Por La realización del censo, que no se había hecho desde 2007, era una necesidad para conocer la realidad del país, no solo en aspectos de población, sino de la situación real en que viven los ciudadanos en toda la república. Reveló que la población de El Salvador es de 6,029,976 personas, cifra menor a la esperada, lo que confirma que el aumento poblacional ha perdido ritmo en las últimas décadas, lo que incidirá negativamente con un aumento de población envejecida, que espera vivir de una pensión, pero sin generaciones de jóvenes que la sustituyan.
El censo presenta datos interesantes que deben constituir un reto para el gobierno de NI si como pregonan están construyendo un nuevo El Salvador, con acciones que ellos califican de históricas, pero que están lejos de satisfacer las necesidades mínimas de gran parte de la población. Los datos indican que el 52.8% de la población son mujeres, que son jefes en el 87.7% de los hogares. Evidente abandono de un macho irresponsable. Que un 95% de los hogares tiene acceso a electricidad, y que ANDA suministra agua potable a un 44% de hogares
Pero hay un dato interesante y es que las Juntas de Agua abastecen a más de medio millón de viviendas y que en 10 de los 14 departamentos las juntas de agua atienden a más viviendas que ANDA: las Juntas de Agua son asociaciones de vecinos organizados para proveerse de un servicio que el Estado no es capaz de brindarles. Es un sistema autosuficiente. De cada pago realizado por el usuario, la mitad se queda dentro de la comunidad para reparación de cualquier daño eventual y para clorar más o menos diariamente el agua. Sus miembros hacen su trabajo gratis, pues tener agua en casa es suficiente estímulo. El único que gana un sueldo fijo es un fontanero. Sin embargo, su operación ha estado amenazada cuando en la Ley General de Recursos Hídricos en 2021, no se excluyó a las Juntas del Agua del pago del servicio, sin considerar que enfrentan serias dificultades económicas y administrativas.
El tema de vivienda es dramático ya que más de 143,000 viviendas en el país tienen paredes de lámina, 12% con pisos de tierra, que demuestra los altos índices de pobreza, que desde el 2019 ha aumentado 4.4 puntos porcentuales en los números de pobreza monetaria, es decir cuando un hogar no puede adquirir dos canastas básicas al mes. Más contundente es la pobreza extrema, que se duplicó pasando del 4.5% al 8.6%, cuando un hogar no puede cubrir una canasta básica mensual. Más de 55,000 viviendas no disponen de un sanitario y un cuarto de la población tiene letrinas. Un país sumido en la pobreza cuyos habitantes están condenados a irse del país o buscar una alternativa en la informalidad.
La deuda de la vivienda social es evidente y no entra en los planes del bukelismo hacer nada al respecto. Las propuestas de la oposición, de que las empresas beneficiadas con exención de impuestos al construir edificios de más de 35 pisos realizaran trabajos de vivienda social, fue ridiculizada por la bancada de NI y la oferta del Ministerio de Vivienda es para personas con ingresos medios de $4,000 mensuales.
El censo descubrió la cruda realidad de El Salvador, donde los habitantes de la capital parecen vivir con pretensiones del primer mundo, pero basta recorrer más de 20 kilómetros para traspasar las fronteras de otro país, donde abunda la pobreza, en hogares insalubres, donde los niños juegan entre aguas servidas, y ríos contaminados, que son depósitos de basura, para sus necesidades diarias y hasta para consumo humano.
Pero a pesar de este escenario tan triste como vergonzoso, el mandatario y sus funcionarios siguen intentando maquillar un centro histórico totalmente falso, para venderlo como el resultado de una gestión exitosa, escondiendo que para lograr más recursos para desperdiciarlos en luces artificiales, están obligando al pueblo a tomar la medicina amarga de la pobreza extrema, que va en aumento.
Maestra.