El Salvador y la comunidad internacional están justo donde Venezuela arrancó hace 25 años. Hugo Chávez atrajo la atención y hasta la simpatía con su triunfo presidencial en 1998. El siguiente año empujó tres elecciones con la retórica de “relegitimar” los poderes públicos los cuales pasó personalmente a controlar tras la elección general del 2000. La mayoría de los votos a favor del proyecto de Chávez en todos esos comicios encuadrado en una millonaria propaganda con feroces ataques contra opositores ocultó el telón de fondo: la escasa participación electoral que tuvo un promedio del 40% (uno fue de apenas el 30% y sólo uno alcanzó el 56%).
Chávez le aseguró al periodista Jorge Ramos que se iría a su casa después de los cinco años de gobierno, que no se quedaría ni un día más. Hizo lo contrario pues pavimentó su reelección perpetua. La retórica anticorrupción se transformó en alianzas mafiosas y criminales que procedieron al saqueo de la riqueza del pueblo venezolano que contabiliza hoy en más de 8 millones a sus refugiados en el exterior que huyen de la precariedad, y los abusos a los derechos humanos que investiga la Corte Penal Internacional como Crímenes de Lesa Humanidad.
El pueblo que se ausentó de las urnas nunca creyó en Chávez a quien sí le creyó el mundo democrático. Mientras Chávez intervenía las instituciones públicas (disolviendo la independencia de jueces y fiscales), y específicamente la esfera electoral afectando con el ventajismo gubernamental la igualdad y la libertad de decisión para electores y para quienes se postularon a cargos de elección popular, las misiones de observación (OEA, UE, etc.) no cuestionaron la legitimidad de las elecciones, sólo expresaron ciertas preocupaciones y recomendaciones hasta que Chávez fue limitando a las misiones sobre todo después de su primera reelección el 2006 bajo la nueva República Bolivariana. No llamar entonces a las cosas por su nombre ha tenido terribles consecuencias para Venezuela, América Latina y el mundo. Ante su segunda reelección dijo Chávez que había pensado retirarse el 2021 pero que mejor lo haría el 2031. Allí seguiría en el poder, pero la muerte se lo llevó el 2013.
El candidato y presidente Bukele dijo que respetaba la alternancia en el poder consagrada en la Constitución. Su vicepresidente reconoció que violar ese principio daba al pueblo el derecho a la insurrección. Incumplieron su palabra aparejándose con Chávez: destituyeron al fiscal general y a los magistrados de la CSJ para que los reemplazantes se inventaran, fuera de la ley, un aval de reelección. Hace pocos días, el vicepresidente dijo que si Bukele fuera reelecto podrían hablar de un “tercer mandato”. El guion es en esencia el mismo, y a falta de Chávez quedó Daniel Ortega, quien llama “hermano” a Bukele.
El Salvador no tiene el petróleo de Venezuela, por eso la inseguridad jurídica de la reelección, la imposición del bitcoin como moneda legal y las evidencias de corrupción tras decapitar la rendición de cuentas y la transparencia, generaron temprano la debacle económica que con Chávez comenzó tras despilfarrar los ingresos por la bonanza petrolera: entre 1999 y 2014, Venezuela recibió un promedio anual de US$ 56 mil millones.
La crisis económica no la podrá detener Bukele ni metiéndole más mano a los ahorros en los fondos de pensiones. Desmantelaron la agricultura, no presentaron ni ejecutaron desde el 2019 un solo plan de crecimiento económico y atracción de inversiones. Así, llegó El Salvador al 2024 con más de un millón de habitantes entre el hambre y la inseguridad alimentaria.
La transgresión de nuestra Constitución iba a desembocar en el fraude del proceso electoral, aunque algunos actores democráticos no se deciden en llamarlos así dando lugar a replicar el error con Chávez de hace 25 años. Pero para dos influyentes Senadores en Washington D.C. -el presidente del comité de asuntos exteriores y el líder de la mayoría demócrata-no hay duda: “Nos preocupan las medidas inconstitucionales que influyeron fuertemente en el resultado de las elecciones” del 4 de febrero en El Salvador, resultados que son una baja asistencia de votantes, y la confirmación de irregularidades abominables en los centros de votación, la transmisión de datos y el voto en el exterior.