En su balance de situación al 30 de junio de 2021 (expresado en miles de dólares americanos) el BCIE refleja un total de activos por US$ 13,742,910 ; pasivos por US$ 10,002,610 y un patrimonio de US$ 3,740,300. Dentro de los primeros destacan los préstamos por cobrar que ascienden a unos US$8,000,000 (ajustados de acuerdo con estándares internacionales aplicables) mientras que en los pasivos sobresalen los préstamos por pagar (US$1,304,399) y los bonos por pagar (US$6,825,790) al tiempo que el principal patrimonio esta referido al capital suscrito (US$6,883,100).
Una entidad que maneja esa cantidad de recursos, cuya conformación es intergubernamental y que la mayoría de sus recursos provienen de los contribuyentes debe observar los más altos estándares de transparencia y acceso a la información. Dichos estándares no solamente deben estar referidos a la administración sino también a la toma de decisiones y su implementación.
Aunque la transparencia y rendición de cuentas aparecen como una apuesta en los documentos oficiales del BCIE, es evidente que la institución tiene una deuda por saldar en este campo como bien lo reconoce en los aspectos introductorios de su Estrategia Institucional.
Es importante aclarar que el banco posee abundante información en sus medios electrónicos, principalmente en su página web por tanto, su problema no es la ausencia de información si no, más bien, la forma intrincada en que se presenta pero más grave aún, es la información que no se presenta.
Ha sido una constante, en varias de las conversaciones sostenidas con expertos, que existe poca información sobre las decisiones trascendentales del Banco, que la página web es un laberinto y que el acuerdo de confidencialidad, que deben firmar los funcionarios, limita al extremo las posibilidades de que estos puedan expresar libremente las problemáticas y deficiencias que observan en el Banco.
Después de un análisis exhaustivo sobre la información disponible se ha podido constatar que son escasos los detalles en cuanto al seguimiento de los proyectos después de haberse desembolsado la totalidad de los préstamos; a este respecto por ejemplo, aun no queda claro ¿qué paso con los fondos asignados al proyecto “Agua Zarca” después del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en Honduras?
También han sido denunciados públicamente por exfuncionarios la falta de rigor y criterio de idoneidad en los procesos seguidos para algunos nombramientos dentro de la institución; y se han citado como ejemplo casos de familiares de presidentes, expresidentes, ministros y miembros del Ministerio Publico de países de la región que fueron nombrados en cargos de Directores, Asesores o miembros del Staff del Banco.
Recientemente, el BCIE se ha embarcado en el apoyo a proyectos como la implementación del Bitcoin el cual, además de su opacidad, ha enfrentado la disminución del valor de las inversiones realizadas por el Gobierno de El Salvador, en más del 50% según Bloomberg, debido a la estrepitosa caída de esta criptomoneda. Al respecto, es importante recalcar que dichas inversiones se hicieron con dinero de los contribuyentes y que cualquier dinero erogado por el Banco también de alguna manera le pertenece a la población centroamericana.
Por otra parte, un exdirector del Banco ha expresado públicamente, que según sus cálculos los Directores del BCIE ganan en promedio unos US$20,000 mensuales, fuera de otros apoyos como vehículos, seguros y asesores; todo lo cual considera desproporcionado por tratarse de una región con altos índices de pobreza. Pero lo más complicado respecto a estas denuncias es que no existe información pública accesible en los canales oficiales del Banco para poder confirmar o, si fuera el caso desvirtuar dicha información.
En ese sentido, la ubicación de la información no debe estar enfocada al anuncio de inversiones, inauguraciones y actos protocolarios a manera de publirreportajes; si no, más bien debe facilitar “accountability” , reflejando ¿Cómo se tomaron las decisiones para asignar los recursos? ¿Cómo fueron administrados los recursos asignados? ¿Qué pasó con los recursos después de su desembolso? ¿Cómo viven las y los beneficiarios hoy en día? ¿Qué mecanismos de seguimiento y sostenibilidad se han ejecutado para garantizar el mejor impacto posible?, etc.
Otro dos aspectos fundamentales en este campo son ¿Cómo se garantiza la participación de los beneficiarios en la toma de decisiones sobre las prioridades e implementación de los proyectos? Y ¿cómo se garantiza la rendición de cuentas a las y los beneficiarios? Aquí es importante que un banco cuyo funcionariado esta más enfocado, como es natural a la superestructura, desarrolle instancias que implementen un dialogo y consulta permanente con los beneficiarios directos (no solamente con representantes de los Estados miembros) que permita esa participación y retroalimentación necesarias en toda relación de este tipo.
Si el Banco logra superar estos desafíos habrá dado un paso fundamental en su consolidación y se perfilará como una de las instituciones modelo de la integración en cuanto a la transparencia y acceso a la información, al tiempo que brindará mejores servicios a la población centroamericana, a quien se debe según su mandato fundacional.
Excanciller de la República de El Salvador