Por El presidente de El Salvador publicó en un tuit la figura de un peón de ajedrez, alrededor de las seis y media de la tarde del pasado martes. Después de algún tiempo subsistiendo entre la selva digital del bukelismo, uno sabe que ese tipo de publicaciones anticipan que el aparato de propaganda oficialista está por montar una puesta en escena de proporciones considerables.
Después de un tenso estira y encoge, los diputados del bloque oficialista incorporaron diez millones de dólares en el Presupuesto General de la Nación 2025 para cumplir con obligaciones del escalafón tanto para personal docente como para personas trabajadoras de la salud. El remiendo, aprobado por la totalidad de las fracciones legislativas (incluyendo a los tres escaños de oposición), ha pretendido venderse como “otra deuda saldada” de Nuevas Ideas, desde que los sindicatos magisteriales fueron desmovilizados el pasado octubre tras convocar a una marcha por esta misma demanda, y recibir a cambio la promesa de que siempre se otorgaría el escalafón a cambio de desistir de la convocatoria.
Pero lo cierto es que la ficha de ajedrez del presidente no equivale ni a una deuda saldada ni a una “jugada maestra” como su aparato de propaganda se ha esmerado en vender. No es veraz afirmar que la cantidad incorporada en el Presupuesto General es suficiente para honrar por completo el compromiso del escalafón, ni el del sector educativo ni el del sector salud. Algunos economistas han calculado que el beneficio efectivo que recibirán, por ejemplo, los docentes contemplados en la medida, rondará los $45 al año. Es decir, menos de $4 por cada mes. Esto sin mencionar que aún con este remiendo los montos generales asignados para ambas carteras siguen presentando reducciones sensibles ($91 millones para Salud y $31 millones para Educación). Mejor suerte tendrán las arcas de otras entidades con funciones meramente políticas como Casa Presidencial y Gobernación, que recibirán entre las dos casi $50 millones adicionales.
Ya es bastante sabido que el gobierno de Bukele se guía en función de los grandes temas de opinión pública que indican sus mediciones. Han invertido miles y miles de dólares en herramientas para hacer lecturas constantes y completas de la “conversación” a través de un elevado volumen de datos digitales, y por ello tienen información considerablemente precisa sobre la opinión general de la sociedad salvadoreña sobre cualquier tema que su aparato ponga sobre la mesa. La deriva y la improvisación del gobierno, su nulo apego ni siquiera a su propio plan de gobierno (el tristemente célebre Plan Cuscatlán) o siquiera a sus promesas de campaña, obedece a que es el llamado Big Data el que orienta la toma de las decisiones del día a día. Ya no solo las decisiones del Órgano Ejecutivo, lo cual sería bastante grave en sí, sino también las del resto de poderes del Estado que han sido cooptados por el oficialismo.
Sabiendo lo anterior es deducible que, si la intención original del GOES hubiera sido mantener el escalafón, lo habrían hecho desde un principio. Y no refiriéndonos al inicio de esta semana, sino al momento en que anunciaron las reducciones y congelamientos presupuestarios en septiembre pasado. Es evidente que existieron contradicciones entre los funcionarios del bukelismo y la representación magisterial y del sector salud, y que en un primer momento la convocatoria de una nueva Marcha Blanca obligó al Ejecutivo a interceptar la movilización y a negociar con el segmento de los sindicatos docentes que estuvieron dispuestos a hacerlo. Incluso aunque estas figuras sindicales compraron la promesa del gobierno con respecto al escalafón, una importante base magisterial se mantuvo firme en las acciones de denuncia y mantuvieron el tema vigente hasta su reciente discusión formal en el Parlamento.
Todo lo anterior indica que, ante el hecho objetivo de que al inicio de esta semana el Presupuesto General fue aprobado sin incorporar los escalafones prometidos, solo pueden existir dos opciones:
Opción a) El oficialismo originalmente no tenía intención de cumplir el compromiso que asumió con respecto al escalafón, y en vista de la reacción social negativa se vio obligado a corregir después.
Opción b) El oficialismo supo desde el principio que iba a terminar incorporando los $10 millones, y solo tendió una “trampa” a sus contrincantes antes de aprobar dichos fondos.
Aunque el debate digital pretenda centrarse en cuál de ambas opciones es la correcta, no hay que perder el foco con respecto a ellas: en ambos casos la actitud de Nuevas Ideas ha sido peligrosa e irresponsable. En el primero de los casos el derecho de los trabajadores habría sido moneda de canje para limpiarle la cara al gobierno y desactivar las protestas y reacciones críticas. En el segundo, la dignidad laboral de estos miles de salvadoreños (antes llamados “héroes de la nación”) habría sido utilizada como un jueguito de poder de la argolla íntima del presidente para dejar mal a sus opositores.
Y es por eso que aquí no hubo ninguna jugada maestra, sino otro juego de improvisación. Pero los derechos laborales no son fichas para jugar al ajedrez.