Por A iniciativa del presidente de la República fue aprobada la prórroga al régimen de excepción en el país, las autoridades aluden a que los primeros 30 días fueron exitosos después de más de 16,000 detenidos, personas que se encontraran privadas de libertad hasta estar a la orden de los jueces para que dictaminen su permanencia o no dentro del sistema penitenciario.
Son miles de personas que hoy por hoy se encuentran dentro del sistema judicial y que después pasarán al sistema penitenciario, es decir a depender del estado en gran medida, un gran gasto para el Estado que no utilizará en salud, educación, programas sociales, programas de atención a grupos en situación de vulnerabilidad o para programa de prevención de la violencia, una fórmula fallida que ya fue utilizada por gobiernos anteriores.
Hemos visto en las noticias y en cuentas institucionales las diferentes fotografías de las capturas que se ha hecho, su masividad, la presencia de símbolos alusivos que tienen los detenidos, ahora con las reformas a la legislación estas imágenes no pueden ser reproducidas sin retoque o sin ocultar de alguna manera estos símbolos puede constituir delitos.
Muchos casos también han sido ventilados y denunciados en redes sociales con el ánimo que liberen a estas personas, pero esto para los que tienen la suerte de contar con una red de apoyo, pero la gran mayoría, la inmensa mayoría no la tiene, quiere decir que su destino será continuar privados de libertad por un largo tiempo, aunque su detención haya sido arbitraria, aunque una detención haya sido un error.
Como hemos dicho a las abogadas y abogados los que nos preocupa es la vulneración de derechos humanos tales como el derecho de defensa y el del debido proceso, derechos inalienables de todas las personas, derechos humanos que no son invento de algunas personas, sino que nos pertenecen a todas/os.
Muchas organizaciones de derechos humanos están recibiendo diferentes denuncias, solicitudes de asesoría para obtener información de sus familiares. Se ha denunciado también casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes que han llegado hasta la muerte de algunas personas capturadas durante el régimen de excepción.
Estas actuaciones han llevado a encontrar reproches a nivel nacional e internacional, nuestro país es firmante de diferentes tratados y convenciones relativas a los derechos humanos, para El Salvador salir mal evaluado en el cumplimiento de estas, constituye un gran peligro de ser señalado oficialmente como un país donde no se respetan los derechos humanos, y es más donde se violan. Esto podría llevarnos a un aislamiento internacional y en el peor de los casos la no aprobación de préstamos o donaciones si no se da cumplimiento a los instrumentos internacionales.
Otra de las situaciones que se han dado es la inescrupulosa actitud de algunos abogados defensores particulares que están cobrando altas cantidades de dinero por ejercer la defensa de personas detenidas durante el régimen de excepción, atreviéndose incluso a prometer que lograrán su liberación, práctica, además de peligrosa para los intereses de las familias, una afrenta a la ética profesional del gremio.
Una de los grandes aportes que pueden dar las organizaciones no gubernamentales en este momento es documentar los casos, es decir, guardar en la memoria escrita la descripción de estos casos donde han existido vulneraciones, zonas, edades y que después podrán ayudar a realizar estudios, análisis y también a recordar de manera ordenada y sistemática datos de los diferentes casos para que esta época de arbitrariedades no suceda más en el país. Como se dice: “Pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla”.
Abogada y defensora de los derechos humanos.