Por El 11 de enero de 2024 fue presentado el informe anual de derechos humanos de Human Rights Watch que es una organización prestigiosa de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro que trabaja en más de 90 países de todo el mundo.
En esta primera parte hablaremos sobre violencia y pandillas; y de derechos económicos, sociales y culturales, ya que su contenido es extenso dejaremos para una segunda parte, Independencia Judicial; Corrupción; Acceso al Aborto; Derechos de la Población LGBTIQ+ y principales relaciones con organismos internacionales.
El presidente Bukele y su partido en la Asamblea Legislativa han minado sistemáticamente el sistema democrático. Bukele se inscribió como candidato a las elecciones, a pesar que la Constitución prohíbe la reelección inmediata. En noviembre, la Asamblea le concedió licencia para dejar su cargo en los últimos seis meses y nombró como sustituta a la titular de la Dirección Nacional de Obras Municipales.
Desde marzo de 2022, se encuentra vigente el régimen de excepción que suspendió algunos derechos en respuesta a una escalada de violencia. De acuerdo a registros de organizaciones, las autoridades han cometido violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, malos tratos en prisión y violaciones al debido proceso
Los altos niveles de violencia relacionados con las pandillas que se registraban en el país, los homicidios y la extorsión, han disminuido, sin embargo, la pobreza y la exclusión social, la falta de transparencia, así como la violencia contra las mujeres y las personas LGBTIQ+ siguen vigentes.
En marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción por 30 días que suspendió ciertos derechos. Los legisladores han prorrogado 20 veces la medida y aún continua.
La Asamblea aprobó un paquete de reformas penales que permiten juicios colectivos, disminuyen la edad de imputabilidad penal de 16 a 12 años, y amplían significativamente el uso de la legislación antiterrorista y de la detención provisional.
Las fuerzas de seguridad han detenido a 73.000 personas, incluidos 1.600 menores. Las autoridades informaron que 7.000 personas habían sido puestas en libertad hasta agosto de 2023. Las detenciones subieron la población penitenciaria a una cantidad de 104.000 personas, aproximadamente 30.000 más de la capacidad.
En febrero de 2023, las autoridades comenzaron a enviar a los detenidos a una nueva mega prisión, el “Centro de Confinamiento del Terrorismo” (CECOT) con capacidad para 40.000 personas. Para agosto, en el CECOT había más de 12.000 personas.
Al menos 189 personas han muerto bajo custodia policial durante el régimen de excepción, según informaron organizaciones de derechos humanos. El fiscal General dijo que todas las investigaciones sobre muertes en prisión en el marco del régimen de excepción habían sido archivadas.
En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, la pobreza extendida, con un acceso limitado a necesidades básicas como vivienda, atención sanitaria, educación y alimentación, actúan como barreras para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales
De acuerdo con datos de la CEPAL, entre 2021 y 2022, la pobreza en El Salvador disminuyó un 0,5 % y afectó al 29,8 % de la población. La pobreza extrema aumentó un 0,3 % e impactó al 8,7 % de la población.
En 2022, la escolaridad promedio de la población económicamente activa a nivel nacional fue de 8.8 años; significativamente inferior al promedio de América Latina, de 10,1 años. Además, el 23,5 % de la población de entre 15 y 24 años no estudia ni trabaja
La pobreza y la exclusión social contribuyen a que niños, niñas y adolescentes sean reclutados por pandillas, aumentan los riesgos de violencia intrafamiliar y provocan altos niveles de migración.
Abogada y defensora de derechos humanos