Por Muchos analistas están de acuerdo en que en El Salvador la reforma agraria llegó demasiado tarde para evitar la guerra; tal vez unos años antes la historia hubiera sido diferente, pero ese es un terreno completamente especulativo. También muchos analistas están de acuerdo en que la reforma agraria, tal como se aplicó en El Salvador, no logró ser un instrumento contrainsurgente efectivo y que, pese a los cambios que hubo en la tenencia de la tierra, no tuvo el impacto deseado en la reducción de la pobreza rural.
En su artículo Agrarian Reform in the Philippines (Reforma agraria en las Filipinas -1976), William H. Overholt hace una diferencia entre reforma de la tierra (land reform) y reforma agraria (agrarian reform). La reforma de la tierra es la transferencia de su propiedad a pequeños agricultores o a labradores que la cultivan, una tarea prodigiosa que por sí sola no garantiza a las sociedades rurales ni subsistencia, ni equidad, ni crecimiento, ni progreso hacia la modernidad. Para sostenerse y lograr esos objetivos, la reforma de la tierra tiene que ir acompañada la reforma agraria, definida como la creación de la infraestructura física e institucional necesaria para que los nuevos propietarios se mantengan a sí mismos. Esa infraestructura incluye riego, transporte, comunicaciones, facilidades crediticias, educación, mercados y acceso a mercados, acceso a fertilizantes y semillas, etc. Pero eso no es todo, porque también considera que, en términos generales, una reforma del agro debe estar acompañada de un programa más amplio de modernización de la economía porque en una economía atrasada, sin crecimiento industrial y con una población creciente, la fragmentación de la tierra, con el tiempo, conducirá a la pobreza, y la pobreza a la subordinación social.
Si se sigue lo expuesto y se adopta como método de análisis, puede decirse que en el caso de El Salvador se hizo, por lo menos en parte, la reforma de la tierra pero que la reforma agraria, de la manera que se explica en el párrafo anterior, quedó interrumpida cuando se reprivatizó la banca y la exportación de del café, el algodón y el azúcar, pues se trataba de reformas que constituían un conjunto para que el proyecto pudiera funcionar y, así, la reforma del agro quedó suelta y sin los apoyos necesarios.
En su estudio de país, El Salvador: Rural Development Study (El Salvador: estudio sobre el desarrollo rural -1998), el Banco Mundial llegó también a la conclusión de que no es posible superar la pobreza rural sólo mediante la redistribución de la tierra. El Banco señala que El Salvador, un país con escasez de tierras, de hecho uno de los más densamente poblados de América Latina con aproximadamente 1,1 hectáreas de tierra cultivable por persona dedicada activamente a la agricultura, no tiene suficiente superficie de tierras agrícolas para distribuir a los pequeños agricultores pobres y a los trabajadores sin tierra y lograr que se conviertan en agricultores viables con una posibilidad razonable de superar la línea de pobreza. El desafío, continúa razonando el Banco, es mejorar la competitividad y las oportunidades de generación de ingresos en las zonas rurales, pues depender principalmente de la redistribución de la tierra para aliviar la pobreza rural no es realista.
Así las cosas, a largo plazo, afirma Velimir Šonje en su escrito State Intervention and Economic Development (Intervención estatal y desarrollo económico), el crecimiento y el desarrollo están determinados por la apertura del país y la velocidad de la reasignación de recursos, que depende de la intensidad de la competencia. Y la competencia, la apertura y la velocidad de reasignación de recursos dependen de la resistencia de los instrumentos del poder estatal a las presiones de coaliciones de intereses cuyo poder de influencia produce principalmente una redistribución del valor agregado existente y no contribuye al crecimiento del valor agregado real. Insiste en que el marco del Estado es necesario para el desarrollo de una economía de mercado, pues es indispensable contar con un marco regulatorio para la exigibilidad de los contratos y para el respeto de las reglas del juego, claras y conocidas de antemano.
Sea como fuere, la política dejó de centrarse en el agro y tomó un carácter más urbano, sin negar que sigue habiendo un problema de pobreza rural, exclusión, baja producción y lo que Wim Pelupessy en su escrito The Limits of Agrarian Reform in El Salvador (Los límites de la reforma agraria en el Salvador), llama el proceso de descampenización, que consiste en que los campesinos abandonan las zonas rurales para instalarse en las ciudades o viajar a otros países, especialmente los Estados Unidos. Así, el impacto en la economía rural ha sido evidente, ya que, por ejemplo, se ha contratado a trabajadores hondureños y nicaragüenses en temporadas de cosecha. Esta es una paradoja, pues la población salvadoreña necesita trabajar, pero se contrata a trabajadores agrícolas de países vecinos. Para algunos, es parte el efecto de las remesas que hace que muchas personas prefieren esperar el giro mensual de sus familiares en el extranjero que ir a trabajar bajo el sol del trópico.
De todos modos, las reformas siguieron y el 1º de enero de 2001 los salvadoreños despertaron en un nuevo siglo y en una nueva realidad económica que prometía cambiar sus vidas, pues ese día el dólar estadounidense se convirtió en moneda de curso legal en el país por medio de la Ley de Integración Monetaria (Decreto N.º 201 de 30 de noviembre de 2000). Y la decisión de dolarizar recuerda Željko Bógetic en su artículo Official Dollarization: Current Experiences and Issues (Dolarización oficial: experiencias y problemas actuales), fue unilateral y se entendió como un cambio de cartera de moneda nacional a moneda extranjera para cumplir las principales funciones del dinero: depósito de valor, unidad de cuenta y medio de cambio. Generalmente, la dolarización resultaba de condiciones macroeconómicas inestables y era una respuesta de personas que buscaban diversificar sus activos ante un mayor riesgo cambiario interno, pero ese no era el caso de El Salvador.
Lo cierto es que el Colón había sido una moneda estable desde que el entonces recién fundado Banco Central de Reserva (BCR) la emitió por primera vez en 1934. El cambio se fijó en 2.50 colones por dólar estadounidense y así se mantuvo hasta 1986 cuando se devaluó 100 por ciento. Pero en 1986, El Salvador se encontraba en medio de una sangrienta guerra civil, que solo terminaría seis años después, y entre 1987 y 1993 hubo diferentes tasas, pero entonces se fijó en 8.75 y así se mantuvo hasta la dolarización en 2001.
Para algunos, la dolarización era una absoluta necesidad, ya que presentaba grandes ventajas para la economía y el desarrollo del país, y así se le presentó a la ciudadanía. Para ellos tenía sentido por la importante dependencia del país de las remesas enviadas por los salvadoreños en países extranjeros, especialmente desde los Estados Unidos, que en 2001, por ejemplo, llegaron a alrededor de 1,970 millones de dólares, es decir, un 13% del producto interno bruto (PIB), señala Luis Eduardo Rivera Solís en su artículo Dollarization in El Salvador Revisited, algo así como la dolarización en El Salvador reconsiderada.
Algunos añadieron que era el siguiente paso lógico después de las reformas de mediados de la década de 1990 que incluyeron la simplificación de la estructura tributaria, la reprivatización del sistema financiero, la liberalización financiera y comercial, la reforma de las pensiones y la privatización de la distribución de la electricidad y las telecomunicaciones, entre otras.
Para otro grupo, se trataba de una decisión puramente comercial destinada a aprovechar las remesas enviadas por los salvadoreños que viven en el exterior a sus familias en El Salvador, vendiéndoles bienes de consumo en el país para luego devolver los dólares al extranjero eliminando todos los riesgos del tipo de cambio y las siempre presentes fluctuaciones. Así, para las personas que defienden este punto de vista, se trató del bucle perfecto que permitió a los empresarios tener ganancias sin riesgos y, entre otras cosas, también resolver las disputas entre importadores y exportadores a causa de los tipos de cambio.
Con la dolarización, el país perdió el instrumento monetario haciendo que el instrumento fiscal, léase impuestos, cobrara mayor importancia. También perdió el señoreaje, es decir, la ganancia que obtiene el emisor cuando pone moneda en circulación; en otras palabras, la diferencia entre el costo de imprimir un billete o acuñar una moneda y su valor en el momento de entrar en circulación. Panamá, que es otro país dolarizado, obtiene cierto señoreaje porque acuña monedas de Balboa. Ahora bien, hay casos de costo negativo, pues, por ejemplo, en un artículo reciente en The New York Times, Yan Zhuang y Erica L. Green señalan que acuñar un Penny, la moneda de un centavo de los Estados Unidos, cuesta 3.69 centavos, lo que significa una pérdida de 2.69 centavos por cada unidad.
Exembajador de El Salvador y exrepresentante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). También fue jurado del premio literario Le Prix des Ambassadeurs en París, Francia.
