Nuestra obligada visión a través del Derecho nos hace entender que el Estado de Derecho o Estado Constitucional como las modernas escuelas lo llaman acertadamente es el mejor instrumento de convivencia pacífica.
El Papa Francisco, desde el 2019, nos viene invitando a aceptar que nuestra realidad nacional y su amplio, ahora impositivo horizonte se basa en la conflictividad, que es una receta fatal para el desarrollo social.
La soberanía exige por definición un poder superior. Nuestra Constitución la hace residir en el pueblo, regulando su ejercicio a las formas y limites que establece la Constitución. La garantía y titularidad se ejerce en las urnas, expresión de la voluntad popular, que ha sido el estandarte del orgullo nacional.
La globalización ha hecho emerger un fenómeno histórico que modifica las reglas del juego. Los países desarrollados han fortalecido sus soberanías, mientras los menos desarrolladas la han perdido, conservándola como una expresión nominal en sus constituciones, sin poder alguno, sometidas a voces de mando foráneos.
El Derecho, en tanto instrumento de convivencia, sólo alcanza eficacia cuando se puede hacer valer. Sin una soberanía popular efectiva, ¿el Estado de Derecho sigue siendo un ideal, o una quimera?
Se dice que la soberanía tiene dos componentes: el Jurídico y el fáctico. El primero proviene del ordenamiento institucional del Estado. El origen de la soberanía está en las urnas, pero su legitimidad está en el ejercicio del poder. Se asienta en la Constitución, norma suprema que a diario vemos mancillada intencionalmente desde los tres poderes, cuya separación se contiene como parte del esquema democrático, pero que hoy en día no forma parte real del mismo. Es letra muerta. ¿Será este un ocaso constitucional?
En nuestra opinión, la actual crisis es reflejo de una débil institucionalidad que ha hecho que los momentáneos detentadores del poder reclamen potestades que trascienden la Constitución, dando paso a un autoritarismo que ignora que los poderes en circunstancias extraordinarios no pueden ser un motivo para suprimir las garantías de respeto y defensa de los derechos fundamentales.
El ejercicio circunstancial del poder constituye la única oportunidad para demostrar que el gobernante tiene vocación democrática.
El tan ignorado diálogo democrático o diálogo constitucional se disfraza con unas presuntas reformas del Vicepresidente a la Constitución del 83 reformada.
La crisis es de soberanía, de falta de institucionalidad, es de silencio omisivo. Desoír es ignorar al ciudadano, quien necesita sentir y saber que el Estado y la democracia son de todos.
Hemos identificado las crisis como una crisis de manifestaciones más que de los fundamentos del Estado Constitucional; en consecuencia, la pensamos pasajera, producto de momentos ideológicamente sobrecargados al punto que estamos viviendo momentos sin Derecho, momentos de ajuricidad.
Nos preguntamos ¿cómo integrar Democracia con Derecho y Derecho con realidad?
La democracia salvadoreña es real? ¿O es una mera enunciación de principios?
Quienes deben hacer avanzar el sistema desde el estrado de gobierno conspiran contra la democracia. La prepotencia, la contradicción en las decisiones gubernamentales dan pena.
Abogado.