos, lo que significa que existe corrupción.
CRIMINALIDAD. Investigaciones periodísticas y, sobre todo, pesquisas de los Estados Unidos -que ya se están llevando a tribunales federales-, demuestran que el actual régimen del bukelato ha negociado con líderes pandilleros, al extremo que se ha impedido la extradición de algunos de ellos.
Pero el perfil criminal de la dictadura se muestra, sin pudor, con la masiva violación de derechos humanos bajo la excusa del régimen de suspensión de derechos constitucionales, llegando al extremo que expertos de las Naciones Unidas han denunciado la existencia de prácticas como capturas masivas por cuotas; capturas sin orden judicial; capturas por simples sospechas, por denuncias anónimas o porque el joven parecía “nervioso”; torturas en el interior de centros penales; muertes dentro de los centros penales, sin informar a las familias y ocupando fosas comunes; la desaparición de personas capturadas por la Fuerza Armada o por la Policía Nacional Civil; la detención de líderes comunitarios; etcétera.
Estoy seguro que todos los involucrados en semejante barbarie deberán enfrentar la justicia, tanto los ejecutores materiales como quienes lo ordenaron y quienes lo permitieron.
Seamos claros: la lucha contra las pandillas es una obligación del gobierno, pero para ello no se necesitaba de la captura de miles de inocentes (como el mismo régimen lo admite), ni una práctica generalizada de torturas y desapariciones, ni la extinción del debido proceso, que ha implicado la aplicación de medidas fascistas, como desaparición del derecho de defensa y la implantación de jueces sin rostro.
INCAPACIDAD. El bukelato está cumplir por cumplir cuatro años, pero no ha sido capaz de dar ni siquiera pequeños pasos en la procura de solución de los problemas más agobiantes que sufre la población más vulnerable, como son el acceso a salud (poner luces led en la entrada de hospitales no cuenta), que se refiere a la disponibilidad de infraestructura clínica y hospitalaria (ni empiezan el nuevo Hospital Rosales) y acceso a medicinas; la seguridad alimentaria (al contrario, se denuncia la inexistencia de alimentos para los niños de las escuelas públicas); construcción de infraestructura necesaria para el desarrollo (después de cuatro años, la central hidroeléctrica El Chaparral sigue sin funcionar, pero siguen pagando millones de dólares).
Así que, si lo queremos resumir y decirlo más claro, el bukelato es el régimen de las tres C: corrupto, criminal y chambón.
Por todo ello es que la dictadura es un peligro para la vida de los salvadoreños y, por lo tanto, LA DICTADURA -EL BUKELATO- NO DEBE CONTINUAR, pues de prolongarse, profundizará su actuar criminal, corrupto e incompetente.
Abogado constitucionalista.