Acuerdos de Paz: Temas económicos, sociales y culturales -Bases para el Plan de Nación

El documento de la Comisión Nacional de Desarrollo titulado Bases para el Plan de Nación es muy claro al afirmar que para lograr la plena democratización del país con una economía abierta que impulse el desarrollo integral, es indispensable sustituir el tradicional esquema de marginación por un sistema de participación, y por eso insiste en que “es indispensable trazar una estrategia que apunte hacia el desarrollo sin marginación socio cultural ni pobreza estructural. Dicha estrategia parte, entonces, insoslayablemente, de un concepto de desarrollo que abarque los diversos componentes políticos, sociales, económicos y culturales, pues en todos ellos tienen raíces tanto la marginación como la pobreza que es su consecuencia”. Este énfasis del documento en la marginación socio cultural se debe a que “deriva en pobreza estructural” que “no puede desactivarse con la misma celeridad con que se toman medidas administrativas, se promulgan leyes o se estructuran programas de acción gubernamental”.

En el documento también se proporciona una definición del concepto de desarrollo, haciendo énfasis en que “no puede reducirse al crecimiento de la economía”, pues si bien “es una condición necesaria”, no es “suficiente para lograr el desarrollo integral de El Salvador”. Por eso concibe el desarrollo “como un proceso participativo que debe incluir de manera armónica factores económicos territoriales, ambientales, políticos, éticos, sociales y culturales”. Añade que “Entendido de esta manera, el desarrollo se nos presenta como un desafío que requiere amplios y complejos esfuerzos y compromisos, especialmente en aquellas áreas cuya transformación signifique cambios cualitativos de gran repercusión a largo plazo y demande entendimientos básicos entre los diversos sectores nacionales”.

Así las cosas, el desarrollo debe:

• Ser “amplio de carácter social, político, cultural y económico”.
• Ser “participativo” con su sostenibilidad se basada en el crecimiento económico vigoroso y equilibrado”.
• Promover “la realización plena de todos los salvadoreños y su bienestar material y anímico”.
• Desplegar “en todos los sectores, la capacidad y el espíritu de excelencia, en el marco de políticas equilibradas en el orden poblacional y en el orden territorial”.
• Trascender “el horizonte del presente vinculado a su efectividad con la salvaguarda de los derechos de las generaciones futuras”.

Además, presenta el “concepto de desarrollo compartido” con:

•  “la democracia en todos sus niveles y áreas: política, socio económica y cultural;”
• “la necesidad de participación plena de la ciudadanía, tanto en el esfuerzo como en el beneficio de la actividad nacional en su conjunto”;
• “la autorrealización personal y colectiva de los salvadoreños y su consiguiente bienestar”;
• “la eficiencia, tanto productiva como funcional”;
• “la permanencia de la visión estratégica del tiempo”;
• “la preservación y el fortalecimiento del patrimonio nacional, tanto histórico como natural”.

Identifica “cinco ámbitos de acción en que lo salvadoreños tenemos que asumir compromisos claros y concretos”. Estos son:

• El ámbito político.
• El ámbito educativo y cultural.
• El ámbito socioeconómico.
• El ámbito de la participación ciudadana.
• El ámbito institucional.

Ahora bien, considera que hay una serie de condiciones necesarias para impulsar este concepto de desarrollo, y destaca las siguientes:

• “fortalecer la seguridad ciudadana, con un sistema judicial efectivo, a fin de que disminuya sustancialmente la amenaza cotidiana de la delincuencia”;
• “garantizar la vigencia del Estado de Derecho, especialmente en lo referente a una plena y efectiva seguridad jurídica, al control legal del poder, al combate contra la corrupción y la impunidad en todos los órdenes y esferas, y la modernización completa de la legislación nacional”;
• “eliminar mecanismos de marginación en el plano legal, laboral, económico, cultural y territorial”;
• “impulsar la competitividad desde la base social, generando oportunidades para todos, ampliando el esquema productivo, desestimulando toda práctica monopólica y generando incentivos para aquellas actividades o modos de producción que contribuyan a la modernización del país”;
• “garantizar buenas y suficientes oportunidades de trabajo y empleo para todos sobre la base de la renovación profunda y completa del sistema educativo, del impulso pleno a la competitividad y la instauración de una nueva cultura productiva”;
• “articular todos los esfuerzos con un compromiso nacional de preservación y recuperación del medio ambiente y salvaguarda de los recursos naturales”;
• “vincular el Plan de Nación con una visión de economía sin fronteras, sobre la base de la integración centroamericana, para insertarse nacional y regionalmente a la dinámica económica mundial”.

Para la realización de los objetivos establecidos, el documento dice que el Estado debe concentrarse en:

• “Contribuir la promoción del desarrollo económico, creando y sosteniendo el marco de regulaciones, disciplinas y supervisiones pertinentes”.
• “Asegurar los derechos individuales y sociales”. 
• “Garantizar la seguridad jurídica y la propiedad”.

Para llevar a buen puerto esta visión integradora de país, hace hincapié en que la necesaria “concertación del esfuerzo de diferentes agentes sociales requiere sólidas bases. Ellas son”:

• “El Ser humano como destinatario natural de los beneficios del desarrollo y principio y fin de toda actividad pública y privada”.
• “La Familia como centro de integración social y formación de valores”.
• “El Trabajo como fuente para la generación de riqueza y realización del ser humano”.
• “La Libertad como condición necesaria para potenciar las fortalezas del ser humano”.
• “La Justicia en aplicación de derechos y en cumplimiento de deberes”.
• “La Seguridad como garantía de la seguridad y de la justicia”.
• “La Solidaridad como valor indispensable para la integración y la paz social”.
• “La Excelencia como elemento perfeccionador del progreso”.
• “La Democracia como método de vida para asegurar el equilibrio político, la estabilidad social y el progreso ordenado y sostenido”.

Igualmente, por razones obvias y más que evidentes, brinda la mayor importancia a la educación y concluye que el “acuerdo nacional debe estar basado en la profundización de la transformación educativa, para asegurar la elevación sustancial del nivel de escolaridad de la población y de la calidad de la educación que se le ofrece…Tenemos que asegurar una inyección masiva de recursos financieros de manera sostenida durante diez o quince años para lograr una elevación apreciable de los niveles de cobertura del sistema y especialmente una transformación profunda en la calidad de la educación. Esto demanda adecuados sistemas de información que permitan hacer balances para orientar oportunamente los esfuerzos”.

El documento también considera que la moralidad pública es indispensable para poder realizar un proyecto de esta naturaleza, y por eso afirma que “la transparencia debe ser el denominador común de la reforma institucional y debe orientarse a evitar la corrupción en todas sus formas”. Añade que en materia de valores se debe construir “una sociedad solidaria, con estabilidad social y económica y cohesionada hacia objetivos comunes de desarrollo que tiene como condición el rescate, fortalecimiento y equilibrio de valores de manera que éstos adquieran plena vigencia en las relaciones interpersonales, así como en la vida y en la misma estructura de la sociedad. Hay que vivir la solidaridad, la libertad, la responsabilidad, la justicia, la seguridad y la honradez. La promoción de valores a través del sistema educativo requiere que los agentes responsables del mismo -principalmente educadores, padres de familia y medios de comunicación- se compenetren del desafío que plantea generar actitudes y hábitos acordes con la vigencia de dichos valores”.

De mismo modo, hace hincapié en la importancia de la participación del sector financiero que “ha venido respondiendo a la demanda de la actividad productiva del país que, por su efecto de las prácticas establecidas en la atmósfera del pasado conflicto, se ha orientado a la inversión de corto plazo. Pero en este momento del país exige nuevas perspectivas y por consiguiente nuevos compromisos. Hay que modernizar, fortalecer y abrir nuestra economía, conforme a las necesidades de una sociedad en búsqueda de desarrollo, y en este empeño el sector financiero debe articularse al proceso para construir una economía integrada”.

Además, señala que el papel de la pequeña y mediana empresa es fundamental, pero considera que ha sido desaprovechado porque ha estado “prácticamente al margen de las oportunidades y responsabilidades que ofrece y exige la economía nacional”, pese a “su relevante peso cuantitativo y cualitativo, sobre todo por su rol como fuente generadora de empleo y de bienes y servicios”.

“Si no pensamos en grande o si seguimos haciendo más de los mismo que hemos estado haciendo hasta ahora”, dice el documento, “no podremos dar un verdadero salto hacia los niveles y modalidades de desarrollo que necesita nuestro país. Por ello, debemos pensar en un esfuerzo que por su enfoque, por su audacia y por su alcance constituya un proyecto de gran envergadura sin precedentes en la historia nacional.”

El propósito fundamental del documento es la integración nacional con una aplicación efectiva y simultánea de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales. En general, dedica mucho tiempo y espacio a la integración regional, y está bien, pero el problema es que algunos la han visto como una manera de lograr un desarrollo que evite ocuparse de los problemas nacionales, lo que los franceses llaman la fuite en avant, que puede traducirse como la huida hacia adelante y que significa evitar confrontar los problemas.

Exembajador de El Salvador y exrepresentante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).  También fue jurado del premio literario Le Prix des Ambassadeurs en París, Francia.