Acuerdos de Paz: Temas económicos, sociales y culturales - La Comisión Nacional de Desarrollo

El análisis del documento Bases para el Plan de Nación de la Comisión Nacional de Desarrollo deja muy claro que su objetivo era limar las fracturas económicas, sociales y culturales que han marcado la historia de El Salvador que se fueron creando un complejo andamiaje de construcción de violencia y de guerra. Así, el documento afirma que la “eliminación de las condiciones de marginación y exclusión social, es política y económicamente indispensable para la paz y el progreso del país”, ya que “la conflictividad social” que generan “atenta contra la estabilidad política e impide el pleno aprovechamiento de las capacidades y las potencialidades productivas de los distintos sectores del país”.

La violencia en El Salvador se puede analizar como algo episódico que ha surgido en momentos inconexos de su historia, o como una constante en que intensos episodios como la rebelión de los nonualcos en 1833, el levantamiento campesino de 1932 y la guerra de 1980 a 1992 son manifestaciones más graves y tormentosas de una realidad continua y permanente. Si se adopta este método de análisis, entonces se explica por qué el país siempre tuvo altos índices de violencia, pues, por ejemplo, como recuerda Nazih  Richani en el estudio titulado Systems of Violence and their Political Economy in Post-Conflict Situations (Sistemas de violencia y su economía política en situaciones de posconflicto), que el Banco Mundial publicó en 2007, durante el período 1960 -1974 la tasa de homicidios osciló entre 23.6 y 32.0 por 100 mil habitantes, lo que da un promedio de 28.9 homicidios por 100 mil habitantes, muy por encima de los 10 o más homicidios por 100 mil habitantes que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como violencia endémica.

Así las cosas, el documento Bases para un Plan de Nación no solo pone énfasis en la integración nacional como medida fundamental para desarticular las causas de la violencia y enrumbar el país por la senda del desarrollo, sino que permite apreciar más claramente la visión integral y estratégica de los negociadores de los Acuerdos de Paz, pues:

• Se trata de un proceso que tiene varias etapas, empezando por poner fin al conflicto armado para a partir de allí emprender las tareas de construcción de la paz, es decir, un “proceso de transición que tiene como punto de partida el Acuerdo de Paz y como meta histórica la plena democratización del país”.
• En ese proceso, “la transición salvadoreña comenzó con los aspectos fundamentales de los acuerdos de paz”, cuyos aportes “están íntimamente relacionados con la estructura y el funcionamiento del poder político en el país”, y por eso se “hizo una reforma militar profunda y se creó una nueva y moderna estructura policial de carácter civil, se apuntaló la vigilancia institucional sobre el respeto a los derechos humanos y se hicieron las primeras remodelaciones para una administración de justicia efectiva y confiable”, ya que todas “estas transformaciones están referidas a la relación entre el poder y la ley”.
• Los Acuerdos de Paz de 16 de enero de 1992 se ocupan de las razones políticas del conflicto, pero quedaron pendientes los asuntos económicos, sociales y culturales, es decir, la segunda parte de los Acuerdos de Paz en que se debía deshacer el “nudo gordiano” que se manifiesta como “la pobreza estructural”, pues “dicha pobreza, aunque se vuelve causa de otros múltiples efectos políticos, socio económicos y culturales, se asiente en una realidad aún más profunda: la marginación socio cultural”.
• Los Acuerdos de Paz de 16 de enero de 1992 desataron “los primeros hilos de dicho nudo al hacer una importante cirugía del poder político nacional, permitiendo así el establecimiento de un nuevo escenario para el despliegue de la democracia en el país”, pero quedaba pendiente “desactivar a fondo los mecanismos de marginación, en función de crear las condiciones reales y efectivas para erradicar la pobreza estructural en el seno de nuestra sociedad, y abrir así las compuertas para que fluya naturalmente la energía del país hacia el desarrollo”.
• Es fundamental llegar a un Acuerdo Nacional “que sea la base para la formulación de planes y programas de mediano y largo plazo; al mismo tiempo que posibilite elevar el nivel de compromiso y participación ciudadana”.

Los Acuerdos de Paz de 16 de enero de 1992 se concentraron en poner fin al conflicto y en limar la fractura política que había causado marginación y exclusión, y esto se logró porque los otrora excluidos se incorporaron plenamente a la vida civil, política y social del país. Como quedó pendiente hacer lo mismo con las fracturas económica, social y cultural, en los Acuerdos de Paz se establece que una segunda parte era necesaria porque mientras esas fracturas no fueran limadas seguirían causando marginación, exclusión y violencia e impedirían la democratización y el desarrollo económico y social del país.

El documento Bases para el Plan de Nación es muy claro sobre los objetivos que se fija, pero hace hincapié tanto en los ámbitos económicos y sociales como culturales para sacar al país de la destructora violencia y del marasmo del subdesarrollo y llevarlo a la democracia y el desarrollo. Así en el documento se presenta una visión muy clara de lo que el país necesita:

• “Una sociedad sin marginación, para erradicar efectivamente la pobreza”.
• “Una sociedad participativa, con autoestima e identidad cultural basada en el sentimiento de pertenencia”.
• “Una sociedad segura, fundada en el Estado de Derecho y con un sistema judicial efectivo”.
• “Una sociedad con una economía integradora y competitiva, con más y mejores oportunidades de trabajo”.
• “Una sociedad sin fronteras, que permita la efectiva inserción del país en el mundo”.
• “Una sociedad comprometida con la gestión racional del medio ambiente”.
• “Una sociedad con firmes estructuras familiares, interactuando a partir de valores fundamentales para la convivencia social pacífica”.

El documento también señala que en el proceso de su elaboración “se ha escuchado y analizado lo que han planteado diversos sectores económicos, políticos y sociales del país” y, así, constituye “una visión que todos podemos compartir en relación con el futuro de nuestro país”. Además, recuerda que busca “inspirar y mover al país en torno a un proyecto común de desarrollo integral”.

Por tanto, continúa diciendo, “constituye un instrumento para buscar entendimientos y acuerdos entre los sectores políticos y económicos que tienen mayor responsabilidad de decisión”. También, de manera complementaria “tiene como propósito facilitar una consulta amplia en la que se manifieste la conciencia nacional, el dinamismo participativo y la voluntad de compromiso social, imprescindibles para lograr el desarrollo integral de El Salvador”, e insiste en que para “su desarrollo será necesario que todos asumamos algunos compromisos, incluyendo, de manera especial, a los sectores que tienen mayor capacidad de decisión”.

Sobre los destinatarios, el documento dice que la “propuesta está destinada a los salvadoreños y las salvadoreñas de todos los sectores de la sociedad. Los que ya están integrados y disfrutan de una buena posición socioeconómica necesitan estabilidad e incentivos. Los que están marginados o hundidos en la pobreza necesitan, ante todo, oportunidades reales, dinamismos estructurales y mecanismos prácticos para su integración al proceso nacional”.

En resumen, plantea un cambio de enfoque porque “los conceptos y métodos en que se ha enfrentado el tema de la pobreza en el país, son insuficientes y por consiguiente, insatisfactorios”, pues “Ni la ilusión del rebalse económico ni la rigidez del intervencionismo estatista son vías de solución a este problema”, porque la “pobreza hay que enfrentarla a partir de un enfoque realista de sus raíces…y solo puede volverse funcional si todos los sectores del país se comprometen a hacerlo viable”.

Y sobre sus aspiraciones: construir “un país moderno en el que todos los habitantes tengan cubiertas sus necesidades básicas; en el que se multipliquen y aseguren las opciones de presente y de futuro para nuestros hijos. Queremos un país en el que se desate y aproveche toda la energía individual y colectiva de la población; un país en el que todos nos sintamos seguros y contribuyamos decididamente a crear una nueva cultura de responsabilidad, productividad, solidaridad, tolerancia, humanismo y respeto a las leyes. Queremos también un país limpio y verde; un país abierto, sin fronteras y decidido a impulsar la integración centroamericana. Queremos, en resumidas cuentas, un país del que todos podamos sentimos orgullosos”.

Exembajador de El Salvador y exrepresentante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).  También fue jurado del premio literario Le Prix des Ambassadeurs en París, Francia.