Por La realidad del estrecho margen de maniobra que tuvo el FMLN cuando finalmente llegó a la presidencia de la República la resume Alexander Segovia en su estudio El Salvador: el divorcio entre el proceso de paz y el modelo económico: “…una razón explica el poco avance realizado por los gobiernos de izquierda en la construcción de las bases de un nuevo modelo económico. Además de las limitaciones materiales que dichos gobiernos han encontrado debido a la grave crisis fiscal que afecta el país desde hace varios años, la razón principal del poco avance es el ‘blindaje’ del que fue revestido el modelo económico actual a lo largo de las cuatro administraciones de ARENA, mediante la promulgación de leyes, suscripción de tratados, reformas institucionales y reformas económicas. El blindaje imposibilita a cualquier gobierno hacer modificaciones sustanciales en el corto plazo, sobre todo en áreas estratégicas como la comercial, la cambiaria, la financiera y la de inserción internacional. A este blindaje ha contribuido, además, la profundización de la globalización, que obliga a jugar las reglas establecidas por el mercado mundial, y sobre las cuales el país no tiene ninguna capacidad de incidir. Por ello, la única manera de cambiar el actual modelo económico es mediante la construcción de acuerdos nacionales y legislativos que posibiliten la modificación del marco legal e institucional sobre el cual se asienta el modelo y que, a su vez, permitan la movilización de una cantidad suficiente de recursos internos y externos para dedicarlos a financiar una estrategia que combine la eficiencia económica con el desarrollo social y sea compatible con la profundización de la democracia”.
Así las cosas, argumenta también que “en el caso de El Salvador, el proceso de paz ha adolecido de una tremenda contradicción: ha intentado construir una paz firme y duradera en el contexto del funcionamiento de un modelo económico que genera y perpetúa la desigualdad y la exclusión, y carece de mecanismos redistributivos apropiados para asegurar que la riqueza generada se distribuya equitativamente. Dicho de otro modo, en El Salvador se ha querido construir la paz sin remover las causas estructurales que históricamente han generado y alimentado la violencia social. Es esta contradicción la que explica, en parte, la gran paradoja del proceso de paz salvadoreño, consistente en su enorme capacidad de avanzar en una reforma política importante que ha fortalecido el sistema democrático y que logró la inserción exitosa del antiguo ejército guerrillero, y su notable incapacidad de detener el resurgimiento de nuevas formas de violencia social que a estas alturas ya han cobrado más vidas humanas que en la época de la guerra”.
Ciertamente, la violencia tuvo una importante y dramática mutación por no haber aplicado debidamente el contenido y la visión integral de los Acuerdos de Paz y llevarlos a su lógica conclusión: la construcción de un Estado democrático de derecho. A esto se puede agregar la creencia de algunos, no de todos, de que en materia de resolución de conflictos lo político y lo económico pueden tratarse de maneras diferentes y no como un todo, e incluso aplicarse en sentidos claramente opuestos. La experiencia ha demostrado que esta visión no conduce a buenos resultados y El Salvador resulta ser un ejemplo muy diciente. La resolución de un conflicto requiere una clara visión política y económica para cada etapa del proceso que conduce al objetivo de la Paz con letras mayúsculas, ya que de otra manera, pese a importantes avances en lo político, se corre el riesgo de que vuelva se vuelva a la guerra o, como en el caso de El Salvador, que haya una importante mutación de la violencia.
Uno de los objetivos de la resolución de conflictos es desarticular las causas de una guerra interna y eso requiere una visión integral para desmontar el andamiaje de construcción de una guerra que incluye razones políticas, económicas, sociales y culturales. Si el desmonte de ese andamiaje es parcial, entonces o se vuelve al conflicto o se va hacia una mutación de la violencia. Así las cosas, la pregunta para abordar la resolución de ciertos conflictos debería ser ¿Cómo desarticular las causas de la violencia?
Las virtudes, o falta de ellas del llamado neoliberalismo se pueden y deben discutir con serenidad y datos, pero es claro que su efecto no es el mismo en un país desarrollado, o en un país subdesarrollado que no ha tenido una guerra interna, que en un país subdesarrollado apenas saliendo de una dolorosa, destructiva y larga guerra fratricida. Uno de los problemas es que el neoliberalismo se presentó como una gran panacea con una talla única que quedaba bien a todos y en todo momento, sin tener en cuenta la necesidad imperiosa que tiene un país que sale de un conflicto interno de construir rápidamente un Estado de derecho fuerte, respetuoso de los derechos humanos, que establezca su ley y el monopolio de su autoridad en todo el territorio nacional, porque cuando no lo hace otros lo hacen a su manera con impresionante celeridad.
En El Salvador, conviene recordar, la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL), no se ocupó de temas económicos, pues de eso se ocuparon el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y, de acuerdo con expertos, parece que no hubo suficiente coordinación entre ellos porque claramente iban en direcciones opuestas: por un lado se buscaba reintegrar a las poblaciones a sus comunidades y reconstruir el tejido social para fomentar la reconciliación y crear un Estado de derecho fuerte que tuviera control territorial efectivo y monopolio de la autoridad y de la fuerza que hiciera la transición a la economía de la paz, pero por otro se enfatizaba la disminución del Estado y dejar la economía en manos del mercado considerado como lo más eficiente.
El problema, como argumentan Frank L. Ohemeng y Francis J. Owusu en su artículo Beyond Neoliberal Public Sector Reform (Más allá de la reforma liberal del sector público la reducción del sector público), es que en términos generales las políticas neoliberales contribuyeron al debilitamiento del Estado, en particular en materia de prestación de servicios, y disminuyeron la capacidad de desarrollo de políticas y de actividades regulatorias. Así, consideran que la liberalización debilitó al Estado y particularmente a sus instituciones de planificación del desarrollo, pero fortaleció la capacidad de los intereses creados para influir, y por tanto, reducir la autonomía el Estado.
De la manera que se llevaron a cabo las reformas del sector público, continúan diciendo, se crearon varios problemas que exacerbaron las ineficiencias: 1) la retirada del Estado de la prestación de servicios sociales fue perjudicial para muchos países; (2) las reformas ignoraron la evidencia empírica sobre las causas de la ineficiencia como la caída de los salarios reales y la falta de motivación.; (3) la falta de examen y modificación del modo predominante de prestación de servicios públicos significó que los gobiernos siguieron apoyando a instituciones públicas moribundas, especialmente a las empresas estatales y a la burocracia, sin que estas recibieran los rendimientos adecuados; y (4) la excesiva concentración en lo estructural hizo que se priorizara “lograr el precio correcto” y no “lograr que las instituciones fueran correctas”.
En el caso particular de El Salvador, en su artículo titulado El Salvador: Contradictions of Neoliberalism and Building Sustainable Peace (El Salvador: Contradicciones del neoliberalismo y de la construcción de la paz), Christine Wade señala que los Acuerdos de Paz no solucionaron las desigualdades socioeconómicas que contribuyeron al embate de la guerra; no hicieron frente al modelo económico neoliberal que ya estaba implementando el gobierno del presidente Alfredo Cristiani. Más bien, continúa diciendo, los detalles de la política económica debían ser resueltos en un nuevo sistema económico, no en los propios Acuerdos de Paz, pero el FMLN, pese a su oposición al modelo neoliberal, aceptó este resultado como el precio que debía pagar por la paz negociada. Concluye afirmando que las consecuencias de no haber abordado los graves problemas socioeconómicos o de no haber evaluado adecuadamente la incompatibilidad del modelo neoliberal con una paz sostenible ha tenido graves consecuencias para la durabilidad de la paz en El Salvador, y termina recordando que la tensión inherente entre la consolidación de la paz y la liberalización económica en el proceso de paz salvadoreño había sido descrita por Álvaro de Soto y Graciana del Castillo con la analogía de un paciente en la mesa de operaciones que lo someten a dos cirugías sin relación entre sí.
En términos de resolución de conflictos y construcción de la paz la contradicción es clara, pero en El Salvador pareciera que no se vio, o no se quiso ver de esa manera y la parte económica se abordó sin tener en cuenta que esa visión podía poner en peligro la sostenibilidad de la paz. Así, Marie-Joëlle Zahar en su excrito Understanding the violence of insiders: Loyalty, custodians of peace, and the sustainability of conflict settlement (Comprender la violencia de los internos: lealtad, custodios de la paz y sostenibilidad de la solución de conflictos), hace hincapié en que los aspectos económicos de la construcción de la paz requieren una estrecha coordinación entre las instituciones económicas y las instituciones políticas y humanitarias, y que idealmente debería ser algo más que coordinación, pues deberían acordarse caminos y objetivos comunes.
Exembajador de El Salvador y exrepresentante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). También fue jurado del premio literario Le Prix des Ambassadeurs en París, Francia.