Por El funcionamiento del Foro fue complicado. Parece ser que una vez terminada la presión de la parte armada de la guerra las nociones de urgencia, prioridad e importancia retomaron el significado que habían tenido antes del conflicto. En la práctica, al Foro nunca se le reconoció el carácter estratégico de otros mecanismos como COPAZ, ONUSAL, la Comisión de la Verdad y la Comisión Ad Hoc, ni se consideró que sus decisiones podrían ser vinculantes.
Además, algunos sus miembros no entendieron, o no quisieron entender plenamente su importancia: llegar a acuerdos para los problemas económicos y sociales que afectaban al país, es decir, la visión amplia con el diseño de un nuevo entendimiento, no la discusión de temas cotidianos. Las partes confundieron el corto y el largo plazo, concentrándose en la táctica de temas inmediatos en vez de concentrarse en la visón estratégica del mediano y largo plazo. Pero eso no fue todo, pues según el decir de personas que conocieron de cerca la experiencia del Foro, el comportamiento de algunos de sus miembros dejó mucho que desear, pues se concentraron en la distribución del poder, politizar los temas y provocar disputas, lo que dejó en evidencia la falta de una cultura de democracia y la ausencia categórica de un sentido de construcción de nación.
Durante este período la comunidad internacional siguió participando con interés y ejerciendo presión, pero los esfuerzos de ONUSAL, de los Amigos del secretario general de las Naciones Unidas e incluso de los Estados Unidos, no tuvieron los mismos resultados que durante el proceso que condujo a la firma de los Acuerdos de Paz de 1992. Algunos miembros del gobierno y del sector privado consideraron que todo este énfasis en asuntos económicos y sociales era claramente contrario a la agenda económica que se estaba poniendo en marcha en el país, y los trabajadores enfatizaron salarios y movilización.
Así las cosas, para Dinorah Azpuru en su escrito Paz y Democracia en El Salvador y Guatemala: Un balance comparativo, “de todos estos mecanismos o actores formales establecidos en la negociación, y son parte de la visión global para impulsar el proceso de implementación, el que observó una clara simetría desfavorable en relación al perfil de elemento estratégico que otros asumieron fue el Foro de Concertación Económica y Social. Por un lado se auto-excluyó una de ‘las partes’, con lo que su dinámica no se amarró a la simultaneidad y condicionalidad de la implementación general, y se dejó su agenda a la voluntad de ‘terceros’ con escasa integración al proceso global y sin capacidad de inducir u operativizar calendarizaciones en el marco de la simultaneidad. Por otro lado, si bien los temores y problemas a abordar en este espacio eran cuestiones claves que podían abonar mayor integridad al cuerpo de compromisos de la implementación, así como contribuir a la estabilidad política del proceso; este mecanismo no fue dotado de la capacidad para que el resultado de su trabajo adquiriera un carácter vinculante en la implementación”.
En tal estado de cosas, continúa diciendo Dinorah Azpuru, lo que había sido “una novedosa modalidad para insertar a algunos actores sociales a la discusión de la nueva etapa política…se agotó antes de que pudiera producir resultados y las instancias que le siguieron, como el Consejo Superior del Trabajo, no lograron obtener relevancia ni convertirse en mecanismo efectivo de diálogo y concertación”. Además, si bien se “ampliaron las posibilidades de expresión de los movimientos simplemente por el nuevo contexto de paz”, como los Acuerdos “no involucraron a la sociedad civil esto provocó que las dinámicas asumidas por los movimientos y los actores sociales tuvieran rumbos y ritmos no siempre congruentes”.
En el informe que el secretario general de las Naciones Unidas presentó al Consejo de Seguridad el 24 de marzo de 1995, recuerda algunos logros del Foro en materia laboral: “Durante sus 14 meses de existencia, el Foro de Concertación Económica y Social se concentró básicamente en cuestiones relativas a los derechos laborales. Entre sus principales logros se cuentan la aprobación de 14 convenios de la Organización Internacional del Trabajo y la reforma del Código de Trabajo. Como ya informé al Consejo de Seguridad, en diciembre de 1993 las sesiones del Foro se interrumpieron cuando el sector empresarial declaró que suspendería sus actividades durante la campaña electoral de marzo de 1994”. En todo caso, es importante recordar que la ratificación de estos convenios sirvió de base para la reforma del Código de Trabajo en 1995 y para las enmiendas de los artículos 47 y 48 de la Constitución relativos a la contratación colectiva en el sector privado.
En el mismo informe, el secretario general dice que el “21 de abril de 1994 entraron en vigor las reformas del código de trabajo, incluida la creación del Consejo Superior del Trabajo. Desde entonces, el sector empresarial ha alegado que el Consejo es una institución legal y permanente que sustituye al Foro, entidad provisional creada en virtud de los acuerdos de paz. Varios sindicatos siguen insistiendo en la reinstitución del Foro y el FMLN incluyó el asunto entre los acuerdos pendientes que figuran en el calendario de 19 de mayo. En diciembre de 1994 se publicó el reglamento interno del Consejo Superior del Trabajo, y éste se inauguró el 6 de marzo de 1995, casi 9 meses después de su creación. La representación del sector empresarial es similar a la que tenía en el Foro, y el sector laboral está representado por sindicatos de las dos partes en el debate sobre la reinstitución del Foro. No obstante, la exclusión de algunos ministerios gubernamentales que antes estaban representados en el Foro sugieren que, probablemente, el programa del Consejo será mucho más limitado que el del Foro”.
La tarea del Foro era fundamental y estratégica para la construcción de la paz porque debía abordar los temas fundamentales de la exclusión económica, social y cultural que han sido fuente de violencia desde los primeros días de la república. No pudieron, o no quisieron, diseñar un plan nacional con una visión estratégica clara del mediano y largo plazo que era necesaria para encaminar al país por la senda del desarrollo integral al limar las fracturas económica, social y cultural productoras de violencia que todavía eran parte del andamiaje de construcción de violencia y de guerra.
Sea como fuere, el esfuerzo continuó y tres años después del Foro de Concertación Económica y Social, en 1997, se creó la Comisión Nacional de Desarrollo (CND); una continuación lógica del proceso de construcción de la paz, democratización y desarticulación de la violencia que pusieron en marcha los Acuerdos de Paz de 1992. La integraron los doctores Sandra de Barraza, Roberto Rubio, Francisco R.R. de Sola, Salvador Samayoa, David Escobar Galindo y Abelardo Torres.
El 16 de enero de 1998, día de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, la Comisión Nacional de Desarrollo presentó el documento titulado Bases para el Plan de Nación en que propone sustituir el sistema económico y social basado en la exclusión por un sistema basado en la participación, con entendimientos de largo plazo en un marco de seguridad jurídica con pleno respeto del principio de libertad, tanto política como económica. Así, considera que el “nudo gordiano es la pobreza estructural,” que “aunque se vuelve causa de otros múltiples efectos políticos, socio económicos y culturales, se asienta en una realidad aún más profunda: la marginación socio cultural”. Así las cosas, hace hincapié en que la “lógica de esta etapa histórica de la transición hacia la plena democracia demanda al país entero erradicar la pobreza estructural sustituyendo el esquema de marginación por otro de participación”.
El documento Bases para el Plan de Nación demuestra palmariamente la relación entre las dos partes del proceso que comenzó con los Acuerdos de Paz de 16 enero de 1992, pero se concentra en la segunda parte para limar las fracturas económica, social y cultural que seguían causando marginación y exclusión. Su objetivo era la integración nacional y la democratización del país, y esto queda claro en cuando afirma que “el Acuerdo de Paz desató los primeros hilos de dicho nudo al hacer una importante cirugía del poder político nacional. Permitiendo así el establecimiento de un nuevo escenario para el despliegue de la democracia en el país”, pero, continúa diciendo, “falta desactivar a fondo los mecanismos de marginación, en función de crear las condiciones reales y efectivas para erradicar la pobreza estructural en el seno de nuestra sociedad, y abrir así las compuertas para que fluya naturalmente la energía del país hacia el desarrollo”.
En resumen, la construcción de un país democrático con un sistema político, económico y social incluyente y participativo verdaderamente basado en el derecho.
Exembajador de El Salvador y exrepresentante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). También fue jurado del premio literario Le Prix des Ambassadeurs en París, Francia.