Por Hay avances en derechos de la población LGBTIQ+ en muchos países, como la legalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, el reconocimiento legal de la identidad de género y una mayor protección contra la discriminación y los delitos por odio.
Sin embargo, persiste la discriminación. Se calcula que 2,000 millones de personas viven en contextos en los que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están penalizada; las personas transgénero, y especialmente las mujeres trans, son criminalizadas en virtud de leyes discriminatorias.
En muchos países, actores estatales y no estatales intentan retroceder los avances y profundizar la estigmatización, poniendo en peligro los derechos y la vida de las personas LGBTIQ+, promoviendo ataques y desinformación para deslegitimarlas.
Hay cinco elementos que caracterizan este retroceso, el primero es que los grupos que se oponen al avance de los derechos son cada vez más visibles y amplían sus ataques a los derechos humanos. Aunque los móviles de distintos grupos son distintos, coinciden en su represalia contra la “ideología de género”, término que se ha instalado en el discurso, cada vez más utilizado para promover la discriminación machista, oponerse a la igualdad de género, a los derechos de las mujeres y de personas LGBTIQ+.
En segundo lugar, estos grupos juegan con los estereotipos de género tradicionales, estos grupos opositores al avance de derechos han movilizado el apoyo político fomentando una reacción que asocia a las personas LGBTIQ+ con enfermedad mental y perversión.
Presentan a los movimientos LGBTIQ+ como adoctrinadores que pretenden corromper a la juventud. Estas acusaciones han suscitado la oposición a la educación sexual integral, desde los medios de comunicación hasta la esfera política, utilizan cada vez más la organización urbana y digital para atacar las libertades fundamentales de las personas LGBTIQ+.
No todas las personas se ven afectadas igual. Estudios demuestran que las mujeres, niñas y personas de género diverso, sufren formas múltiples de discriminación, como las mujeres LGBTIQ+ afrodescendientes o indígenas, migrantes y refugiadas, y con discapacidad que corren mayor riesgo.
En tercer lugar, los derechos de las personas LGBTIQ+ son parte de las narrativas de disputa cultural, medios de comunicación y campañas políticas que han presentado los derechos de las personas LGBTIQ+ como negociables y debatibles, enmarcando los derechos humanos de las personas trans en contradicción con los derechos de las mujeres, afirmando que son una amenaza para los derechos, espacios y seguridad de las mujeres cisgénero.
En cuarto lugar, las organizaciones LGBTIQ+, de mujeres y feministas, las defensoras de derechos humanos están siendo desfinanciados y excluidos de los espacios cívicos. Los movimientos feministas y LGBTIQ+, se enfrentan a reducciones de financiamiento.
Algunos Estados han aprobado leyes que prohíben la “propaganda” LGBTIQ+, haciendo imposible que las organizaciones operen sin la interferencia del Estado. Otros países han hecho cada vez más difícil que las organizaciones LGBTIQ+ se registren, organicen y reciban financiamiento extranjero para su trabajo, en virtud de leyes que prohíben la “influencia extranjera.
La reducción del espacio cívico, incluso en línea, ha agravado esto, a medida que la supervivencia de las principales organizaciones de derechos humanos se ve amenazada, algunas se han vuelto incapaces de apoyar a las organizaciones más pequeñas o al trabajo con el colectivo LGBTIQ+.
Finalmente, trabajar por los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ es indivisible de trabajar por los derechos de las mujeres y la igualdad de género, ya que comparten los objetivos de lograr sociedades igualitarias, seguras y justas. Al hacerlo, están intrínsecamente relacionados con la lucha contra el patriarcado, la supremacía blanca y el racismo, el colonialismo, el clasismo y otros sistemas de opresión.
Abogada y defensora de derechos humanos.