Por La CIDH llevó a cabo una audiencia sobre la situación general de los Derechos Humanos en El Salvador, en la que organizaciones no gubernamentales denunciaron que en las cárceles han muerto unas 265 personas bajo custodia del Estado y reportaron violaciones a derechos de activistas, periodistas y personas privadas de libertad, lo cual fue rechazado por el Estado.
Las organizaciones expresaron su preocupación por el deterioro de la democracia y de la independencia judicial, falta de reconocimiento de estos problemas por parte del Estado y señalaron la vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, como la criminalización y estigmatización de personas defensoras y periodistas.
Sobre la versión del Estado de El Salvador, este rechazó las declaraciones de la sociedad civil y manifestó su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos, así como con la justicia y reparación para las víctimas de las pandillas.
El Estado afirmó que en los centros penales se está cumpliendo con todos los estándares internacionales, el organismo internacional reconoció la participación del Estado y valoró la información precisa proporcionada por las organizaciones, hizo un llamado para que el diálogo continúe dentro del marco de una democracia fortalecida y el Estado de derecho.
Durante la audiencia celebrada al cierre del 190 periodo de sesiones de la CIDH, las organizaciones no gubernamentales denunciaron, entre otras cosas, la instalación de programa Pegasus entre julio de 2020 y noviembre de 2021 en teléfonos de periodistas y activistas de derechos humanos.
Reportaron 693 casos de agresiones contra periodistas entre 2020 y 2023, vigilancia y detenciones contra defensores comunitarios y 32 casos de detenciones, ataques contra mujeres periodistas, retrocesos en materia de género, dificultades en inscripciones de personerías jurídicas, acoso de la Corte de Cuentas, Ministerio de Gobernación y Ministerio de Hacienda, entre otros.
Consideran urgente garantizar la independencia judicial, la selección de funcionarios idóneos, abstenerse de actos discriminatorios, cumplir con medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que responsabilizan al Estado salvadoreño por actos cometidos en el conflicto armado, detener los discursos y acciones estigmatizantes contra defensores de derechos humanos.
Otra denuncia presentada ante el organismo internacional por parte de las organizaciones sociales es que en las cárceles han muerto unas 265 personas bajo custodia del Estado. Sobre este último señalamiento, el comisionado presidencial para los derechos humanos y libertad de expresión, Andrés Guzmán Caballero, dijo que las personas privadas de libertad “como en cualquier sociedad, mueren, se enferman”.
La canciller Alexandra Hill rechazó violaciones a derechos humanos contra defensores de derechos humanos, periodistas y personas privadas de libertad denunciadas. “Luego de escuchar las intervenciones que me han antecedido, debo iniciar rechazando de forma categórica y contundente las aseveraciones que muy alejadas de la realidad y de manera poco infundada se han expresado en esta audiencia”, dijo.
La canciller externó que “le preocupa conocer que las organizaciones en esta audiencia están promoviendo una instrumentalización política, una mala práctica dañina para todos, una práctica que el mismo pueblo salvadoreño les dijo a los actores políticos “ya no más”, dándoles un clarísimo mensaje de que estos patrones ya no tienen cabida en el nuevo El Salvador que estamos reconstruyendo con todos, por todos y para todos”.
La delegación de alto nivel del gobierno estuvo integrada por la canciller Alexandra Hill; el comisionado presidencial para los derechos humanos y libertad de expresión, Andrés Guzmán; el presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Quinteros; el secretario de la Sala de lo Constitucional; el procurador general de la República, representantes de la Fiscalía e “instituciones del Órgano Ejecutivo vinculadas con este tema”, entre otros.
Abogada y defensora de derechos humanos.