En el 2022, el presidente estadounidense, Joe Biden, implementó una política que favoreció la inmigración a su país de venezolanos y luego de otras nacionalidades. Dicha política fue conceptualmente revolucionaria y ha sido exitosa.

Fue revolucionaria porque se basaba en el patrocinio privado de inmigrantes hacia Estados Unidos, y no en criterios mayormente políticos o burocráticos para determinar quién puede inmigrar. Además, se dio en un ambiente en el que el sentimiento antiinmigrante se fortalecía.

Debido a luchas internas burocráticas, sin embargo, esta política se suspendió este mes. Pero ponerla en pausa es un error, sobre todo en momentos en los que urgen políticas migratorias innovadoras.

¿De qué se trata esta iniciativa migratoria? Se originó en el 2022 luego de la invasión rusa a Ucrania y permitió que ciudadanos, organizaciones caritativas o empresas estadounidenses patrocinen a individuos ucranianos para que inmigren a Estados Unidos por dos años, siempre y cuando los patrocinadores puedan mostrar un nivel económico suficiente como para poder amparar a los inmigrantes nominados si fuese necesario. Por su parte, los inmigrantes solo tienen que cumplir con unos criterios mínimos, como, por ejemplo, tener un pasaporte válido y pasar por un control de seguridad.

La idea de tomar en cuenta consideraciones humanitarias como un estado de guerra o las crisis políticas o económicas se extendió luego bajo esta iniciativa a los países de la región que sufren dictaduras –Venezuela, Cuba y Nicaragua– y Haití.

De esta manera, Estados Unidos ha podido despolitizar decisiones migratorias hasta cierto punto dado que los inmigrantes no se convierten en cargas para el Estado (la ley no les permite vivir del Estado benefactor) y pueden trabajar una vez que lleguen al país. Además, en momentos en los que la inmigración legal e ilegal de esos países ha aumentado enormemente y contribuido a un desorden migratorio en la frontera, la nueva política hizo mucho para resolver esos problemas.

Tan solo entre el 2022 y el 2023, un 18% de la población cubana ha huido de la isla. En los últimos años, casi ocho millones de venezolanos han emigrado de su país. Ambos hechos constituyen una prueba definitiva de lo catastrófico que han sido los dos experimentos socialistas en la región.

La política de Biden fue una respuesta positiva a esas crisis. Para junio de este año, casi 500.000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos han ingresado a Estados Unidos de manera legal bajo este programa. A la misma vez, la inmigración ilegal de esos países ha bajado de manera significativa, reduciendo así el caos en la frontera, un factor decisivo que alienta los sentimientos antiinmigración.

Por ejemplo, en diciembre del 2022, antes de que se incorporara a Cuba, Nicaragua y Haití a la iniciativa, cruzaron la frontera estadounidense más de 85.000 personas de esos tres países y de Venezuela. Para junio de este año, solo cruzaron la frontera estadounidense 3.642 personas de esos países. Según un estudio publicado el año pasado por el experto David Bier, este modelo migratorio “ha transformado la mayor parte de la inmigración procedente de estos países [Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití] de mayoritariamente ilegal a mayoritariamente legal, en menos de un año”.

La política migratoria basada en el patrocinio privado no puede resolver los grandes problemas de los países en crisis de nuestra región. De hecho, solo unos 30.000 inmigrantes podían ingresar a Estados Unidos por mes bajo este programa. Dado que Washington está buscando cómo ayudar a los venezolanos y demás ciudadanos que viven bajo dictaduras en las Américas, urge que se reanude, y se extienda, esta política exitosa de Biden.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 13 de agosto de 2024.