Por La politización de todas las esferas de la vida humana fue uno de los fenómenos que trajo el siglo XX. Los Estados totalitarios basaron la mayor parte de su éxito temporal en lograr centralizar todo su poder, y en hacer que cada acto privado y comunitario, fuese esencialmente un acto político. Pese a que posteriormente existió un cambio hacia la democracia y liberalización, recientemente algunas sociedades están experimentando una transformación política que ha propiciado una recentralización del poder.
De un momento a otro, el gobierno central se ha convertido en una figura que se está entremezclando en todas las esferas de la vida, tanto privadas como públicas, tanto culturales como económicas. Algunos de los ejemplos más claros de esta negativa transformación es haber abandonado el principio de subsidiariedad. Este postula que debe ser la organización o institución más cercana al objeto de interés social quien debe encargarse de él, con el fin de brindar autonomía e independencia del nivel inferior de autoridad respecto al nivel superior.
En otras palabras, el Estado central debería procurar no actuar sobre aquellos problemas o situaciones que puedan ser tratadas de una mejor manera en un nivel local. Un ejemplo práctico de la violación del principio de subsidiariedad podría ser cuando el presidente toma el poder sobre las competencias de las municipalidades o cuando el Estado quiere intervenir directamente en instituciones culturales y deportivas ajenas a él. Esta actuación no solo favorece la corrupción, sino además la ineficiencia, dado que solamente persigue la burocratización y la acumulación de poder.
El gobierno central no debería estar presente ni en las instancias locales de gobierno ni agrupaciones civiles, culturales o deportivas como forma de hacer propaganda, ni como forma de controlar la dirección de todas sus acciones. Es muy distinto que éste persiga ciertos bienes comunes a través de políticas públicas y trabaje en conjunto con las instituciones locales, a que dirija desde arriba toda la actuación, financiación y contenido de estas.
De la misma manera, las instituciones autónomas y semi autónomas deberían precisamente conservar su autonomía, de modo que puedan perseguir una actuación eficaz, independiente y plural. Cuando el Estado central abarca todo el poder, se genera una pérdida de libertad de los ciudadanos y sobre todo una destrucción de la pluralidad. Si el poder ejecutivo usurpa las actividades de otras organizaciones, ocurre una ruptura de la democracia, no solo porque en muchos casos la voluntad de los ciudadanos expresadas en elecciones locales se vuelve irrelevante, sino porque le quita ámbitos de participación a las personas.
Para que exista una sociedad democrática y abierta, donde la actuación comunitaria y ciudadana sea real, es necesario que el gobierno central respete la subsidiariedad y la autonomía institucional. Éste si bien es un principio que a veces pasamos por alto, sí es algo que debemos reclamar para perseguir el bien común y la paz. Es conocido que la centralización del poder conlleva muchos riesgos, no solo políticos, sino también económicos y morales. Es necesario que empecemos a reclamar la independencia de cada organización y busquemos una sociedad participativa. La concentración del poder ya nos ha llevado anteriormente donde la corrupción e ineficacia son el modus operandi del poder.
Lic. en Economía y Negocios, Master en Psicología y Comportamiento del Consumidor