Por Al analizar la historia de El Salvador de manera serena, se puede apreciar claramente que las fallas en la aplicación de las disposiciones de los Acuerdos de Paz para construir la paz, junto con las medidas económicas que se empezaron a adoptar desde tres años antes de que terminara la guerra y que iban en sentido contrario a lo que se necesitaba para construir la paz, la corrupción, la impunidad y la llegada de jóvenes violentos deportados de los Estados Unidos fueron dando forma a la mutación de la violencia en El Salvador hasta llegar a los que algunos analistas ha llamado “guerra social”.
El Dr. Fidel Chávez Mena en su artículo ¿Quo Vadis El Salvador? (enero de 2024), recuerda que el “politólogo estadounidense Francis Fuyukama ‘divide al Estado en dos dimensiones: Tamaño y Fortaleza. El tamaño tiene que ver con el nivel de intervención directa que este tiene en la economía. Por ejemplo, si el Estado es propietario de bancos, empresas de electricidad, su tamaño aumenta y si privatiza, su tamaño disminuye. La Fortaleza tiene que ver con la capacidad del Estado de hacer que las leyes se cumplan. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con la seguridad pública, el control de la corrupción y la transparencia judicial. En la época del modelo neoliberal, el objetivo era reducir el Estado en su tamaño, pero aumentar su fortaleza, como es el caso de Nueva Zelanda y Singapur. Sin embargo, si se logró el primer objetivo: Reducir el tamaño del Estado, pero no se incrementó su fortaleza. Por el contrario, el Estado se debilitó y prueba de ello fue el incremento del poder de las pandillas y los enormes niveles de corrupción de los gobiernos de ARENA”. Añade que bajo los dos gobiernos del FMLN “se avanzó en la democratización del país, pero se profundizó la corrupción y se aumentó el poder de las pandillas”.
Esta es una de las paradojas del proceso salvadoreño: un exitoso fin del conflicto con reformas reales, profundas y efectivas que cambiaron el país y la vida de sus ciudadanos, que de manera auténtica encaminaron al país por la senda de la democracia, que hicieron posible que los otrora excluidos de la política se integraran plenamente a la vida cívica, social y política del país, que sentaron las bases reales para la construcción de una democracia occidental, liberal, respetuosa de la ley y de los derechos humanos, pero por otro la incapacidad de continuar el proceso con las medidas económicas y sociales necesarias para consolidar esos éxitos en lo político, e incluso adoptando medidas económicas que iban en detrimento de esos logros, sin olvidar el descuido de establecer un rápido y efectivo control territorial para construir un Estado de derecho fuerte, respetuoso de los derechos humanos y con monopolio de la autoridad y de la fuerza.
El problema es que cuando los logros en lo político no van acompañados de las lógicas y las medidas necesarias en lo económico y social, se llega a un estancamiento y a un desgaste porque la población se desencanta con la democracia, tal como se le presenta y la vive, al no constatar cambios en su calidad de vida, pero si en su entorno con una realidad de creciente inseguridad que amenaza constantemente su vida y que la obliga a cambios profundos de su cotidianidad para poder sobrevivir, aturdida, además, por la interminable cacofonía de discursos que no resuelven nada.
En el caso de El Salvador las reformas neoliberales no solo no cumplieron sus promesas de empleo, crecimiento y desarrollo, sino que debilitaron aún más un Estado ya de por sí débil con mayor exclusión, galopante corrupción, perenne ausencia de justicia independiente e imperecedera impunidad. A esta realidad llegaron jóvenes salvadoreños deportados de los Estados Unidos con una cultura de pandillas y de violencia y, rápidamente organizaron grupos delincuenciales que llegaron a un punto en que podían determinar quién podía y quién no podía vivir en ciertas zonas rurales y urbanas, lo que ocasionó desplazamientos de población, pero también quién podía o no podía seguir con vida. Todo esto demostró un alto de sofisticación y de efectivo control territorial.
En cuanto a la corrupción, pues se sabe que representa un importante obstáculo para el desarrollo económico y social, para construir y mantener la paz, para edificar y consolidar una democracia, y para luchar contra los grupos delictivos. Ahora bien, en su artículo Beyond Neoliberal Public Sector Reform, Frank L. Ohemeng y Francis J. Owusu argumentan que no se puede ignorar la conexión entre las políticas neoliberales y la corrupción, ya que la ha avivado al punto en organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y Transparencia Internacional se han preocupado significativamente por esta realidad. Un problema que les preocupa, por ejemplo, es que una vez privatizados los servicios públicos, los nuevos sistemas de subcontratación y concesión han ofrecido numerosas oportunidades para el soborno y el lucro ilícito. Así las cosas, para los autores, como la corrupción se ha vuelto tan rampante bajo el neoliberalismo, el problema debe plantearse directamente a sus promotores.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), “La corrupción es un fenómeno de ámbito mundial que causa pobreza, obstaculiza el desarrollo y hace huir a la inversión. También debilita los sistemas judiciales y políticos que tendrían que estar al servicio del bien público. No es sorprendente, pues, que, a medida que se menoscaba el imperio de le ley y se hace caso omiso de la voz del pueblo, disminuya la confianza de los ciudadanos en los funcionarios gubernamentales y las instituciones oficiales”. Su impacto es claro, pues “Allí donde está presente”, continúa diciendo, “este azote abarca a funcionarios públicos, hombres de negocios y particulares, que cometen actos ilícitos como la malversación de caudales públicos, el tráfico de influencias, el soborno y el cohecho. Algunos ejemplos escandalosos son los funcionarios públicos que roban miles de millones de dólares de las arcas de sus países y las empresas multinacionales que pagan jugosos sobornos para obtener contratos públicos lucrativos”.
Añade que no debe haber consuelo en pensar que en un país la corrupción puede ser pequeña o limitada porque como declaró Stuart Gilman, jefe de la Dependencia de Lucha contra la Corrupción de UNDOC, “Aunque la pequeña corrupción no llega a ocupar los titulares de los periódicos, cabría afirmar que cuesta más que la corrupción en gran escala. ‘Se comete en céntimos y centavos, en libras y en euros, en billetes de baja denominación, pero ocurre una y otra vez decenas de miles de veces’". Finalmente, en otra publicación, la UNDOC recuerda que la evidencia demuestra que la corrupción perjudica más a los pobres que a otros, frena el crecimiento económico y desvía fondos urgentemente necesarios para la educación, la atención médica y otros servicios públicos, y el Banco Mundial estima que un billón de dólares (trillion en inglés), se desvían por medio de sobornos cada año.
En relación con la impunidad, en su artículo An empirical analysis of worldwide impunity (Un análisis empírico de la impunidad mundial), Francisco Cibari-Nieto y Marcelo A.F.L. Santos, consideran que la impunidad es un fenómeno complejo y multifacético que puede definirse como la ausencia de castigo por violaciones de la ley y delitos, que puede ocurrir a nivel individual, institucional y social y, por tanto, se trata del ejercicio del poder sin rendición de cuentas. Insisten en que se produce cuando los delitos, desde faltas menores hasta graves violaciones de los derechos humanos, no se investigan adecuadamente, los perpetradores no son condenados y las víctimas no reciben reparación y, de esa manera, no solo niega la justicia a las víctimas, sino que también socava la confianza pública en las instituciones estatales y el Estado de derecho fomentando la perpetración de delitos y violaciones de la ley porque todo queda impune.
La impunidad, continúan diciendo, permea las estructuras de muchas sociedades obstaculizando la promoción de la justicia y la igualdad, alimenta la desigualdad, la corrupción y la delincuencia, impidiendo el progreso social y creando un entorno de inseguridad y de injusticia, puede conducir al abuso de poder, la corrupción generalizada y la negación de los derechos fundamentales, y puede perpetuar la injusticia y la desigualdad, ya que quienes ostentan el poder no temen las repercusiones de sus actos. Además, puede ser un indicador de conflicto y violencia en una sociedad, pues dado que en zonas de conflicto la aplicación de la ley puede ser deficiente o inexistente, los delitos graves queden impunes y, de esa manera, se perpetúa el ciclo de violencia porque la falta de justicia puede generar más conflictos. Finalmente, la impunidad en contextos de conflicto también puede impedir la reconciliación y la recuperación posterior a un conflicto, ya que las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden no recibir la debida reparación.
En un terreno sumamente fértil y abonado continuamente, la violencia tuvo una mutación y grupos delincuenciales literalmente se apoderaron de muchas zonas de El Salvador. Allí establecieron su ley e impartieron su justicia, a su manera.
Exembajador de El Salvador y exrepresentante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). También fue jurado del premio literario Le Prix des Ambassadeurs en París, Francia.