Por La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó a Honduras por la destitución arbitraria e ilegal de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2012, luego de que emitieran fallos contrarios a proyectos de Gobierno del entonces presidente Porfirio Lobo.
La CorteIDH pronunció el lunes 1 de abril de 2024 una sentencia en la que declaró la responsabilidad internacional de Honduras por la “destitución arbitraria e ilegal” de José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira de sus cargos como magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La Corte internacional determinó que el Estado es responsable por la violación al derecho a las garantías judiciales, al principio de legalidad, a los derechos políticos, a la protección judicial, al derecho al trabajo y a la integridad personal.
El caso del 2012, cuando los magistrados declararon inconstitucionales iniciativas del Gobierno para crear las "ciudades modelo" y la "Ley de depuración policial", generando presiones y hostigamiento por parte de autoridades gubernamentales, incluido el presidente del país, Porfirio Lobo.
El Congreso creó una comisión especial para investigar el comportamiento de los magistrados el 10 de diciembre de 2012, al día siguiente emitió un informe y horas después, la madrugada del día 12, el Congreso destituyó a los magistrados sin permitirles defenderse. Los magistrados también relataron que tras su destitución sufrieron persecución, hostigamiento y atentados.
El fallo agrega que esa desviación de poder "tuvo por propósito, además, ejercer una presión externa sobre el Poder Judicial, modificando su configuración con el fin de garantizar su apoyo futuro a las decisiones impulsadas por el Poder Ejecutivo".
En la audiencia por este caso ante la CorteIDH, celebrada en febrero de 2023, la secretaria general de la Procuraduría de Honduras, Laura Flores, dijo que el 27 de enero de 2022, en el discurso de toma de posesión, la presidenta del país, Xiomara Castro, reconoció que "a lo largo de los años Honduras ha sido un Estado opresor y violador de los derechos humanos y que destituyó abruptamente a cuatro magistrados”, negó que el Estado sea responsable por violaciones a la integridad física de las víctimas, pues no recibió ninguna denuncia sobre agresiones, atentados o persecución.
En la sentencia notificada a las partes, la CorteIDH valoró el reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado y ordenó una serie de medidas de reparación. Destacando que el Estado debe hacer un acto público de reconocimiento de la responsabilidad, indemnizar a las víctimas y realizar cambios legislativos para evitar casos similares.
En nuestro país los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fueron destituidos el 1 de mayo de 2021 con votos de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, en la primera plenaria legislativa donde tuvieron la mayoría absoluta.
Abogados constitucionalistas de El Salvador han denunciado tanto a nivel nacional como internacional este hecho y consideran que la sentencia de la Corte IDH por el caso hondureño deja un precedente importante para el caso salvadoreño.
"En esencia la sentencia reitera y profundiza su constante jurisprudencia, de más de 15 casos, en los que se indican los requisitos que deben observarse para la destitución o cese de jueces, sobre todo lo de altas cortes o tribunales superiores. En la sentencia se indica que la destitución sin previo proceso, sin oportunidad de defensa, por causas no previstas previamente en la Ley o cuestionando las decisiones del Tribunal son una violación flagrante a la Convención Americana de Derechos Humanos", analizó el abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya.
Abogada y defensora de derechos humanos.