Acuerdos de Paz: Temas económicos, sociales y culturales -Foro de Concertación Económica y Social

De manera muy esquemática, la parte económica, social y cultural de los Acuerdos de Paz puede dividirse en dos:

las medidas económicas de fin de la guerra con una intervención de carácter urgente para dar respuesta a la grave situación de personas hondamente afectadas por el conflicto, incorporarlos a una vida productiva para ir rehaciendo el tejido social a nivel de las comunidades; y
la negociación de una segunda parte de los Acuerdos de Paz para abordar los temas económicos, sociales y culturales en el mediano y largo plazo.

A las medidas económicas de fin de la guerra se les dio forma en el Plan de Reconstrucción Nacional (PRN) que se puso en marcha y ayudó a muchas personas, pese a que no se llevó hasta su lógica conclusión y a que muchos beneficiarios abandonaron los proyectos porque se dejó de darles el seguimiento necesario. Para la segunda parte, los propios Acuerdos de Paz crearon el Foro de Concertación Económica y Social, pero entre una etapa y la otra debía haber una sólida transición.

Sobre el objetivo del Foro de Concertación Económica y Social, en el Acuerdo de Chapultepec se establece que:

“Se creará un Foro con la participación igualitaria de los sectores gubernamental, laboral y empresarial, con el objeto de lograr un conjunto de amplios acuerdos tendientes al desarrollo económico y social del país, en beneficio de todos sus habitantes”.
“La Concertación será un esfuerzo sostenido, por fases, teniendo en cuenta que se trata de lograr acuerdos a ser aplicados de inmediato para lograr la estabilización, otros para atacar los problemas económicos y sociales que se habrán de derivar de la finalización del conflicto y otros propios de la reconstrucción”.
“Entre otros aspectos, el Gobierno propondrá al Foro de Concertación Económica y Social la revisión del marco legal en materia laboral para promover y mantener un clima de armonía en las relaciones de trabajo, sin detrimento de los sectores desempleados y del público en general”.
“También propondrá el análisis de la situación de las comunidades marginales urbanas y suburbanas con miras a proponer soluciones a los problemas derivados del conflicto armado de los últimos años. En términos generales, el Foro será el mecanismo para concertar medidas que alivien el costo social del programa de ajuste estructural”.

En relación con la composición del Foro, el Acuerdo de Chapultepec estipula que el “GOES [gobierno de El Salvador] tendrá representación de alto nivel, con capacidad de tomar decisiones en lo económico y social”, y sobre su funcionamiento establece que se convocará a las organizaciones de los sectores laboral y empresarial “que revelen la mayor representatividad”, pero añade que “podrá abrirse a la participación de otros sectores sociales y políticos en calidad de observadores, en las condiciones que el mismo Foro determinará”.

Además, deja claro que sus decisiones debían tomarse por consenso para “garantizar la efectividad de los acuerdos”, que el gobierno debía “emitir, modificar o derogar, los decretos o normas de su competencia y a presentar iniciativas pertinentes a los otros Órganos de Estado, y que su Secretaría debía ser designada por el mismo Foro para que le brindara “apoyo técnico” y asegurara “la continuidad de sus labores”.

La vida del Foro fue corta, pues concluyó justo antes de las elecciones de 1994; las primeras en las que el FMLN participó como partido político legal. La existencia del Foro fue aún más corta si se recuerda que su inicio se había atrasado hasta mayo de 1992, dos meses después de la fecha establecida por los Acuerdos de Paz, y que su participación fue incompleta porque inicialmente el sector privado no participó.

Pese a todo, cuando los miembros finalmente se sentaron a discutir hubo cierto optimismo, pero esto no duró mucho porque los objetivos de las tres partes eran muy dispares y no había mayor voluntad de identificar puntos de encuentro. Esto se aprecia mejor cuando se analiza la estrategia de cada parte, a saber, el sector laboral, el sector empresarial y el gobierno. En el estudio de Alfonso Goitia y Víctor Aguilar titulado Evaluación sobre el trabajo del Foro para la Concertación Económica y Social, Documento de Trabajo # 20 que la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) publicó en julio de 1993, se argumenta que:

El sector laboral se centró en:

Fortalecer la unidad del movimiento laboral, en particular de la Intergremial.
Propiciar la entrada del sector privado vinculado a la ANEP.
Incluir en la agenda del Foro “los componentes de la agenda de la intergremial”.
Responder “en el plano reivindicativo a la situación económica por la que [atravesaban] los sectores laborales y desarrollar acciones de rechazo a las medidas del gobierno, que [dañaban] a los sectores populares”.

Para el sector privado se trataba de:

No incorporarse al Foro mientras no terminaran las tomas de tierras y “se respetara el orden jurídico de la propiedad privada”.
Considerar “el Foro como un compromiso del gobierno y no de la empresa privada para la discusión de los temas económicos”.
“Tratar de minimizar la representatividad de la Intergremial, como interlocutor válido para las negociaciones”.

Por su parte, el gobierno buscaba:

“Tratar de minimizar la importancia del Foro”.
“Retrasar la discusión de componentes importantes de la agenda”, concentrándose en la discusión del reglamento interno.
“Debilitar las posiciones de la intergremial en relación con su capacidad de representatividad del movimiento laboral y minimizar sus acciones reivindicativas”.
Ganar tiempo y crear las condiciones necesarias “para la incorporación del empresariado vinculado a la ANEP”.
Ser “el intermediario entre la intergremial y el empresariado”.

La definición de la naturaleza y objetivos del Foro, los temas de la agenda y las reglas de procedimiento fue intensa y exigió bastante tiempo. De esta manera:

Sobre la naturaleza y objetivos del Foro, el gobierno consideraba que esto había quedado claro en los Acuerdos de Paz e insistía en que en el Foro “no podía discutirse el programa económico de estabilización y ajuste estructural”, pero la intergremial consideraba que “había otros aspectos no comprendidos en los acuerdos que eran de interés nacional y que si estos tocaban la política económica del gobierno [debían] discutirse y llegar a acuerdos”. Al final se acordó que se haría “una interpretación amplia” de este punto y que se podrían proponer otros temas.
En relación con los temas de la agenda, el gobierno “jugaba al mismo tiempo como interlocutor del sector privado vinculado a la ANEP”, y consideraba que solo debían discutirse los cinco temas mencionados en los Acuerdos de Paz y trataba de “verlos desde una concepción muy restringida”. Por su parte, la Intergremial “había elaborado una propuesta de agenda del foro que contenía 10 puntos generales, con sus respectivos temas y subtemas. Este punto entrampó el debate por varias semanas, las propuestas y contrapropuestas eran lo cotidiano en las reuniones. La intergremial llegó…a considerar una propuesta” para “incorporar sus 10 puntos en los 5 de la agenda que señalaba el gobierno, pero era complicado articularlos”. Finalmente, el consenso fue “establecer la agenda de cinco puntos y agregar uno que incorporaba los otros puntos de la intergremial”.
En cuanto a los observadores en el Foro, la intergremial propuso a COPAZ, a ONUSAL y a la Iglesia, pero el gobierno objetó la participación de COPAZ y de ONUSAL. En relación con COPAZ insistió en que sus funciones habían quedado claramente establecidas en los Acuerdos de Paz, y en relación con ONUSAL habló de injerencia externa. Por su parte, la intergremial recordó que en los Acuerdos de Paz se incluye a COPAZ como observador en el Foro y que, por lo tanto, “no se podía rechazar su presencia”. Sobre ONUSAL enfatizó su papel de verificador de los Acuerdos de Paz y recordó que como el Foro era parte de esos Acuerdos “le correspondía entrar en este proceso”. En relación con el argumento de injerencia externa, la intergremial consideró que “había más injerencia por parte del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y otras agencias externas que obligaban al gobierno y este asumía sumisamente las políticas de estabilización y ajuste estructural que se le imponía para la obtención de préstamos”.
Sobre la periodicidad de las reuniones, para el gobierno debía haber una o dos al mes dada su carga de trabajo, pero de acuerdo con los autores del estudio analizado, era también una manera de “restarle importancia al foro”. Por su parte, la intergremial insistía en dos reuniones semanales porque los temas “requerían soluciones rápidas”. Al final acordaron una reunión semanal de cuatro horas.

El Foro era a la vez el espacio para la negociación de la segunda parte de los Acuerdos de Paz y uno de los mecanismos para la puesta en marcha y verificación de las disposiciones de dichos Acuerdos. Los otros mecanismos fueron COPAZ, ONUSAL, la Comisión de la Verdad y la Comisión Ad Hoc. Se trataba, “sin duda”, dice Dinorah Azpuru en su escrito Paz y Democracia en El Salvador y Guatemala: Un balance comparativo, “de mecanismos y actores cuyos objetivos fundamentales se definieron en función de dos grandes líneas, por un lado fortalecer el proceso de democratización y por otro asegurar el desmontaje de la guerra y de las estructuras que la posibilitaban”.

Exembajador de El Salvador y exrepresentante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). También fue jurado del premio literario Le Prix des Ambassadeurs en París, Francia.