Por Hay una estrecha relación entre esas tres realidades. La educación en sus distintos niveles no solo implica conocimientos y habilidades; conlleva también inculcar valores y normas sociales, no a partir de abstracciones sino del estudio de la realidad social en sus diferentes manifestaciones. Mejor dicho, a través del estudio de los problemas que implica el vivir en sociedad. Esto es algo que se puede y se debe hacer desde la primaria hasta la universidad, pero adecuando al grado de desarrollo de los estudiantes.
Esta preocupación ha estado presente en los sistemas educativos y se ha tratado de abordar de diferentes maneras. A mediados del siglo XIX se puso de moda el famoso Manual de urbanidad del venezolano Manuel Carreño, una especie de bestseller latinoamericano, con el cual se educaron varias generaciones.
Carreño se preocupaba porque las personas adquirieran modos de conducta que los hicieran amables y aptos para vivir en sociedad, según las normas establecidas para cada sexo. El extenso libro cubría prácticamente todos los espacios y situaciones en que una persona podría verse, enseñando en cada caso la mejor manera de conducirse.
En el siglo XIX, justo cuando entramos a la vida independiente y nos embarcábamos en la ingente tarea de construir Estado, se discutió mucho sobre la importancia de la educación para la formación ciudadana. Abundaron los "catecismos políticos", textos que, retomando el modelo de preguntas y respuestas del catecismo de Jerónimo Ripalda, trataban de inculcar en los estudiantes nociones de educación política: pueblo, soberanía, gobierno, sistema republicano, derechos y deberes del ciudadano, etc.
En Centroamérica, el primero de ellos fue la "Cartilla del Ciudadano, escrita para los Centro-Americanos", por el Doctor Pedro Molina y publicada en Guatemala en 1825, que se usó ampliamente. En 1874, en plenas reformas liberales, Francisco Esteban Galindo publicó su "Cartilla del ciudadano" que se usó en las escuelas hasta las primeras décadas del XX.
Galindo explicaba que la democracia era el mejor sistema de gobierno para conservar la soberanía del hombre y la libertad del pueblo, pero que era un sistema difícil de practicar, "pues supone en todos los ciudadanos una instrucción de hombres de Estado, ya que cada uno puede considerarse un Magistrado de la República". Reconocía que esos obstáculos, "unidos á las pasiones desenfrenadas del pueblo, por lo regular inculto en su mayoría" han provocado la muerte de las repúblicas democráticas. Detrás de las reflexiones de Galindo, estaba obviamente el tema del derecho al voto, más bien, la calidad del voto. Quien elige debiera hacerlo actuando de manera consciente y responsable, ponderando las diferentes propuestas ofertadas y valorando las consecuencias de su decisión. La calidad de la ciudadanía impacta en la calidad de la democracia. Este es un problema de larga data.
En 1847, los señores Aparicio, Ayala, Magaña, Oyarzún y Cobar, miembros de la Cámara de Representantes, presentaron una moción para restringir el derecho al voto. Buena parte de su argumentación hacía referencia a la manera cómo los indígenas ejercían tal derecho. Alegaban que votaban corporativamente, lo cual facilitaba que fueran manipulados por los "demagogos", que sabían que era más fácil y efectivo ganar la simpatía de las comunidades indígenas que tratar de convencer uno a uno a los ciudadanos blancos y/o ladinos.
Los representantes consideraban que tales hechos tenían consecuencias negativas para la vida política del país y para su desarrollo futuro, en tanto que ponían en manos de los dirigentes de partido, la posibilidad de acceder al poder, no por la sensatez y validez de los proyectos gubernativos, sino por la manipulación y el engaño. La pieza de correspondencia afirmaba que la principal causa de los problemas políticos que entonces se vivían, era "la grande e inconsiderada extensión que se dio a los derechos políticos en menoscabo y ruina de la libertad individual y de la propiedad... Llamamos a la dirección de la cosa pública a la multitud, con lo que confundimos, y anulamos el voto de los hombres propietarios y el de los ilustrados." La iniciativa no prosperó. Pero es obvio que, con sus variantes el problema persiste en pleno siglo XXI.
Galindo creía que la solución a ese problema de la democracia no era restringir la ciudadanía, sino educar a los ciudadanos. Su "Cartilla" apostaba a ello. Su idea era que los jóvenes — entonces las mujeres no tenían derecho al voto —, adquieran conciencia del valor de la ciudadanía, ya fuera para elegir gobernantes, o mejor aún para ejercer una magistratura con plena responsabilidad. "Si se nos encomienda alguna función pública, ó se nos confiere un empleo, es porque se nos juzga aptos para desempeñarlos". Pero Galindo entendía la función pública como un acto patriótico; no se llegaba a ella por interés de lucro.
Otro elemento importante en el pensamiento de Galindo era la ley. Decía en la Cartilla: "En los gobiernos constitucionales, la ley para serlo debe ser conforme a la Constitución que es la ley de las leyes". Por el contrario, "En los gobiernos arbitrarios la sola voluntad del Jefe de Estado es la regla de la ley". Ahora bien, los jóvenes debían entender el valor de la ley desde su vivencia en la escuela. Es por eso que Galindo planteaba en sus "Elementos de pedagogía" (1887) que la disciplina escolar debía equilibrar libertad y normativa; "los niños serán libres para hacer todo lo que no esté prohibido por la Moral, por los Reglamentos o por el Maestro y castigados por cada infracción". Para él, la escuela era un modelo a escala de la sociedad, donde los niños debían aprender a convivir respetando a la autoridad, a la ley y a los demás.
¿Qué podemos retomar hoy día de esas preocupaciones del XIX? Yo diría ponderar nuevamente la relación entre educación, ciudadanía y democracia. Ha trascendido que se preparan cambios en educación básica y media. Desaparecerán las asignaturas Moralidad, urbanidad y cívica y también Estudios Sociales. Se dice que serán sustituidas por "Ciudadanía y valores". Al menos los nombres suenan bien, habrá que ver su contenido. El gran problema será cómo armonizar los planteamientos de los programas con la realidad del país. ¿Qué tipo se ciudadanía se promoverá? ¿La de las redes sociales? Esa es la que sostiene la popularidad del gobierno y sería muy mala idea ponerla en cuestión. ¿Qué se dirá de la Constitución después de haberla manoseado tanto? Lo mejor sería dejarla de lado, que ningún gobierno populista la necesita, más bien estorba.
Más complicado resulta el tema de los valores. ¿Se promovería la tolerancia? Basta con revisar las redes sociales de ciertos funcionarios y no son ni tolerantes, ni educados. ¿Cómo se enseñaría la independencia de poderes?, ¿O se hará una apología de la cultura del más vivo? Ejemplos de ello abundan en nuestro medio.
Es bien difícil inculcar valores cuando las prácticas gubernativas no se ajustan a ellos. En el fondo ese fue el problema que no pudieron superar los planteamientos tan bien intencionados de Galindo; su Cartilla hablaba de principios y valores que no eran asumidos por los gobernantes y tampoco por la sociedad. Quizá por eso en cierto momento incluyó en su texto el derecho de insurrección, al que se recurriría para "restablecer por la fuerza el imperio de la ley". Pero advertía que ese derecho no podía usarse antojadizamente. Solo cuando se atentare contra "la independencia nacional, la división de los poderes, la libertad del sufragio universal y el principio de alternabilidad". Nuestra mancillada Constitución todavía contiene ese principio en los artículos 87 y 88. Pero seguramente no será contenido en los nuevos programas de estudio.
La democracia y la ciudadanía pasan por malos momentos en muchos lugares. Nuestro país no es la excepción. Tampoco nos va bien en educación y quitar unas asignaturas, cambiarles el nombre o fusionarlas no cambiará mucho esa realidad.
La calidad de ciudadanía que hoy tenemos es producto de lo que hicimos o dejamos de hacer en las últimas décadas, tanto a nivel educativo como político. Veníamos mal y vamos para peor. "Es en la escuela donde deben formarse los ciudadanos", decía el presidente Santiago González en 1874; la idea es bella, pero no hemos sabido realizarla.
La ciudadanía se devaluó, con ella cayó la democracia y se abrió camino al populismo de derecha que se regodea en la obediencia y los aplausos, pero es alérgico a la crítica.
Historiador, Universidad de El Salvador