Por Después de años de esfuerzo por inocular en el habla común y corriente el llamado lenguaje inclusivo (y en muchos casos impositivo), tanto a través de la escuela como en los medios de comunicación y la administración pública; en algunos países, concretamente Francia, Perú, Argentina y ahora Alemania, se está restringiendo su uso.
Los franceses, en noviembre del año pasado, vieron cómo desde el Senado se lanzó una propuesta de ley que pretendía anular cualquier acto jurídico que estuviera escrito sin respetar las reglas de la gramática en general, y el uso de puntos intercalados en las palabras, o la modificación de las terminaciones de las mismas, en particular.
Los motivos no son ideológicos, ni homofóbicos, ni heteropatriarcales… son, simplemente, gramaticales. Dice la Cámara Alta francesa que textos escritos de este modo no son solo imposibles de ser transcritos oralmente, sino
que dificulta la lectura y la pronunciación, y consecuentemente, la comunicación.
En Perú el Congreso de la República con 78 votos a favor, 21 en contra y 5 abstenciones, aprobó el proyecto de ley que propone evitar el desdoblamiento del lenguaje para referirse a hombres y mujeres en textos escolares, planes, políticas, normas, directivas o guías pertenecientes a todas las entidades del Estado.
El presidente de Argentina, Javier Milei, prohibió de un plumazo el uso de dicho lenguaje tanto en la administración pública como en el sistema educativo. Una decisión que algunos presentan como una reacción a las decisiones tomadas en gobiernos anteriores, y otros a tintarla con tonos radicales, diciendo que Milei es tan ideológico o más que esos a quienes pretende combatir.
Como sea, su vocero declaró que ya “no se va a poder usar la letra e, la arroba, la x, (…) y se deberá evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública”.
Más recientemente, el 1 de abril, entró en vigencia en Baviera la prohibición del uso del lenguaje inclusivo tanto en el ámbito docente (escuelas y universidades) como en los documentos de la administración pública.
En este último caso, si bien podría parecer una decisión peculiar de uno de los Estados Federados de Alemania, la decisión es importante, pues se ampara en lo que el llamado “Consejo de Ortografía Alemana” había indicado
previamente al respecto.
Por otra parte, el 13 de febrero recién pasado, la Real Academia Española hizo una publicación reaccionando a un documento acordado en las Cortes Generales en diciembre del año pasado, titulado “Recomendaciones para un
uso no sexista del lenguaje en la Administración parlamentaria”.
El tema se aborda desde una interesante perspectiva: “La RAE ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones que comparte por completo la convicción de que las mujeres y los hombres han de poseer los mismos derechos y los mismos deberes en las sociedades democráticas, y es igualmente consciente de que todavía no se ha alcanzado plenamente dicha equiparación entre nosotros. Entiende, ala vez, que no se avanza hacia la consecución
de tales logros modificando arbitrariamente opciones morfológicas, sintácticas y léxicas
que el español comparte con muchas lenguas, sean románicas o no”.
Algo que, en resumen, vendría a decir que no hay que poner la carreta delante de los bueyes, pues la igualdad de derechos y deberes tanto para hombres como para mujeres no se logra exclusivamente con pirotecnias y malabares lingüísticos, sino modificando de hecho las respectivas leyes.
Aquí, por supuesto, hay mucha tela que cortar… desde consideraciones profundas y sesudas del tipo “el lenguaje modifica la realidad”, hasta la simpleza del que dice “qué más da cómo se hable, si lo importante es que nos entendamos”.
Queda el dato: esto del lenguaje sexista, incluyente, no discriminatorio, o como sea, es bastante más importante que lo que se podría considerar a primera vista; si no, no habría tanta presión para imponerlo, ni medidas de gobierno regularlo.
Ingeniero@carlosmayorare