Por El Salvador es una república donde todos tienen las mismas prerrogativas y nadie está sobre la ley, todos son iguales y nadie, absolutamente nadie es de categoría inferior. Así está escrito en la Constitución, pero sabemos que en la práctica hay muchos retos y esto no se cumple en su totalidad.
Hay desigualdades que son fácilmente reconocibles, como la pobreza o las discapacidades físicas. Nadie, en pleno siglo XXI, se atreve a refutar que esas características son una desventaja para el desarrollo pleno de la persona y que hay que erradicar las barreras que les limitan. Sin embargo, condiciones como la orientación sexual de una persona parece ser una desigualdad que no todos reconocen y, peor aún, se centran debates en la palestra pública de la razón que la origina.
Desde 1990, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. A 32 años de este hecho, la población LGBTI+ sigue enfrentando cuestionamientos sociales que desvían la atención de lo que realmente debería ser importante: entender que un homosexual, bisexual, lesbiana, queer, intersexual, transexual o transgénero es una persona que tiene los mismos derechos que un heterosexual, pero que esa condición condena a la discriminación sistemática.
Si la vida fuera una carrera, todos tendríamos que salir desde el mismo punto para competir por llegar a la meta. Pero las personas LGBTI+ tienen una gran desventaja en esta competencia. Desde la infancia se enfrentan con la familia, las instituciones religiosas, el sistema educativo y hasta sus círculos más cercanos como las amistades. Estos entornos se vuelven, cuanto menos, apáticos a la diversidad sexual.
A pesar de que en el papel todos tenemos los mismos derechos, siguen existiendo barreras invisibles (o a veces bastante claras) para la población sexualmente diversa. ¿Cuántos de ustedes han sido atendidos en un establecimiento comercial por una persona transgénero? Yo, nunca. El acceso al empleo de estas personas es un ejemplo claro de la falta de oportunidades.
Esta población se ve condenada a los trabajos informales que les condenan a oficios de riesgo, como el trabajo sexual. Cientos de personas transgénero marcharon esta semana hacia la Asamblea Legislativa para recordar sus luchas, como parte de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, transfobia y bifobia (IDAHO, por sus siglas en inglés). Una de las luchas es la aprobación de una Ley de Identidad de Género. Es decir, un mecanismo que garantice que esta población pueda cambiar su nombre a uno acorde a su expresión de género autopercibida. Esta necesidad surge, principalmente, para que puedan acceder a derechos fundamentales, como la educación, salud o un empleo digno.
El contar con ese nombre es importante porque al buscar el ejercicio de esos derechos se enfrentan con arbitrariedades y funcionarios que les cuestionan, se burlan en forma sutil (o a veces deliberadamente) de su condición y, finalmente, les niegan el derecho con el argumento de su falta de identidad. Por eso no es verdad que las personas LGBTI exigen derechos que “ya tienen”, como alegan algunos. El Estado salvadoreño en su conjunto (y no solo el actual gobierno) tiene una deuda grave con esta población.
Cientos de mujeres transgénero han muerto en forma violenta en los últimos años. Las razones de esas muertes son diversas y complejas, pero en la mayoría de casos los crímenes quedan en la impunidad porque las fuerzas de seguridad prejuzgan la condición de estas personas y el sistema judicial no aplica, por ejemplo, la reforma del Código Penal de 2015, donde se incluye el odio hacia la orientación sexual como agravante de un asesinato.
Este 2022, los salvadoreños debemos elegir entre seguir viendo con indiferencia a una población excluida y discriminada o abrir los espacios y oportunidades que garanticen la verdadera igualdad para las personas LGBTI+. No deberíamos permitir más muertes por odio en impunidad para dejar de ver con apatía o frialdad a esta población.
Las diputadas de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género tienen el reto de quitar las barricadas a la discusión sobre la segunda iniciativa de Ley de Identidad de Género que recibieron en agosto de 2021 y que hasta ahora, solo han puesto en agenda, pero no han dado muestra alguna de querer superar la apatía sobre las desventajas que enfrentan las personas trans, la cara más visible de las poblaciones LGBTI.