Por Cuando terminó la guerra en El Salvador, la verdad es que nadie imaginó que los grupos delincuenciales crecerían como lo hicieron, pero la realidad nacional permitió que tanto los jóvenes delincuentes deportados de los Estados Unidos como lo que estaban en el país, encontraran una tierra tan fértil para su desarrollo.
En su escrito, Security and Democracy in El Salvador: An Undeniable Connection (Seguridad y democracia en El Salvador: una conexión innegable), Michael Wilkerson recuerda que las dos pandillas más grandes y peligrosas, la Mara Salvatrucha y Calle 18, surgieron de los barrios marginales de Los Ángeles poblados por salvadoreños que habían huido durante la guerra civil y que, cuando los Estados Unidos promulgaron leyes de inmigración más estrictas en 1996, los no ciudadanos condenados por delitos fueron deportados después de cumplir su condena en prisión. Así, un número cada vez mayor de pandilleros salvadoreños fueron devueltos a El Salvador y llevaron consigo la cultura pandillera que habían adquirido, pero además, insiste el autor, los Estados Unidos no proporcionaron información sobre antecedentes penales de las personas deportadas y, por lo tanto, la política migratoria estadounidense llevó a la migración involuntaria de pandillas.
En el estudio del International Crisis Group titulado Mafia of the Poor: Gang Violence and Extortion in Central America (Mafia de los pobres: Violencia de pandillas y extorsión en Centroamérica), se afirma que entre 1993 y 1990 los Estados Unidos deportaron 60,450 personas de Guatemala, Honduras y El Salvador clasificados como criminales. El 35.7 por ciento eran salvadoreños, pero de ellos, el 47.5% eran considerados “criminales” que, hay que decirlo, sin mayor dificultad adaptaron sus métodos y objetivos delincuenciales a la realidad salvadoreña. De esa manera, de acuerdo con una gráfica sobre homicidios, con cifras de InSight Crime y del Banco Mundial, que presenta Diana Roy en una publicación del Council on Foreign Relations, para el año 2000 la tasa de homicidios por 100 mil habitantes fue de 60, 64 en 2006, 71 en 2009, 40 durante la tregua entre maras en 2012 - 2013, 105 en 2015, cuando El Salvador llegó a ser uno de los países más violentos del planeta, con un descenso a 50 en 2018.
Los grupos delincuenciales también llegaron a determinar quién podía y no podía vivir en un determinado lugar, lo que dio lugar a un importante desplazamiento interno de personas. Así, de acuerdo con el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC - International Displacement Monitoring Center), para 2017 había alrededor de 296 mil personas desplazadas a causa de la violencia. En su informe sobre ese año, el Centro de Monitoreo consideró que El Salvador era parte de una ruta transnacional de narcotráfico y otras actividades delictivas y un lugar de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas donde las víctimas de violaciones, secuestros, reclutamiento forzado de menores, intimidación, extorsión y feminicidios había obligado a muchos a huir dentro o fuera de las fronteras del país.
En un estudio conjunto del Joint IDP Profiling Center, dedicado a la caracterización del desplazamiento interno, y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que cubre el período 2006 -2016, se presentan los siguientes resultados:
- El 1.1% de las familias que vivían en El Salvador tenían por lo menos un miembro que había sido obligado a cambiar de residencia entre 2006 y 2016.
- Los más afectados habían sido los adolescentes entre 12 y 17 años y los jóvenes entre 18 y 19 años que vivían en condiciones precarias.
- En 69% de los casos el desplazamiento de debía a amenazas, intimidación o coerción.
- La extorsión había sido la razón en 24% de los casos; la violencia o la inseguridad en las comunidades de origen en el 20%; homicidios en el 11%; y lesiones personales en el 6%.
En relación con el impacto del desplazamiento interno, el estudio concluyó que:
- 70% de las personas afectadas presentó angustia emocional o psicológica.
- 29% de las familias se separaron temporal o permanentemente.
- 28% perdió sus ingresos.
- 22% de los menores se vieron obligados a interrumpir sus estudios.
- 42% abandonaron sus propiedades.
- 84% quería permanecer donde se encontraba después del desplazamiento.
- La gran mayoría buscó ayuda con familiares o amigos.
En relación con personas que abandonaron el país para buscar protección en el extranjero, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para fines de 2014, 10,965 salvadoreños habían sido reconocidos refugiados, principalmente en los Estados Unidos y Canadá (10,006 en ambos países), y 10,037 solicitudes estaban pendientes. Ahora bien, en 2015, de acuerdo con el ACNUR, el número de solicitudes en los Estados Unidos aumentó un 125%, con 8,700 solicitudes. Además, el ACNUR destacó que si bien la mayoría de las solicitudes la habían presentado adultos, a partir de 2011 subió el número de menores no acompañados que llegaron a la frontera sur de los Estados Unidos para solicitar asilo, y que 72% afirmó que había abandonado el país por la violencia social, 63% por las pandillas y 20% por la violencia doméstica.
Las desapariciones forzadas también se convirtieron en una importante violación de los derechos humanos y, entre enero de 2011 y agosto de 2017, la Policía Nacional Civil recibió informes de 12,000 personas desaparecidas, sin incluir los datos de la Fiscalía General de la República y de los servicios forenses. Según expertos, esta práctica permitió a los delincuentes no dejar rastros de los homicidios al enterrarlas. Además, entre 2005 y 2012, los cadáveres de 655 personas reportadas como desaparecidas se encontraron en fosas comunes, y de acuerdo con algunos informes, 90% de las personas desaparecidas posteriormente fueron encontradas sin vida. También hay personas que consideran que si bien los homicidios disminuyeron durante la tregua de 2012 – 2013, aumentaron las desapariciones forzadas.
En 2018, el problema se agravó, pues entre 1º de enero y el 24 de noviembre de ese año la Fiscalía recibió denuncias de 3,221 personas desaparecidas, una cifra mayor a la de homicidios durante el mismo período: 3,020. Esto mostró que las cifras de desapariciones llegaron a superar las de homicidios, y la Policía Nacional Civil encontró 500 cementerios clandestinos con entre 1 y más de 7 cadáveres previamente reportadas como desaparecidas.
La violencia contra mujeres y niñas, que incluyó la trata y la explotación sexual, también se convirtió en una tremenda violación de los derechos humanos. Durante la década del 2000, los feminicidios, es decir, asesinatos de mujeres por su género, aumentaron cinco veces, coincidiendo con la expansión de las maras, pero también, según expertos, por un reflejo de mayor desigualdad de género, lo que convirtió a El Salvador en el país con la más alta tasa de feminicidios entre 2004 y 2011. Tras una disminución entre 2012 y 2014, el número de feminicidios volvió a aumentar drásticamente en 2015 y las mujeres vinculadas con una pandilla eran víctimas de pandillas rivales, y se reportaban abusos, violaciones y asesinatos como parte de los ritos de iniciación en las pandillas o por intento de abandono de la pandilla a la que pertenecían o con la que estaban afiliadas.
Además, las violaciones a los derechos humanos y el clima de inseguridad generalizado obligaron a miles de niños a abandonar la escuela. De acuerdo con el Ministerio de Educación (MINED), para mediados de 2017, 12,000 niños habían desertado las escuelas por la violencia y la inseguridad. Una cifra importante pero bastante menos que la del año anterior: más de 39,000.
En relación con el número de personas miembros de las maras, una estimación de 2015 que menciona Carlos Carach en su artículo Disappeared persons and homicide in El Salvador (Personas desaparecidas y homicidios en El Salvador), da la cifra de 55 mil miembros con unas 470 mil personas afiliadas, entre familiares, amigos, ayudantes, etc., en un país, hay que recordar, de 6 millones de habitantes.
Pero también se debe recordar que esta mutación de la violencia ha sido un negocio sumamente lucrativo, pues, por ejemplo, el artículo titulado los Imperios de la extorsión” están en Honduras y El Salvador que La Prensa de Honduras publicó en julio de 2015, estima que los ingresos de la extorsión superaban los $ 390 millones en El Salvador, $ 200 millones en Honduras y $ 61 millones en Guatemala. Además, en el artículo de Jaime López titulado Buseros pagan $ 3 millones mensuales por extorsiones que publicó El Diario de Hoy en enero de 2014, se dice que los dueños de autobuses pagaban $ 3 millones mensuales por extorsiones, y un estudio de agosto de 2016 del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEP), titulado La extorsión: negocio millonario, se afirma que las pequeñas empresas pagaban a las maras $ 10 millones todos los meses.
Exembajador de El Salvador y exrepresentante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). También fue jurado del premio literario Le Prix des Ambassadeurs en París, Francia.
