Por El informe del Grupo Conjunto presenta un complejo panorama en que se mezclan motivos políticos, fundamentalmente para tratar de descarrilar el proceso de paz, crimen organizado y delincuencia común y apunta a cómo ese submundo del crimen se encontraba en una mutación importante para adaptarse a la nueva realidad del país.
Entre 1992 y 1994, los saboteadores del proceso de paz causaron daño, pero al final fue posible controlarlos. Una vez se hizo público el informe del Grupo Conjunto, los saboteadores entendieron que esta vez posiblemente no sería como en el pasado en que todo quedaba soterrado esperando el olvido y prefirieron dejar de actuar. No siguió la investigación como recomendó el Grupo Conjunto y no hubo juicios, pero pararon los asesinatos y, en general, puede considerarse que el control de los saboteadores es una lección positiva del proceso de paz de El Salvador. Pero ¿qué decir de las otras actividades delincuenciales de algunos de estos grupos?
En relación con los asesinatos con motivación política, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual del año 1994: “Debe mencionarse que a partir de la integración del Grupo Conjunto, disminuyeron drásticamente las denuncias sobre hechos violentos perpetrados por grupos ilegales armados. De hecho, entre julio 1 y septiembre 30 de 1994, de acuerdo con la información recibida por la Comisión, no se registraron violaciones al derecho a la vida, que estuvieran políticamente motivadas; tampoco existen evidencias claras de que dicho tipo de violaciones hayan ocurrido posteriormente en 1994. Esto demuestra claramente como la investigación de hechos tales como los denunciados tiene un efecto disuasivo inmediato que contribuye en forma determinante a generar un clima de paz. Sin embargo, en opinión de la Comisión, es necesario que la labor de investigación y sanción la realicen los organismos institucionales permanentes de El Salvador, ya que dicha tarea por parte de organismos ad hoc sólo cumple un objetivo coyuntural en el marco del proceso de paz”.
El trabajo del Grupo Conjunto fue sin duda fundamental, pero como argumenta Fen Olser Hampson en su escrito Nurturing Peace: Why Peace Settlements Succeed or Fail (Fomentar la paz: por qué los acuerdos de paz tienen éxito o fracasa), para ese momento el proceso de paz de El Salvador se había robustecido ampliamente, pues el conflicto había evolucionado al punto en que ambas partes deseaban la paz, el equilibrio de poder regional era favorable a la paz en Centroamérica y en el resto de América Latina, y a nivel mundial en Europa, los Estados Unidos y los miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El Grupo Conjunto llega a importantes conclusiones y aquí vale retener tres:
- “Más allá de las víctimas directas, las autoridades del país y el Gobierno de la República en particular, se ven afectados de manera severa en su propia legitimidad y su capacidad de cohesionar a la sociedad en la perspectiva de la consolidación de la paz y la reconciliación entre los salvadoreños. El siniestro fenómeno descrito en este informe mina la estabilidad del proceso de paz, y en una cadena sin fin, alimenta actitudes violentistas, genera desconfianza en las instituciones democráticas y desalienta a los sectores productivos”.
- El “esfuerzo para erradicar la intolerancia en el país, una de cuyas facetas es la violencia con fines políticos, es una tarea desgraciadamente aún inconclusa, que espera que la voluntad concertada y firme de todos los sectores de la sociedad para impulsarla de forma permanente”.
- La “persistencia de una situación donde la violencia con fines políticos no es debidamente combatida y erradicada es un factor que afecta sensiblemente el clima de pacificación y reconciliación que tantos sacrificios demandó a todo el pueblo salvadoreño. La tarea de erradicar este fenómeno debe ser asumida por toda la comunidad como un gran tema nacional. En las actuales circunstancias nadie puede salir beneficiado con este tipo de acciones criminales”.
En su informe, el Grupo conjunto hace una serie de recomendaciones, entre ellas:
- Una “situación de la envergadura de la abarcada por su mandato exige una actividad permanente. Asumir y resolver en forma permanente esta problemática no puede estar sujeta a plazos sino a resultados, para lo cual un trabajo sofisticado es urgente y necesario. Ello requiere de los recursos humanos y técnicos adecuados, así como del marco jurídico que dote a los organismos encargados de llevarla delante de todas las facultades procesales y sustanciales aptas para llegar a un resultado consistente. Por su misma naturaleza, una tarea de este tipo necesariamente debe ser llevada adelante por las instituciones nacionales competentes rodeadas del apoyo y control de todos los sectores de la sociedad”.
- “Orgánicamente…juzga necesario que se adopten, dentro del marco del respeto al debido proceso legal y los derechos humanos, las reformas legales necesarias e los efectos de dotar de un procedimiento especial a aquellas causas donde se ventilan hechos delictivos tanto con supuesta motivación política, como vinculados al crimen organizado”.
- “Debe considerarse seriamente la posibilidad de dictar, para un período transitorio, una legislación premial que permita la exención o reducción de la responsabilidad penal, a cambio de importante información debidamente comprobada que aporte elementos sustanciales para la detección y captura de actores materiales y, especialmente, intelectuales de hechos criminales”.
- El Grupo Conjunto “sugiere el nombramiento, conforme a la ley, de Jueces Designados o Específicos para conocer este tipo de causas”.
- Sugiere “el nombramiento, conforme a la ley, de Jueces Designados o Específicos para conocer este tipo de causas”.
- “Definitivamente la nueva Corte Suprema de Justicia proceda a una adecuada depuración del plantel de magistrados y jueces que, de acuerdo a las evaluaciones practicadas por el Consejo Nacional de la Judicatura, se les haya comprobada la comisión de infracciones a la ley, e inconducta funcional, y que no se encuentren a la altura de las relevantes responsabilidades que sus cargos implican”.
- “Las organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales, especialmente aquellas de protección de los derechos humanos, tienen un insustituible rol que asumir en esta nueva etapa…Es innegable el encomiable papel que las organizaciones de defensa de los derechos humanos han realizado durante los durísimos años de violaciones sistemáticas que atravesó el país. Esta tarea debe continuarse y reforzarse, manteniendo su control y vigilancia de las instituciones estatales, pero asumiendo, cuando las condiciones lo permitan, una tarea de concertación y colaboración en las investigaciones y propuestas de solución. La gravedad del tema que motiva este Informe así lo reclama”.
- “Sería altamente positivo para El Salvador que el rechazo a la violencia políticamente motivada sea un tema que goce del consenso de todas las fuerzas políticas, y que estas presenten a la ciudadanía señales claras y definidas al respecto. Papel crucial pueden jugar, en este orden de ideas, los medios masivos de comunicación”.
- “El Gobierno de El Salvador debe realizar dentro del Estado una permanente vigilancia para detectar posibles acciones ilícitas con fines políticos o relacionadas al crimen organizado por parte de sus dependientes”.
- “Los partidos políticos tienen la obligación de deslegitimar pública y permanentemente el recurso a la violencia para desalentar a sus posibles adherentes que aún confían en este tipo de métodos repudiables”.
Para controlar a los saboteadores, dicen los expertos, un mecanismo de apoyo y seguimiento bien estructurado es fundamental. Las medidas que adoptó el gobierno para controlar a los saboteadores funcionaron en el sentido de que pararon los asesinatos, y como eso fue fundamental para la continuación del proceso de paz puede considerarse una lección importante de la experiencia salvadoreña. Ahora bien, no se puede afirmar que se hayan controlado otras actividades del complejo y sofisticado submundo del crimen que menciona el Grupo Conjunto en su informe, ni su contaminación de diferentes sectores de la sociedad e instituciones de gobierno y de Estado.
Las recomendaciones del Grupo Conjunto se engavetaron y, así, se perdió otra oportunidad para superar la impunidad y crear un Estado democrático fuerte, basado en el derecho, con monopolio de la fuerza y de la autoridad, respetuoso de los derechos de sus ciudadanos y garante de esos derechos.
Con el beneficio de la retrospección resulta fácil reflexionar sobre el papel de la impunidad en el desarrollo de ese submundo de delincuencia y violencia, en particular lo que posteriormente se llamaron “maras”. En todo caso, tanto ese submundo de crimen y delincuencia del que habla el Grupo Conjunto, que existía antes de la guerra, como la mutación de la delincuencia y la violencia que ocurrió después de la guerra, no son una consecuencia de los Acuerdos de Paz, pero sí una consecuencia de no haber aplicado debidamente sus disposiciones porque se perdió la oportunidad de crear un Estado de derecho fuerte, respetuoso de las libertades y de los derechos humanos con monopolio de la autoridad y de la fuerza. La historia demuestra de manera clara que cuando la impunidad es práctica permanente no se puede construir un verdadero Estado democrático de derecho, ya que la justicia independiente y efectiva es uno de sus pilares fundamentales.
Exembajador de El Salvador y exrepresentante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). También fue jurado del premio literario Le Prix des Ambassadeurs en París, Francia.