Por En el mes dedicado a la madre, un grupo de mujeres salvadoreñas se integran junto con hondureñas y guatemaltecas a una caravana de madres de personas migrantes desaparecidas durante su trayecto hacia Estados Unidos. También en mayo, madres de personas detenidas injustamente durante la vigencia de un Régimen de Excepción por 60 días, presentan colectivamente Habeas Corpus ante la Corte Suprema de Justicia porque no saben de sus hijas e hijos desde que sufrieron las detenciones. Es en mayo, además, que se cumple un año del hallazgo de un cementerio clandestino en la población de Chalchuapa donde el expolicía Hugo Ernesto Osorio habría sepultado los restos de no menos 37 personas que se encontraban desaparecidas.
La caravana cruza el río Suchiate hacia la capital mexicana donde están programadas actividades en el Senado mexicano para reclamar a las autoridades que les informen sobre si hay avances al respecto de las denuncias que presentaron por sus familiares desaparecidos. Durante 16 años de realizarse esta actividad han sido localizadas con vida 316 personas migrantes desaparecidas, pero todavía hay más de 2 mil migrantes sin localizar. “Hasta encontrarlos” dice una madre representante de los grupos que organizan esta marcha cada año.
“¡Mi hijo va a morir encarcelado y ellos van a tener la culpa!”, gritaba en el municipio de Lourdes la madre de Christian Alexander Machado, un joven autista que sin verificación previa fue detenido por soldados y policías que deben cumplir una cuota diaria de capturas. En respuesta, un supuesto usuario de Twitter escribe: “verdad que era más fácil cuidar a los hijos que verlos ahora presos, sinvergüenzas estas viejas”. Cientos de madres permanecen bajo la lluvia frente a centros de detención aguardando tener noticias sobre la situación de sus familiares detenidos. Han sido conocidos al menos 5 casos de personas capturadas desde el Régimen de Excepción que han muerto en prisión bajo circunstancias sospechosas, como la muerte del joven músico Elvis Josué Sánchez, remitido al penal de Izalco sin pruebas de la acusación de asociaciones ilícitas. Las autoridades aseguraron a la madre de Elvis que no habían realizado la autopsia respectiva por muerte por covid19, sin embargo, el cadáver presentaba evidencia de golpes y lesiones que fueron verificadas por expertos independientes.
Agobiada, una abogada de la Procuraduría General de la República afirma que tramita diariamente decenas de casos con expedientes médicos, certificaciones de estudios, compraventa de bienes y constancias de trabajo que comprueban que las personas detenidas trabajan, estudian, son comerciantes o padecen enfermedades crónicas que deben ser atendidas inmediatamente. Sin embargo, los operadores judiciales ni siquiera leen los documentos y prácticamente de manera automática remiten a prisión por meses a quienes ya han estado, sin prueba alguna, dos semanas privadas de su libertad. Para esta procuradora, del total de personas detenidas, bien podría decirse que al menos la mitad son inocentes. Hasta el día de hoy, suman ya casi 27 mil las detenciones efectuadas dentro del Régimen de Excepción.
Un año después, mujeres llegan a Chalchuapa y hacen una oración frente a la casa, ahora sin custodia, en caso los restos de su hija o hijo pudieran encontrase en el lugar. Al menos 27 del total de cuerpos oficialmente reconocidos no fueron identificados por el Instituto de Medicina Legal y judicialmente el caso ha sido declarado en reserva. En el 2021, 488 casos de personas reportadas como desaparecidas siguieron sin resolverse por parte de las autoridades, más del doble de casos no resueltos en el 2020. Tan solo en el 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó 1 mil 192 personas desaparecidas.
“La policía nunca nos da respuestas”, denuncia María Elsa Rauda, madre de Oscar Arévalo, desaparecido desde enero del presente año, quién afirma seguir en su búsqueda con el deseo de “por lo menos encontrar los cuerpos de nuestros hijos’’. “Yo voy a ir a poner una demanda… no pienso quedarme de brazos cruzados", advierte María Gallegos al referirse al asesinato ocurrido el pasado mes de abril de su hijo Óscar Alfredo Pocasangre, quien fue detenido por la policía pese a mostrarse documentación que demostraba que estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Óscar fue remitido al penal “La Esperanza” en Mariona, lugar donde fue víctima de una golpiza. Por su lado, marchando en caravana hacia México, Lucía Rivas, madre de Adonay, plantea que “Lo que quiero es irlo a buscar a Tijuana”. Su hijo es un joven migrante de 22 años de edad con quien ha perdido contacto desde mayo del año pasado.
Madres de desaparecidos, asesinados y detenidos arbitrariamente en contextos de violencia, migración forzada y arbitrariedad estatal cruzadas de injusticia. Marcadas por la indiferencia, negligencia, estigma e irracionabilidad de las autoridades. Podemos escuchar sus voces y debemos sumarnos a ellas, identificando en cada una el profundo dolor que las llena, pero que también las mueve. Ese dolor común que las une, ese dolor común que las fortalece y las convierte en una sola.
Especialista en Derechos Humanos.