Por El partido Nazi alcanzó el poder en Alemania por la vía democrática y luego lo utilizó para destruir la democracia. El resto de la historia es muy conocida: Alemania fue bombardeada, derrotada y dividida. A partir de tan desastrosa experiencia con el populismo totalitario los alemanes decidieron tomar medidas para la protección de la democracia. Unos años después de finalizada la guerra, redactaron una nueva constitución, conocida como Ley Fundamental, en la que establecieron las condiciones bajo las cuales un partido político puede ser declarado inconstitucional y, consecuentemente, prohibido.
Todo partido político que con sus objetivos o conducta de sus adherentes busca socavar o eliminar el orden democrático libre y pacífico, o persigue objetivos antidemocráticos, puede ser declarado inconstitucional. En un caso así, le corresponde al Tribunal Constitucional Federal decretar la inconstitucionalidad y anulación del partido político en cuestión. Pero los alemanes fueron aún más allá y crearon la Oficina Federal para la Protección de la Constitución en Alemania, conocida por sus siglas en alemán BfV. Esta es una agencia de inteligencia encargada de la seguridad interna y la protección contra amenazas a la democracia y el orden constitucional del país. Su trabajo es monitorear y prevenir actividades que puedan amenazar el orden democrático antes de que sea muy tarde.
La BfV está autorizada por ley a recopilar información sobre posibles amenazas a la democracia y al orden constitucional, lo que incluye la vigilancia de grupos extremistas, radicales o antidemocráticos, que se encuentran dentro o fuera de partidos políticos. Dado que tales intenciones rara vez son expresadas abiertamente, se hace necesario realizar un trabajo de inteligencia y para eso la BfV utiliza las herramientas para estos casos: vigilancia electrónica, vigilancia humana, vigilancia satelital, recolección de señales, operaciones encubiertas, análisis de redes sociales, Big Data, criptoanálisis, imágenes y videos.
Como puede comprenderse, la BfV es totalmente técnica y alejada de la influencia de los partidos políticos. Para lograrlo, opera como una agencia separada de las influencias políticas directas y está sometida a supervisión judicial. Posee un marco legal claramente establecido que la protege de presión y utilización políticas. Depende del Ministerio del Interior y sus investigaciones no implican automáticamente acusaciones o juicios contra partidos políticos en general. Esa es una tarea que le corresponde a los órganos de justicia, que también funcionan de manera independiente. De esa manera, se procura que la recopilación y el uso de la información se realice de manera ética y respetando los derechos fundamentales, de otra manera, la vigilancia podría generar preocupaciones sobre la privacidad y los derechos ciudadanos. La idea principal es la de facilitar alertas tempranas sobre posibles riesgos y ayudar en la toma de decisiones para prevenir amenazas a la democracia.
La información recopilada por la BfV puede conducir incluso a la cancelación de un partido político o a la captura de individuos. Pero eso no es algo que pueda ocurrir con facilidad, son procesos complejos que están sujetos a la ley y para los cuales se deben coordinar las instancias legales y judiciales correspondientes. Cualquier medida que se tome debe ajustarse a los principios del estado de derecho y respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Debido a que el trabajo de la BfV se lleva a cabo en el ámbito de la inteligencia y la seguridad nacional, gran parte de sus actividades son confidenciales y ciertos detalles de las investigaciones permanecen secretas. No obstante, la agencia rinde cuentas ante las autoridades pertinentes y la ciudadanía en la medida que sea compatible con la seguridad nacional.
La existencia, el mandato y las actividades de la BfV pueden parecer excesivas, pero basta con recordar la experiencia nazi y su secuela de la Segunda Guerra Mundial para comprender el celo de los alemanes en sus esfuerzos por conservar una democracia estable. La protección del orden democrático es parte del esfuerzo de la posguerra para construir instituciones que garanticen la estabilidad y la convivencia pacífica. No más intolerancia ni totalitarismos.
Son sabios los pueblos que aprenden las lecciones de la historia y hacen todos los esfuerzos posibles para evitar su reedición. Los pueblos que no aprenden de las experiencias del pasado, como tantas veces se ha dicho, están obligados a repetirlas.
Pastor General de la Misión Cristiana Elim.