Por Nuestra ignorancia nos arrebata el poder que una vez entregamos con fe a aquellos que juraron nuevas ideas para el pueblo y, hoy en día, buscan cambiar límites que deberían respetarse para el salvadoreño. Pero, bajo este contexto, debemos tener en claro algunos conceptos. Primeramente, cuando se hace un contrato de cualquier tipo, este incluye ciertas cláusulas que permiten que ambas partes tengan obligaciones o derechos. En la relación entre los ciudadanos y el Estado, según la teoría política, se realiza un contrato social. El pueblo cede cierto poder al Estado para que este tome la administración de un país. Este contrato contiene las llamadas cláusulas pétreas, estipuladas en la Constitución, que tienen como finalidad establecer límites al Estado. Estos límites protegen los valores esenciales de nuestra democracia. Es por esto que son y deben seguir siendo irreformables como lo establece el Artículo 248 de nuestra Constitución.
La Constitución presenta las reglas base bajo las cuales nos regimos tanto ciudadanos como funcionarios. Por ende, no se busca que la constitución sea constantemente cambiada, ya que su permanencia propicia un Estado estable y garantiza que sea respetada por generaciones. Si carece de dicha característica, da la impresión de ser una ley prescindible. Esto no significa que nunca se deba reformar o que una reforma es algo malo o indebido en sí mismo. De hecho, las reformas constitucionales son inevitables, pero no deben ser tomadas a la ligera. Y, definitivamente representan un problema cuando se busca modificar las cláusulas pétreas que nos garantizan los límites del Estado y que protegen los valores constitucionales de nuestro país.
Reformar por reformar nunca dará resultados favorables para la población. Sin embargo, parte del problema es que la ciudadanía ni siquiera está adecuadamente informada. Muchos desconocen el proceso de reforma constitucional o en qué consisten las cláusulas pétreas. Es por este desconocimiento que muchos apoyan una reforma constitucional sin saber qué se va a reformar y, en el peor de los casos, son indiferentes a dicha reforma. Todos estos conocimientos se deberían obtener antes de la universidad, antes de la mayoría de edad, con la finalidad de que tengamos ciudadanos votantes con las herramientas necesarias para tomar de manera informada las mejores decisiones. Es en esto en lo que se basa la democracia. No obstante, un pueblo informado y educado nunca es una buena inversión para un gobierno con tintes autoritarios.
Las reformas deben realizarse por abogados constitucionalistas capacitados para realizar tan importante trabajo. Del mismo modo, el pueblo debe conocer y, sobre todo, comprender perfectamente qué es lo que se está reformando. Solamente así una reforma constitucional puede considerarse legítima y democrática. Una reforma hecha bajo aguas, por personas inadecuadas para el cargo y bajo la ignorancia de la población debe condenarse por cualquiera de nosotros.
Estudiante de Ciencias Jurídicas
Club de Opinión Política Estudiantil (COPE)