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La verdadera cárcel

Al salvadoreño promedio, incluso al que simpatiza con el gobierno, no termina de agradarle la idea de que El Salvador asuma una responsabilidad de este tipo, y menos tratándose de una organización delictiva con las características del Tren de Aragua.

Por Ramiro Navas

Seguramente un buen lector de literatura salvadoreña distinguirá el título de esta reflexión. Allá por 1971, desde las entrañas del exilio y la clandestinidad, Roque Dalton escribió un poema con este nombre. Una evocación a la soledad del destierro, pero también a la resistencia que florece en medio del abandono, con el estilo distinguible del poeta revolucionario y del arte militante de la época.

Es difícil no ponerle atención a tan lamentable paradoja: el pasado 21 de marzo, fecha que en los calendarios de efemérides se marca como el Día de la Poesía, El Salvador llevaba cinco días consecutivos siendo noticia mundial por haber recibido a 238 venezolanos deportados desde Estados Unidos, acusados de pertenecer a la banda criminal conocida como “Tren de Aragua”. Desde ese día permanecen recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la icónica cárcel que construyó el actual gobierno salvadoreño y que se ha convertido en el principal símbolo de su modelo de seguridad. Este traslado, producto de un acuerdo entre Donald Trump y Nayib Bukele, fue anunciado hace algunas semanas y ha generado múltiples reacciones en todo nivel, sobre todo en el extranjero.

Pero esta noticia también despierta inquietudes en la población salvadoreña. El CECOT, con capacidad para 40,000 internos, ya ha sido cuestionado por organizaciones nacionales e internacionales, tanto por la descomunal cantidad de recursos públicos que se gastaron en su construcción, como por todas las implicaciones humanas y jurídicas que conlleva la implementación de la ahora llamada “doctrina Bukele”, de la cual la megacárcel es un componente esencial. Al salvadoreño promedio, incluso al que simpatiza con el gobierno, no termina de agradarle la idea de que El Salvador asuma una responsabilidad de este tipo, y menos tratándose de una organización delictiva con las características del Tren de Aragua.

Con respecto a esta decisión, tomada por Estados Unidos casi por súplica de El Salvador, lo que está en juego no es solo logística carcelaria o acuerdos bilaterales, sino principios básicos de justicia y de derecho internacional. La utilización de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte de Trump para justificar estas deportaciones ha causado alarma en la región. Esta norma, originada en contextos de guerra, permite expulsar a personas sin debido proceso, y aplicarla hoy a migrantes acusados sin juicio sienta un precedente muy peligroso.

Aún más preocupante es la falta de pruebas sólidas que vinculen a muchos de los deportados con actividades criminales. Diversos reportes señalan que un porcentaje significativo no tenía antecedentes penales y fue capturado en redadas masivas, sin investigación previa ni derecho a defensa. Una vez más el Estado salvadoreño se convierte en el brazo ejecutor de un sistema que criminaliza sin juicio previo a los más excluidos, pero esta vez a una escala internacional.

Es por eso que, más allá del caso puntual, este episodio revela la esencia de lo que se ha dado en llamar el “modelo Bukele”: una estrategia de seguridad pública que se presenta como innovadora, pero que en realidad recicla las doctrinas más antiguas y autoritarias del hemisferio. En lugar de atacar las causas estructurales de la violencia (la desigualdad, la exclusión, la falta de oportunidades) se opta por una política de encierro masivo y espectáculo mediático. El encarcelamiento se vuelve no solo una herramienta de control interno, sino también una mercancía que puede exportarse en forma de servicios carcelarios al mejor postor.

Aunque haya muchos interesados en confundir, lo cierto es que ninguna persona sensata se opone a que su país sea un lugar más seguro. Sin duda es necesario un sistema penitenciario eficiente, para que las personas que cometieron crímenes paguen por ellos como corresponde en un Estado de Derecho. Y no, defender esta idea no significa “defender criminales”, sino lo contrario. La garantía del debido proceso es fundamental en un esquema pleno de seguridad ciudadana, pero no la seguridad de las armas y los garrotes, sino la seguridad de la convivencia humana, la justicia social y la dignidad.

Roque Dalton, que por su actividad política conoció varias veces el frío de las cárceles, seguramente habría llenado un libro entero para escribir sobre el CECOT. Y aunque nunca tuvo aura de profeta, quizá alguna fuerza providencial del exilio lo iluminó para prevenirnos, cincuenta años antes, de esta mega cárcel de 21 mil kilómetros cuadrados en la que pretenden convertirnos.

Siendo así, el mismo poeta nos dejó en los últimos versos una invitación siempre vigente, y sobre todo ahora:

Así confío en la potencia del abandono / o del alarido angustiado que permanecerá como prueba / de mi remota inocencia.

Menudo esfuerzo hice para tener fe tan sólo en el deseo / y en el amor de quienes no olvidaron / el amor y la risa.”   

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