Por Si hablamos de Independencia Judicial en El Salvador debemos mencionar el 1 de mayo de 2021, el partido Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa destituyó y reemplazó de manera sumaria al fiscal general y a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, cada legislatura solo puede designar a 5 jueces de la Corte Suprema, esta ha designado a 10 de 15
En cuanto a transparencia y rendición de cuentas, la Asamblea Legislativa nombró a Roxana Soriano como presidenta de la Corte de Cuentas, institución responsable de la fiscalización de las finanzas públicas. Soriano se había presentado como candidata a diputada por el partido Nuevas Ideas, en internas de 2020.
La Asamblea aprobó una ley de compras públicas que limita el control sobre los “proyectos estratégicos de utilidad pública”, los cuales son definidos por el Consejo de Ministros. La ley obstaculiza la supervisión del gasto público e incrementa el riesgo de corrupción.
En junio de 2021, el fiscal general puso fin a un acuerdo de cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), un órgano que combatía la corrupción en el país con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El gobierno de Bukele ha debilitado el papel del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), entre otras medidas, al destituir a uno de sus miembros y reformar el reglamento interno del instituto para socavar su autonomía.
El aborto es ilegal en todas las circunstancias. Las mujeres y las niñas que viven en condiciones de pobreza se ven afectadas de forma desproporcionada. Algunas mujeres han sido condenadas a penas de hasta 50 años de prisión por cargos relacionados con el aborto, incluyendo por emergencias obstétricas.
La población LGBTIQ+ continúan siendo blanco de violencia homofóbica y transfóbica por parte de policías, pandillas y personas en general. En muchos casos, se ven obligadas a abandonar el país.
En febrero de 2022, la Corte Suprema ordenó a la Asamblea Legislativa crear un procedimiento para que las personas trans pudieran modificar su nombre legal de acuerdo a su identidad de género. Los legisladores no cumplieron el plazo de un año otorgado por la Corte y no han acatado la sentencia.
Durante el año fiscal 2023, Estados Unidos proporcionó más de US$100 millones de asistencia bilateral a El Salvador, orientados a fortalecer la gobernabilidad y la sociedad civil, así como para ayuda humanitaria de emergencia.
En julio de 2023, el Departamento de Estado de EE. UU, publicó un Informe sobre Actores Corruptos y Antidemocráticos, imponiendo sanciones a varios exfuncionarios del gobierno salvadoreño, incluyendo a dos expresidentes.
El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló una acusación contra líderes de la pandilla MS-13. De acuerdo con la acusación, el gobierno de Bukele protegió a líderes de la pandilla al bloquear su extradición y liberar a uno de ellos antes de que cumpliera su condena.
Diversos organismos y expertos de la ONU han expresado su preocupación por abusos cometidos durante el régimen de excepción. Tres expertos de la ONU afirman que el “prolongado estado de excepción conlleva el riesgo de violaciones masivas del derecho a un juicio justo”.
El Salvador anunció que ha estado renegociando un préstamo de US$1.300 millones con el FMI, estancado aparentemente a la adopción del bitcoin como moneda de curso legal, por el debilitamiento de la independencia judicial, la reducción de la transparencia y rendición de cuentas.
El BID aprobó más de US$1.300 millones para El Salvador para el período 2021-2024. El BCIE tiene 14 préstamos activos para El Salvador, con fondos aprobados por un total de más de US$1.600 millones.
Abogada y defensora de derechos humanos.