Por Aprobada por la Asamblea Constituyente el 16 de diciembre de 1983, entró en vigencia cuatro días después, el 20 de diciembre de 1983. Desde nuestra historia constitucional, hemos tenido al menos 5 Constituciones federales (1824, 1835, 1842, 1898 y 1921) y 13 Constituciones unitarias (1824, 1841, 1864, 1871, 1872, 1880, 1883, 1886, 1939, 1945, 1950, 1962 y la vigente de 1983). Decir que ha sido más fácil cambiar de Constitución, que reformar el Código Civil, lo que habla mucho de cómo nuestros políticos conciben la Constitución, reformándola a su antojo, cuando sus reglas se convierten en camisa de fuerza y ya no se ajusta a sus pretensiones del poder, y necesitar hacerle no remiendos o ajustes, sino sustituirla por otra, bajo el argumento de los franceses que un pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar su Constitución; y que una generación no puede someter a sus leyes a las generaciones futuras. Por el contrario, tenemos una Constitución estadounidense que data de 1787, sin que haya sido abrogada y reemplazada por otra, siendo la Constitución vigente con más larga data de existencia.
Nuestra Constitución se caracteriza por ser antropocéntrica, que coloca a la persona humana como origen y fin de la actividad del Estado, tiene pretensión de vigencia, se caracteriza por ser semi rígida, pues permite las reformas, salvo lo que considera cláusulas pétreas y que no permiten reforma: (1) La forma y sistema de gobierno, (2) el territorio de la República y (3) la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.
Desde entonces, nuestra vigente Constitución ha tenido al menos 25 reformas, las primeras para facilitar la transición del conflicto armado a la paz, modificar atribuciones y competencias de los órganos de gobierno, al proceso de formación de ley, fortalecer la independencia judicial; luego vendría el bloque de reformas producto de los acuerdos de paz (Entre las más relevantes, reformas en la Fuerza Armada, creación de la Policía Nacional Civil, reformas al sistema judicial y derechos humanos, creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), reformas al sistema electoral y creación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre otros); y más adelante, otras que modificaron el orden socioeconómico, reconocieron derechos y modificaron atribuciones y competencias, dentro de las últimas, las que autorizan las intervenciones telefónicas para la investigación del delito, bajo control judicial; y además, las que reconocen los derechos de los pueblos indígenas.
Sin embargo, lamentablemente, hemos de reconocer que hoy por hoy, nuestra Constitución se encuentra en sala de cuidados intensivos, sostenida mecánicamente, y a un paso de ser trasladada a la morgue, junto a la República y la democracia, con el grave riesgo de consolidarse el régimen dictatorial, despótico y tiránico que gobierna en la actualidad.
Apoyado en una fuerte maquinaria mediática que desacredita toda voz que no comulgue con sus ideas, el régimen logró concentrar y consolidar el ejercicio de la fuerza militar y policial, a la que se sumó la fuerza de las mayorías adormecidas y dominadas por la propaganda y publicidad, y con ello, se ejecutó un plan para aniquilar la Constitución de la República, el Estado de Derecho, la separación de poderes, el debido proceso y los derechos humanos; y con ello, la transparencia y rendición de cuentas, logrando consolidar el poder financiero sobre el Estado, llevando a cabo reformas legales que promueven la opacidad e institucionalizan la corrupción.
La remoción de los magistrados de la SalaCn el 1 de mayo de 2021 (remoción sin base constitucional, ni legal; en violación al derecho de audiencia y defensa, y en violación al derecho humano de los habitantes a contar con b una SalaCn independiente), la desobediencia al mandamiento judicial 1-2021 que anuló su proceso de remoción, el nombramiento de magistrados fuera de la Lista del CNJ que prevé el artículo 186 inciso 3° Cn.; la habilitación de la reelección presidencial inmediata por medio de un auto interlocutorio de sobreseimiento definitivo en el proceso de pérdida de derechos de ciudadano; el cese de los funcionarios judiciales a partir de a los 60 años de edad, y la remoción de una tercera parte de a los jueces y los a nombramiento de nuevos jueces sin cumplir los requisitos constitucionales y legales; las reformas penales y procesales que eliminan derechos y garantías a los justiciables, y hacen un derecho penal draconiano; el mantenimiento de un régimen de excepción con el que se amenaza a la ciudadanía con aplicarse si no se hace lo que ellos dicen; así como las detenciones de inocentes, las torturas en las cárceles, la negativa de prestar o facilitar el acceso a servicios de salud; los asesinatos y muertes por acción u omisión, ocurridos en el sistema carcelario. La liberación de criminales condenados y la negativa a extraditarlos. El despilfarro de los recursos públicos que son cobrados en las tarifas de servicios básicos a la población, entre otras tantas inconstitucionalidades, ilegalidades y arbitrariedades, que viven y vivimos a diario los salvadoreños.
Actualmente, El Salvador vive su momento más trágico y más bajo en la historia jurídica y judicial salvadoreña, desde los Acuerdos de Paz. Ciertamente, la anterior clase política no se comportó a la altura exigida para fortalecer institucionalmente al país, y por el contrario, el ejercicio del poder fue escenario de corrupción y saqueo de las arcas del Estado; y la gente se hartó de ello.
Y ese descontento fue aprovechado para vender el desencanto por la democracia, y con un discurso mesiánico contra las instituciones, los partidos políticos, la sociedad civil organizada, lo que logró consolidar un régimen autocrático y dictatorial, concentrándose todos los poderes en una sola persona, una sola familia y un pequeño círculo de allegados, quienes hacen lo que quieren con el erario público e institucionalidad, en función de consolidar la dictadura, mediante una inconstitucional reelección presidencial inmediata.
Los graves crímenes, las graves violaciones a los derechos humanos, la corrupción, el tráfico de influencias y los negocios ilícitos, sencillamente quedan invisibilizados por la maquinaria mediática y ocultos bajo la pista de atletismo y la alfombra roja del concurso de belleza, utilizados como propaganda del régimen.
Nada de lo que está ocurriendo en el escenario electoral y las actuaciones de los responsables que han facilitado este grave golpe a la Constitución, es válido desde el punto de vista jurídico.
Podrán tener el ropaje y la formalidad, con apariencia de legalidad. Pero estos actores y sus canarios están conscientes (pese a sus discursos legitimadores) de la grave inconstitucionalidad que vivimos.
Hoy, cuando conmemoramos el Cuadragésimo Aniversario de haber entrado en vigencia la Constitución de la República, quisiéramos poder celebrar nuestros derechos protegidos por su normativa, y desearle muchos años más de existencia; pero no, no podemos.
Por el contrario, conscientes de que está a un paso de muerte, luego de las graves violaciones y vejámenes a las que se le ha sometido, queda únicamente hacer el llamado a la ciudadanía consciente, libre pensante, crítica, comprometida y consecuente, que se debe acudir a su defensa. Y recordar que nuestra Carta Magna no es simplemente una hoja de papel sobre la que políticos y falsarios hacen lo que sea, ninguneándola y torciendo su sentido y significado. La Constitución tiene pretensión de vigencia y es el parámetro de control para medir si un acto es o no válido. Su fuerza normativa recae en su ciudadanía, en las fuerzas sociales, en sus operados, en sus funcionarios civiles y militares que han jurado cumplirla y hacerla cumplir.
¿Será que es ya demasiado tarde?
Juez y catedrático universitario